El régimen de Nicaragua desmantela los últimos controles sobre su poder

Por primera vez, los expertos han logrado reunir evidencia que muestra que el Ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, una implicación que hasta el momento había negado.

La investigación y toda la información reunida por este Grupo señalan que el presidente Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo «han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario», donde ya no quedan instituciones independientes, ni voces disidentes porque éstas han sido silenciadas tras una persecución que va más allá de las fronteras del país.

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«En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua, y Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población», ha comentado el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.

El golpe de gracia al Estado de derecho se produjo la semana pasada, cuando entró en vigor una reforma constitucional que eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, lo que ha dado lugar a un poder ejecutivo con dominio absoluto, según el análisis del Grupo de Expertos, creado en 2018 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La consecuencia concreta de esa reforma ha sido que los poderes judicial, legislativo y electoral se han convertido en simples «órganos coordinados» por la presidencia, según se explica.

Con testimonios de varios testigos, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El documento expuesto hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra, incluye un anexo con una suerte de organigrama que ilustra la cadena de mando de arriba hacia abajo.

Hasta ahora 452 nicaragüenses han sido arbitrariamente despojados de su nacionalidad, tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas. «Este es un Gobierno en guerra contra su propio pueblo», comentó Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.

Asimismo, los expertos señalaron que algunas de las violaciones que figuran en este último informe siguen los patrones previos de crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos.

En este sentido, el Grupo indicó que ha elaborado una lista de personas que –además de Ortega y Murillo– considera responsables de esas violaciones y crímenes, y que será hecha pública antes de que concluya la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el próximo 4 de abril. Este plazo se ha dado para dar a los implicados oportunidad de responder.

Sobre lo que se puede hacer ante esta situación, el informe indica que la inacción de la comunidad internacional «fortalece al régimen y prolonga el sufrimiento del pueblo nicaragüense», por lo que recomienda que se tomen acciones legales contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

Asimismo, piden que los gobiernos faciliten procedimientos de asilo rápidos y justos, y el reconocimiento de los títulos de los profesionales nicaragüenses exiliados.