El giro trumpista de Biden: muro fronterizo y repatriaciones exprés

Esta semana, sin embargo, parecería que es Trump quien está al volante de Estados Unidos. En menos de 24 horas, la Administración Biden ha anunciado la reanudación de vuelos de repatriación de inmigrantes venezolanos sin documentos -un intento de controlar el aluvión de cruces ilegales en la frontera sur- y, sorpresa, la construcción de un nuevo segmento del muro con México.

El Departamento de Seguridad Nacional reveló que se levantará algo más de 30 kilómetros de protección en la frontera de Texas, en el condado de Starr, uno de los puntos calientes de arrestos de inmigrantes.

Biden y sus altos cargos han defendido que tenían las manos atadas, que se trata de una partida presupuestaria aprobada en 2019 que había que utilizar por ley antes del final de este año. «Traté de que rehicieran la partida, de que cambiaran el destino del dinero», dijo sobre los legisladores del Congreso. Tanto él como su secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insisten en que el muro «no es la respuesta» a la presión migratoria.

Pero las excavadoras empezarán a moverse pronto y las explicaciones de Biden son cuestionables. En primer lugar, porque vienen acompañadas de una suspensión de 26 leyes federales -sobre impacto medioambiental, entre otras- para acelerar la construcción de la barrera, que podían haber retrasado en mucho tiempo el proyecto. También porque no se han utilizado otras estrategias legales o legislativas para no utilizar esa partida. «Supone un fracaso profundo», defendió Jonathan Blazer, director de estrategias fronterizas de la Unión Americana de Libertades Civiles. «En lugar de mantener su promesa, la Administración Biden dobla la apuesta en políticas fallidas».

La decisión del presidente de EE.UU. se entiende mejor en el contexto del caos migratorio y fronterizo en la primera potencia mundial. Biden anunció nada más llegar al poder una política migratoria «ordenada y humana» y propuso la regularización de once millones de inmigrantes en situación irregular. Con su Presidencia, se han batido los récords de entradas ilegales. En los dos últimos años fiscales, se ha detenido a más de dos millones de personas en la frontera, números desconocidos hasta ahora.

La presión acecha a Biden por todos lados. El ala izquierdista de su partido y los activistas migratorios condenan cada medida -como el endurecimiento del sistema de petición de asilo que aprobó en mayo- que busca meter en cintura la entrada de indocumentados. En la antesala de la campaña para su reelección, está hundido en las encuestas y con una creciente actitud negativa de los votantes contra la inmigración (el 41%, según una encuesta reciente de Gallup, quiere que entren menos inmigrantes, el número más alto desde 2014).

Los republicanos le acusan de buscar una política de «fronteras abiertas» y amenazan con parar el grifo de ayuda a Ucrania si no endurece su política migratoria. Pero también le atacan desde su propio partido: los líderes de ciudades y estados demócratas donde acaban buena parte de los inmigrantes -por voluntad propia o porque los republicanos de los estados facilitan su traslado- exigen medidas. Ciudades como Nueva York, donde han llegado 120.000 inmigrantes en el último año, o Chicago están saturadas.

La decisión del mes pasado de regularizar de manera temporal a casi medio millón de venezolanos fue por las presiones de esos demócratas, que exigían que se dé a los inmigrantes permiso de trabajo mientras se decide sobre su asilo. Esa medida, como era de esperar, supuso un efecto llamada, a pesar de las advertencias de la Administración Biden de que no se daría papeles a todos aquellos que hubieran entrado en EE.UU. después del 31 de julio: en septiembre se ha batido el registro mensual de cruces de venezolanos en la frontera: cerca de 50.000, según números provisionales a los que tuvo acceso CBS.

El anuncio de la reanudación de vuelos de repatriación a Venezuela es un intento de desalentar a los nacionales de aquel país en crisis humanitaria, política y económica que siguen huyendo a EE.UU. Es imposible saber si tendrá entidad suficiente como para que funcione, ya que la Casa Blanca no da detalles de a cuántos deportados o vuelos afectará. Como tampoco de qué acuerdos o contrapartidas se han negociado con el régimen de Maduro para que acepte ahora los vuelos de repatriación.