El futuro de la política agrícola marcará la paz social en Europa

Tanto la Comisión como el Consejo de ministros europeos han tomado buena nota del significado de aquellos desfiles de tractores en prácticamente toda Europa y, en cuestión de semanas, se aprobaron cambios que limaban los aspectos más estridentes de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se habían negociado trabajosamente durante años. La disminución de las superficies que debían dejarse obligatoriamente sin cultivar y la reducción de ciertos requisitos burocráticos para los agricultores aplacaron las protestas, aunque todo el mundo sabe que se trata de una pequeña tregua mientras todos, políticos y agricultores, miran a la campaña electoral.

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Enrique Serbeto | Corresponsal en Bruselas

En toda la UE hay unos trece millones de personas que dependen del campo, ya sean agricultores o trabajadores en el sector agroalimentario que representa apenas el PIB. La PAC fue creada en 1962 como un mecanismo para intentar fijar la población en las zonas rurales y, al mismo tiempo, aumentar la productividad de la agricultura apoyando inversiones en nuevas tecnologías.

Durante este medio siglo ha sido la principal política comunitaria en la que se invertía aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE, lo que representa unos 60.000 millones anuales. El resultado es evidente: poco a poco las grandes explotaciones más industrializadas ocupan el espacio agrícola y los pequeños campesinos que intentan sobrevivir se enfrentan a un creciente numero de obstáculos por parte de la política medioambiental, ya sean directos, como las exigencias sobre la reducción del uso de pesticidas y los requisitos de bienestar animal, o a través de la presión que ejercen sobre sus explotaciones las nuevas instalaciones fotovoltaicas.

En la última legislatura, además, los agricultores se han enfrentado a las distorsiones en el mercado de cereales que ha producido la invasión rusa y la llegada del trigo ucraniano al mercado europeo, siquiera en tránsito, lo que ha arruinado los precios en los países más próximos como Polonia. Y por si fuera poco, las políticas para reducir la inflación que ha distorsionado toda la actividad económica europea han impuesto una cadena de ajustes de precios que el campo, como eslabón primario, no ha podido transferir.

La irrupción en Holanda de un partido que pretende atraer la representación específica de los agricultores ha cambiado muchas cosas. El BBB (Movimiento Campesino Ciudadano) obtuvo un escaño en 2021. En 2023 fue el vencedor de las elecciones regionales en todo el país y ahora mismo forma parte de la coalición que está intentando componer un gobierno. Sea por oportunismo o porque realmente han considerado necesario que la UE asuma estas críticas y frene al menos la velocidad de los cambios hacia la neutralidad climática, el caso es que el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE) ha impulsado en los últimos meses medidas para reducir algunos de estos objetivos o, incluso, ha intentado paralizar ciertas leyes como la de Restauración de la Naturaleza, que obliga a los países a devolver a su estado natural muchas superficies que se han dedicado a la agricultura o la industria durante años.

Esta posición ha causado no poca incomodidad a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha hecho del 'Pacto Verde' el elemento central de su programa pero, a su vez, es la candidata del PPE a repetir mandato. La izquierda siempre ha tenido al ecologismo como un aliado natural, pero en las elecciones anticipadas de noviembre pasado en Holanda la coalición entre socialistas y verdes fue claramente derrotada y, mientras tanto, el partido de los agricultores ha anunciado que después de las elecciones europeas pedirá su incorporación al grupo parlamentario de los populares, para alivio de los que temen que los votos de los agricultores y ganaderos descontentos se vayan directamente a opciones de ultraderecha.

En una superpotencia agrícola como Francia, la candidatura de Europa Ecología Los Verdes que en las anteriores elecciones de 2019 obtuvo diez escaños en el Parlamento Europeo, está ahora según las encuestas tratando de no caer por debajo del 5%, lo que les dejaría fuera del reparto, cuando en los últimos años el líder de las mayores movilizaciones de agricultores, Josep Bové, lideraba esa alianza entre el campo y los ecologistas en Europa.

La propia Von der Leyen quiso dejar claro durante el debate electoral con los demás candidatos que puede haber una entente entre las políticas medioambientales y las agrícolas. «Los agricultores nos dicen claramente que están de acuerdo con la neutralidad de las emisiones, precisamente porque ellos viven de la naturaleza, pero piden menos condicionalidad para recibir ayudas y menos burocracia para gestionar las explotaciones».

En los últimos meses todos los países han emprendido políticas para controlar el buen funcionamiento de los mercados de productos agrícolas, para impedir, por ejemplo, precios por debajo del coste, pero a la propia UE le queda pendiente otro de los asuntos que irrita de forma contundente a los agricultores y que es lo que definen como competencia desleal por parte de los productos agrícolas de países terceros que se producen sin el coste añadido de las políticas medioambientales europeas. Para ello tendrán que vencer la resistencia de los técnicos europeos que sostienen con orgullo que la europea es una economía abierta. En este ambiente, es muy difícil pensar siquiera que se pudiera terminar de ratificar el acuerdo UE-Mercosur que se ha estado negociando durante varias décadas y del que se esperaban beneficios para los exportadores industriales, pero también se teme la competencia agrícola de países como Brasil o Argentina.