El Gobierno de Milei impulsa una ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interior

El anuncio tiene lugar a solo tres días de la movilización que se llevará a cabo lugar en el país por el aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar que tuvo lugar en el país.

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Los ánimos están tensos en Argentina en los días previos a la movilización del 24 de marzo. Y es en ese contexto que Bullrich y Petri dieron a conocer el nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno. En él se establece que las Fuerzas Armadas podrían ser convocadas eventualmente por un Comité de Crisis para realizar distintas tareas en caso de que se detecten «actos terroristas». Cualquier tipo de acción que estas fuerzas llevaran a cabo no sería punible.

El proyecto a presentarse tiene como principal objetivo modificar la Ley de Seguridad Interior vigente actualmente en Argentina, con el fin de otorgar mayor poder a las Fuerzas Armadas.

«Como todos saben, la situación de Rosario es crítica, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico (...) y lo que estamos viendo actualmente es la presencia de actos terroristas», sostuvo Petri al presentar la propuesta, haciendo referencia al alto grado de violencia que se vive en esa ciudad.

«El presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modifiquemos la Ley de Seguridad Interior», explicó el ministro y, a continuación, dijo que «esta ley establece dos supuestos de intervención de la Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior»: el primero brindar «dar ayuda (logística) a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales» y el segundo «a partir de la declaración de estado de sitio, donde claramente no se resuelve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales y las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar».

«Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso organizar a las fuerzas, pero también del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas, entre esta alternativa de mínima intervención y de máxima intervención, estamos modificando la Ley de Seguridad Interior», expresó.

Una de las dudas que surge a partir de la nueva iniciativa del Gobierno tiene que ver con qué se considera «terrorismo» y cuál sería el parámetro para identificarlo. Al respecto, Petri sostuvo que esto «va a depender del Comité de Crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia donde se reclame la participación de las Fuerzas Armadas».

Acerca de las tareas que podrían encomendarse a las Fuerzas Armadas, el ministro enumeró: «Patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos».

A su vez, las Fuerzas Armadas tendrían la «posibilidad de utilizar medios coercitivos», dijo el funcionario, quien sostuvo también que las acciones llevadas a cabo por estas fuerzas «no van a ser punibles» porque «van a ser consideradas en cumplimiento del deber».

De la mano del intento de reforma de la ley de Seguridad Interior, el Gobierno impulsará la aplicación de penas de prisión para quienes organicen protestas. Concretamente, planteó Bullrich: «El aumento de penas -que irán de 4 a 6 años- para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, amenazas, favores sexuales».

Por otro lado, el Gobierno argentino insiste en un concepto que ya había planteado al inicio de su gestión: el de validar la «legítima defensa» y el «cumplimiento del deber». «Cuando un miembro de la Fuerza de Seguridad actúa es en cumplimiento de deber, no solo es legítima defensa, está cumpliendo con el rol que le dio la sociedad al darle un arma, una instrucción y una decisión de tener el monopolio de las armas que el Estado le brinda», dijo la ministra.

Por último, los funcionarios anunciaron que se implementará un sistema de muestra de ADN tanto de las personas condenadas por delitos sexuales como de las imputadas. «A cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, a una cárcel, que comience con una imputación, se le va a hacer una prueba de ADN», anunció Bullrich.