El Gobierno británico anuncia una reforma migratoria radical para «restaurar el orden y el control»

La arquitectura de la reforma, detallada en el documento oficial «Restablecer el orden y el control: una declaración sobre la política del Gobierno en materia de asilo y repatriaciones», plantea un giro sustancial en la política migratoria británica, con medidas como que el reconocimiento de la condición de refugiado pasará a ser esencialmente temporal, con permisos de 30 meses renovables solo si persiste el riesgo en el país de origen, y con la residencia indefinida aplazada hasta transcurridos veinte años, frente a los cinco actuales. Con ello, el ministerio del Interior rompe el vínculo casi automático entre asilo y asentamiento permanente, bajo el argumento de que es necesario «romper el ciclo de dependencia» y desincentivar abusos.

Mahmood acompañó su presentación con datos que el Ejecutivo considera reveladores. En los últimos cuatro años, dijo, más de 400.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido, más de 100.000 viven en alojamientos financiados por el Estado, y más de la mitad de quienes obtuvieron asilo siguen dependiendo de prestaciones ocho años después de haber llegado. «Para el público británico, que paga la factura, el sistema se percibe como fuera de control e injusto», afirmó ante los diputados.

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Ivannia Salazar

El documento plantea un conjunto de medidas dirigidas a transformar tanto la gestión económica del asilo como la logística del sistema. El Gobierno suprimirá la obligación legal de ofrecer apoyo financiero universal y la sustituirá por un modelo discrecional basado en la necesidad real y en la cooperación de los solicitantes con las autoridades. Las ayudas podrán ser retiradas a quienes trabajen sin permiso o incumplan las normas de su alojamiento, mientras que se exigirá una aportación económica a quienes dispongan de ingresos o propiedades. El ministerio del Interior asegura que el nuevo marco permitirá concentrar los recursos en los casos más vulnerables y reducir la carga sobre el erario público.

La reforma contempla asimismo el cierre progresivo del sistema de hoteles contratados de emergencia, que actualmente acoge a decenas de miles de personas, y su reemplazo por centros de mayor capacidad gestionados directamente por el Estado. El Ejecutivo afirma que esta centralización mejorará la supervisión y reducirá los costes de manutención, aunque organizaciones humanitarias han advertido de que podría deteriorar las condiciones de vida y limitar el acceso a servicios básicos.

En el ámbito del control migratorio, el plan endurece la lucha contra el trabajo ilegal y amplía las inspecciones a sectores donde el empleo informal es frecuente, como la hostelería. El bloque dedicado a las expulsiones prioriza la agilización de los retornos de personas cuya solicitud haya sido rechazada y la reanudación de deportaciones a países considerados seguros. Interior admite que el Reino Unido ha mostrado «excesiva cautela» en este terreno y anuncia que los retornos voluntarios recibirán incentivos económicos, mientras que los casos de negativa se resolverán mediante expulsiones forzosas.

El Gobierno introducirá además un mecanismo específico para la deportación de familias cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, incluidas aquellas con hijos menores de edad, aunque la ministra aseguró que los niños y niñas no serán separados de sus progenitores. El documento oficial sostiene que la falta de aplicación de estas órdenes en el pasado ha generado «incentivos» que prolongan estancias irregulares durante años. Según datos de Interior, hay actualmente centenares de familias, alrededor de 700 sólo de nacionalidad albanesa, por ejemplo, viviendo en alojamientos financiados por el Estado pese a tener denegada su protección, una situación que el Ejecutivo considera «insostenible» y contraria a los acuerdos internacionales de retorno vigentes.

También se prevé establecer centros de retorno en terceros países y aplicar restricciones de visado a los Estados que no cooperen en la repatriación de sus ciudadanos, con el argumento de que la falta de colaboración exterior socava la integridad del sistema.

