Un 62% de los franceses desconfían de la política migratoria europea

Pero eso ha cambiado. Por vez primera, varios sondeos confirman que una mayoría de ciudadanos de este país desean derogar, abandonar o rechazar tal superioridad en el terreno ultrasensible de la inmigración. Según una encuesta publicada por el matutino conservador 'Le Figaro', un 62% de los franceses apoyan la derogación del derecho europeo en cuestiones de política migratoria. Ante ese problema de inmenso calado, un 66% de los encuestados desean reformar la Constitución para rechazar el 'comunitarismo cultural' y otro 72% apoyan la convocatoria de un referéndum nacional sobre inmigración y políticas migratorias, al margen de las políticas europeas en ese terreno.

Solo se trata de sondeos, estimaciones oficiosas. Pero son un reflejo bastante fiel de sensibilidades de fondo. Una parte creciente de la sociedad francesa estima que el derecho europeo y las políticas europeas en materia de inmigración son poco eficaces y amenazantes para la soberanía nacional. Tal proceso histórico, emergente, tiene tres dimensiones: jurídica, nacional y europea.

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Sobre la dimensión jurídica, una mayoría de franceses parecen temer que el derecho internacional / europeo sea una amenaza para la identidad propia por una razón muy simple: a su modo de ver, esa legislación impide combatir algunos de los grandes problemas nacionales.

Dimensión nacional: una mayoría de franceses asocia la inmigración al comunitarismo. No la inmigración ilegal, que es un problema policial. Se temen las consecuencias, actuales, de la inmigración de la primera y segunda generación que han podido favorecer la multiplicación de comunidades (religiosas, culturales, étnicas) que no siempre se entienden entre ellas. A partir de ese convencimiento, la lucha contra el comunitarismo pasa por un lucha nacional contra las derivas de la inmigración. De ahí la hostilidad hacia el derecho europeo.

Y, por último, una dimensión europea. La resistencia y hostilidad larvada de la opinión pública hacia el derecho europeo corre el riesgo de transformarse en un problema diplomático, cuando el mismo conflicto se plantea con crudeza en otros países como Italia, Hungría, Austria o Polonia. Nadie se atreve a denunciar la supremacía del derecho internacional sobre las legislaciones europeas. Pero la hostilidad social francesa puede propagarse.

Según los últimos estudios oficiales del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos), en una Francia de 67,6 millones de habitantes (2021) hay 7 millones de inmigrantes oficialmente reconocidos. Oficiosamente, esa tendencia se habría confirmado durante los últimos dieciséis meses. La cifra real de inmigrantes quizá supere ya el 12% de la población, una proporción ligeramente inferior a las cifras de Alemania, Austria y otros países europeos.

Desde el punto de vista de la Francia profunda, la lucha contra la inmigración ilegal es un fracaso europeo. Los problemas del Gobierno de Emmanuel Macron en las fronteras con Italia y España (Pirineos), confirman el mismo problema, con muchos flecos bilaterales, no solo franceses. Las políticas europeas que pretenden controlar los flujos migratorios no funcionan con eficacia.

Ante la agravación aparente de los problemas, una parte significativa de la clase política de este país se está alejando de la Europa judicial y policial, creyendo que la ruptura con el derecho europeo permitirá combatir con más eficacia la realidad y los fantasmas de la inmigración.

Los Republicanos (LR, derecha tradicional) y Agrupación Nacional (AN, extrema derecha) han convertido el problema y sensibilidad popular en una cuestión política y electoral.

La derecha tradicional espera salir del hoyo, utilizando la defensa del derecho nacional como un tema esencial para su identidad y futuro. LR atraviesan una crisis muy profunda, víctimas de sus divisiones (contra o a favor de Macron) y la 'metralla' de la condena de su antiguo líder, Nicolas Sarkozy, a tres años de cárcel, firme y con remisión de pena. La lucha contra la inmigración es un tema prometedor electoralmente.

Marine Le Pen y su partido, AN, han convertido la defensa de las prioridades e intereses nacionales en un tema de campaña permanente, contra el derecho europeo, contra la tutela de la UE, en defensa del nacionalismo jurídico, policial, económico, etcétera.

Las izquierdas, por su parte, están divididas entre partidarios o adversarios del derecho europeo. La Francia Insumisa (LFI) y el PCF son históricamente hostiles a la construcción política de Europa. El PS está hoy dividido. Los ecologistas de EELV (Europa, Ecología, Los Verdes) oscilan entre la tentación radical y la opción 'centrista': un galimatías insustancial.

Emmanuel Macron, su partido político, Renacimiento, y su Gobierno, por el contrario, continúan sin rechazar la supremacía parcial del derecho europeo sobre el derecho nacional.

Oficialmente, Macron defiende la «soberanía industrial y militar» de Europa. Oficiosamente, en la práctica, los intereses nacionales de Francia y Alemania en terreno capitales (energía, armamentos) defienden posiciones antagónicas. El Gobierno francés desconfía de las políticas española e italiana contra la inmigración. Macron defiende el carácter complementario de los derechos europeo y nacional / francés. Pero desea una adaptación y comprensión de los intereses nacionales.

Ante ese arco iris de sensibilidades políticas, el giro histórico de la opinión pública francesa parece llamado a convertirse en un debate de gran calado que salpicará a toda la UE.