El Gobierno boliviano anuncia 17 detenciones por el intento de golpe de Estado y la oposición pide una investigación

Militares encapuchados y armados, junto a vehículos blindados del ejército ingresaron a oficinas gubernamentales el pasado miércoles 26 de junio, gasificaron y dispararon balines a civiles. La militarización fue encabezada por el excomandante del ejército Juan José Zúñiga y ahora es acusado por un «fallido golpe de Estado».

Zúñiga fue arrestado horas después de ser removido de su cargo y declaró ante medios de comunicación que la instrucción la recibió del presidente boliviano Luis Arce, para presuntamente subir su «popularidad». Aunque autoridades nacionales han negado de forma reiterada aquello.

En ese sentido, el senador del Movimiento al Socialismo William Torrez denunció que el hecho se trata de un «autogolpe» que planificado y ejecutado por el presidente de Bolivia Luis Arce. El diputado de oposición Oscar Balderas, considera también que se debe conformar una comisión especial para investigar el movimiento irregular de los militares en plaza Murillo. Envió una carta para solicitar la averiguación y en las próximas horas se analizará el tema.

Por su parte las autoridades nacionales han asegurado que el presidente Luis Arce evitó el golpe de Estado al no huir, al confrontar a los militares y posesionar a nuevos jefes militares en cuestión de horas. De hecho, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, declaró que hasta la tarde del jueves había 17 personas aprehendidas por el «fallido golpe de Estado».

La autoridad dijo que la acción militar fue planificada desde mayo y era liderado por el general Juan José Zúñiga, seguido por el excomandante de la Armada Juan Arnez, de acuerdo a las primeras investigaciones. Además, buscan a tres militares del servicio pasivo por presuntamente estar implicados.

El Ministerio Público de ese país conformó una comisión para investigar el caso y se conoció en las últimas horas que Zúñiga y Arnez, principales acusados, se acogieron al derecho al silencio y evitaron declarar por la toma militar. Aunque una noche antes, Juan José Zúñiga, al ser consultado por la prensa si se trataba de un «auto golpe», el excomandante respondió dos veces «sí».

El denominado intento de golpe de Estado se registró en un contexto en el que organizaciones sociales, entre ellos gremiales y transportistas, exigen a su gobierno solucionar conflictos como la falta de combustible y de circulación de dólares.

En un comunicado, el secretario de la Organización de Naciones Unidas ONU António Guterres saludó la «salida pacífica» de la crisis del miércoles en Bolivia. Mientras que Volker Turk, el alto comisionado de la ONU, dijo estar «profundamente preocupado» e instó a las autoridades bolivianas llevar una investigación exhaustiva.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos condenó enérgicamente el «intento de golpe de Estado». La resolución detalla que hay una «grave preocupación».

El irregular movimiento militar generó tensión en el país latinoamericano. El sistema financiero reportó que por los hechos ocurridos se retiró de cajeros automáticos 200 millones de bolivianos, lo que representa menos del 1% de liquidez de los bancos.

Las personas también acudieron a cargar combustible, gasolina y diésel. La Agencia de Hidrocarburos informó que hubo una sobredemanda del 10%, por lo que se registraron largas filas en estaciones de servicio.

Aún había tensión en Plaza Murillo la tarde del jueves. Grupos afines al Presidente hacían vigilias y grupos policiales resguardaban la Plaza Murillo.