Giorgia Meloni relanza el plan Albania y se recrudece el enfrentamiento con la magistratura

En un Consejo de ministros celebrado el 21 de octubre, se aprobaron las nuevas normas sobre la expulsión de inmigrantes, que no tengan derecho de asilo, a los llamados «países seguros». Son 19 en total, en una lista del Gobierno, entre los que están Egipto, Túnez y Bangladés, de los que procede la mayor parte de los náufragos rescatados en el Mediterráneo. Por «países seguros» se entiende aquellos que sus ciudadanos no necesitan especiales medidas de protección, no están en peligro y, por tanto, a esas naciones podrían ser repatriados los inmigrantes irregulares llegados Italia.

Con su decreto ley, el Gobierno Meloni pretendió superar la sentencia del Tribunal de Inmigración de Roma que ordenó el 18 de octubre el retorno inmediato a Italia del primer grupo de inmigrantes enviados al centro de Albania, compuesto inicialmente por 10 ciudadanos de Bangladés y 6 de Egipto. La decisión del Tribunal de Roma se basó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principal tribunal de la UE, que había establecido el 4 de octubre que sólo pueden considerarse seguros aquellos países en los que se reconoce «de manera general y uniforme» el respeto a los derechos humanos y a la seguridad de todas las personas en todo el territorio nacional y para todos. A juicio del Tribunal de inmigración de Roma, no son totalmente seguros Bangladés y Egipto, porque los activistas políticos de la oposición suelen ser perseguidos y existen leyes muy severas contra la comunidad LGBTQ+.

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El enfrentamiento del Gobierno con la magistratura se ha recrudecido en esta semana, cuando el Tribunal de Bolonia pidió a la Corte de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la legitimidad del reciente decreto ley aprobado por el Gobierno Meloni sobre los 19 «países seguros» a los que se pueden repatriar inmigrantes sin derecho de asilo. Para frenar el decreto ley del Gobierno Meloni, los jueces de Bolonia utilizaron el fantasma de Hitler y el nazismo: «Excepto en casos excepcionales -escribieron los jueces de Bolonia- la persecución es siempre ejercida por una mayoría contra algunas minorías, a veces muy pequeñas. Se podría decir, paradójicamente, que Alemania bajo el régimen nazi era un país extremadamente seguro para la gran mayoría de la población alemana: con excepción de judíos, homosexuales, opositores políticos, personas de etnia romaní y otros grupos minoritarios, más de 60 millones de los alemanes se jactaban de un estado de seguridad envidiable«. «Si un país fuera considerado seguro cuando la seguridad está garantizada a la población en general -concluían los jueces de Bolonia-, la noción jurídica de país seguro podría aplicarse a todos los países del mundo. Y, por tanto, sería una noción sin coherencia jurídica».

La alusión de los jueces de Bolonia a Hitler y al régimen nazi causó indignación en Giorgia Meloni, que replicó a los jueces de Bolonia con la acusación de hacer propaganda: «Los argumentos con los que el Tribunal de Bolonia pide que se anule la enésima ley italiana fueron vistos por muchos más como un panfleto propagandístico que como un documento judicial. Si seguimos así, seré yo quien pida que los italianos no puedan desembarcar aquí, porque Italia no es un país seguro, siguiendo este razonamiento«. También el vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, en permanente guerra con los jueces, hizo una durísima critica a los magistrados: «Hay una minoría de jueces que hacen daño a Italia y desmantelan por la noche lo que intentamos hacer durante el día, llegando incluso a evocar a Hitler, la Alemania nazi, el fascismo... Pensad qué falta de escrúpulos. Me parece claro que algunos magistrados hacen política con la bandera roja. Les recomiendo que se quiten la toga, no pueden llevar su ideología comunista ante un tribunal: un juez debe aplicar la ley, no interpretarla», dijo el líder de la Liga.

A la decisión del Gobierno Meloni de relanzar ya el próximo lunes su plan Albania, sin esperar la respuesta de la Corte de Justicia Europea al Tribunal de Bolonia, los magistrados italianos han respondido anunciando una asamblea extraordinaria el próximo lunes en Bolonia. Su objetivo ha sido explicado por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucía, con esta crítica al Gobierno Meloni:«Se trata de dar testimonio del clima de inquietud por esta forma de hacer política, que priva de serenidad al trabajo de los magistrados: no se puede hacer nada que sea tachado a posteriori de magistratura politizada. Haces una medida que no te gusta y te conviertes en 'rojo'. Es inaceptable».

A la espera de que en la próxima semana llegue el patrullero Libra a Albania con un grupo de unos 60 o 70 inmigrantes, en los dos centros construidos por Italia en Shëngjin y en Gjader serán acogidos por casi 300 trabajadores: traductores, médicos, enfermeros, policías, carabinieri y personal de limpieza. El costo previsto de los dos centros de Albania para cinco años es de unos 800 millones de euros, cifra que escandaliza a la oposición, por considerar que debió ser destinada a otras urgencias, como la sanidad.