Grave crisis institucional en Italia: Meloni y la magistratura se enfrentan a causa de la inmigración

Hoy el país transalpino observa expectante la celebración de un Consejo de Ministros convocado de urgencia por Meloni, justo en la víspera del segundo aniversario de su llegada al poder: ganó las elecciones el 26 de septiembre del 2022 y el 22 de octubre hizo el traspaso de poder con su antecesor Mario Draghi en el Palacio Chigi.

Desde entonces ha crecido su popularidad entre los italianos: su partido, Hermanos de Italia, se sitúa entre el 29 y el 30% en intención de voto, según la mayoría de las encuestas (en las elecciones generales obtuvo el 26%). Pero la caída de uno de sus pilares de la política inmigratoria supone una sombra en la celebración de su segundo aniversario en el poder.

El modelo Albania, con un centro para detención temporal de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo inaugurado la pasada semana –y con un coste de unos 800 millones de euros en cinco años– ha naufragado por el momento. Pero Meloni no se da por vencida, tras la decisión del Tribunal de Roma que rechazó el pasado viernes la detención de los 12 primeros inmigrantes, procedentes de Egipto y Bangladés, llevados por la corbeta Libra al centro construido por Italia y que está bajo su jurisdicción en la ciudad de Gjader. Por orden del Tribunal de Roma los inmigrantes fueron devueltos a Italia, desembarcando el sábado en Bari, en la región de Apulia, siendo acogidos en el Centro de Solicitantes de Asilo Político (CARA) en Bari-Palese.

Ver frenada su iniciativa, seguida con interés en Europa, supone un duro golpe para Giorgia Meloni, cuya reacción fue furiosa, atacando a la magistratura, por considerar que la izquierda judicial acudió en ayuda de la izquierda parlamentaria. En opinión de la primera ministra, los jueces son culpables de bloquear la política del Gobierno. En caliente, Meloni se preguntó: «¿Cómo se defienden así las fronteras? ¿Cómo se puede gestionar el orden público de esta manera? ¿Dónde están los miles de millones de euros para la acogida de inmigrantes?».

Pero, en verdad, Meloni y sus ministros sabían bien que la posibilidad de que el poder judicial no aceptara la detención de inmigrantes en el centro de Albania era un riesgo real. En efecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró en mayo una lista de 22 países considerados seguros, cuyos inmigrantes llegados a Italia podrían ser calificados como económicos abriendo la puerta a su expulsión.

El Gobierno adoptó esa decisión inmediatamente después de que el Parlamento Europeo, en abril, aprobara el nuevo Pacto por la Migración y el Asilo, que podía amparar la operación en Albania. Pero el Parlamento de Estrasburgo estableció que «la aplicación del reglamento entraría en vigor dos años después, en el 2026».

Esta fecha fue la que tomó como referencia el Tribunal de Justicia Europeo para sentenciar, el 4 de octubre, que un país sólo puede ser definido como seguro si lo es en todas las partes de su territorio y para cada categoría de personas; en consecuencia, eliminó a 15 países de los 22 de la lista italiana, por considerarlos no seguros, entre ellos Egipto, Túnez, Pakistán, Bangladés y Nigeria, territorios de donde procede la mayor parte de los náufragos rescatados en el Mediterráneo. El Tribunal europeo considera que esos países no son «seguros» para minorías vulnerables como opositores políticos o comunidades LGBTQI+.

Meloni ha planteado batalla contra los jueces del Tribunal de Roma, acentuando el conflicto y la polarización muy presente ya en Italia. Convocó un Consejo de Ministros, realizando durísimas declaraciones: «Es difícil trabajar e intentar dar respuestas a esta nación cuando también tienes la oposición de parte de las instituciones. Los italianos me pidieron que detuviera la inmigración ilegal y haré todo lo posible para cumplir mi palabra y detener la trata de personas».

Los medios señalan que, en privado, Meloni tuvo este desahogo: «Han pasado mi vida por el escáner, como no pueden golpearme judicialmente en asuntos personales intentan golpearme sobre decisiones gubernamentales». Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, líder de la Liga, dijo que «los confines son sagrados; no se comprende por qué, según algunos jueces, pueden llegar a Italia perros y cerdos». Estas palabras, despectivas y humillantes para los inmigrantes, le han reportado durísimas críticas.

Especialmente duro con la sentencia del Tribunal de Roma ha sido también el ministro de Justicia, el exmagistrado Carlo Nordio: «No puede ser que el poder judicial defina un Estado más o menos seguro, es una decisión de muy alta política. Tomaremos medidas legislativas». Además, Nordio hizo esta advertencia: «Si el poder judicial se excede en sus poderes al atribuirse prerrogativas que no puede tener, como la de definir un Estado seguro, debe intervenir la política, que expresa la voluntad popular».

En consecuencia, para superar las restricciones de la magistratura a su plan de Albania, el Consejo de Ministros aprobará este lunes un decreto ley urgente para establecer criterios políticos sobre países seguros a los que se pueden repatriar inmigrantes. El decreto ley deberá ser firmado por el jefe del Estado, Sergio Mattarella, disgustado con el actual clima político, según ha trascendido a los medios italianos.

Los partidos de la oposición han pedido la dimisión del ministro de Justicia por sus declaraciones, además de exigir el cierre del centro de Albania por considerarlo ilegal. La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, la mayor fuerza política de la izquierda, califica de «gravísimo el enfrentamiento del Ejecutivo con la magistratura».

El 'Corriere della Sera', primer periódico del país, predice una tormenta política y judicial mucho más fuerte de lo habitual: «Esta vez el conflicto es entre los poderes del Estado. Un tema delicado que presagia un enfrentamiento de sistema». En definitiva, se dan todas las premisas para que esta semana esté llena de polémica y propaganda.

Todos hablarán pensando en sus votantes, porque están muy próximas tres importantes elecciones regionales: el domingo 27 y lunes 28 de octubre en Liguria; los días 17 y 18 de noviembre en Emilia Romagna y Umbría. Las derechas intensificarán su mensaje de que intentan gobernar pero son bloqueadas por las togas rojas del poder judicial. Mientras, la izquierda pregona que el Ejecutivo debe dejar de gritar que hay una conspiración en su contra y que pida excusas por el dinero de los contribuyentes gastado en la construcción del centro de Albania.