En el ámbito judicial, Mahmood anunció una profunda reforma del sistema de apelaciones. Los solicitantes tendrán una única oportunidad para presentar su caso y una sola vía de recurso. Se creará un nuevo órgano independiente con adjudicadores profesionales, que agilizará los procesos y reducirá la acumulación de expedientes, que en marzo superaban los 51.000. Asimismo, el Gobierno revisará la aplicación de los artículos 8 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida familiar y a la prohibición de tratos degradantes, ya que se «ha expandido su interpretación hasta el absurdo», dijo Mahmood en el Parlamento, aludiendo a casos en los que el Reino Unido no pudo deportar a delincuentes porque las prisiones de sus países de origen «tenían celdas demasiado pequeñas» o no hay suficiente atención a la salud mental.

Además, el Ejecutivo planea modificar la legislación para que los tribunales limiten la ponderación del derecho a la vida familiar frente al interés público en la deportación y acoten el concepto de «familia» a los parientes inmediatos, es decir, padres, madres e hijos. El plan incluye la revisión del uso de tecnologías de reconocimiento facial para verificar la edad de los solicitantes y el endurecimiento de las normas contra reclamaciones reiteradas o infundadas. Asimismo, prevé invalidar solicitudes de protección de ciudadanos que, pese a alegar persecución, hayan viajado de regreso a su país sin obstáculos.

La presentación de Mahmood incluyó una crítica severa al legado del anterior Ejecutivo conservador. Acusó al Gobierno de Rishi Sunak de haber dejado «una herencia deplorable» y calificó de «grotesca» la gestión del plan de deportaciones a Ruanda, que costó más de 700 millones de libras sin que se materializaran traslados forzosos. «No tomaremos lecciones del partido que abandonó la responsabilidad de gobernar», replicó Mahmood a los diputados conservadores.

Las reacciones políticas y sociales han sido intensas. Dentro del propio Partido Laborista, varios diputados expresaron inquietud por el tono y el enfoque del plan, y algunos advirtieron de que el discurso del Gobierno podría «reforzar una cultura de creciente racismo». Organizaciones benéficas como Refugee Action y Refugee Council calificaron el paquete de «racista» y «cruel», afirmando que «viola compromisos internacionales de protección« y «socava la reputación humanitaria» del Reino Unido.

La oposición conservadora criticó las medidas por considerarlas insuficientes. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, describió la reforma como «un pequeño paso en la dirección correcta», aunque reprochó a los laboristas no haber roto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La dirigente elogió, sin embargo, «la energía y la claridad» de Mahmood, reconoció que «ha hecho en tres meses más que su predecesora en un año» y ofreció cooperación parlamentaria, subrayando que su formación está dispuesta a apoyar al Gobierno en los puntos más duros del plan.

El exdirector de la UK Border Force, Tony Smith, dijo por su parte que no es «particularmente optimista» sobre el resultado del plan y recordó que iniciativas anteriores fracasaron por la resistencia de los tribunales y las limitaciones legales, mientras que analistas citados por la prensa local subrayaron que la reforma plantea un dilema de fondo: cómo combinar el control migratorio con el respeto a los derechos fundamentales.

En su discurso, Mahmood insistió en que «el Reino Unido siempre ofrecerá refugio a quienes huyen del peligro», pero advirtió de que la falta de control «alimenta el odio y la división» y pone en riesgo la confianza ciudadana. El sistema, dijo con contundencia, «se siente fuera de control porque lo está», resumiendo así el espíritu de una reforma que busca recuperar autoridad y credibilidad institucional en medio de fuertes críticas. Para sus detractores, sin embargo, el precio podría ser el debilitamiento de los principios que durante décadas han definido la tradición humanitaria del país.

Durante el debate parlamentario, la ministra desmintió las versiones que sugerían que el Gobierno planeaba confiscar pertenencias de los solicitantes de asilo, como joyas, para cubrir los costes de su manutención. La polémica surgió después de que algunos diputados compararan el plan británico con la ley aprobada en Dinamarca en 2016, que permitía requisar bienes de valor a los refugiados. Mahmood negó cualquier paralelismo y fue tajante: «No se están quitando joyas en la frontera ni se hará nunca».