Los fondos Covid o el robo del siglo en Estados Unidos
80.000 millones de dólares destinados a evitar el colapso económico durante la pandemia han acabado sirviendo para comprar mansiones, deportivos o hacer fortunas.
Se concedieron sin control, y la justicia cerca ahora a los defraudadores. Biden ha cambiado la ley para poder perseguirlos 10 años
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Iniciar sesión«Estoy en Dior divirtiéndome con el dinero / me he hecho rico con el EDD». «Tú tienes que vender cocaína / a mí me vale con rellenar solicitudes / los fajos vienen directos al banco». «Joder, esta mierda es mejor que pasar droga / me convertí rápido en ... un defraudador / estaba metido en una celda / ahora me siento a esperar que me llegue un email».
Los versos del rapero Nuke Bizzle son el retrato de una época en EE.UU.: la del fraude a manos llenas con los fondos de ayuda para paliar la pandemia de Covid-19. EDD son las siglas en inglés del Departamento de Fomento Laboral de California, donde vivía Nuke Bizzle. Es el organismo estatal encargado de repartir los subsidios adicionales de desempleo otorgados ante el socavón económico que provocaron las restricciones para frenar al virus.
La estafa era sencilla: suplantar la identidad de otros para solicitar y llevarse un subsidio de 600 dólares semanales
La estafa era sencilla, como lo explicaba el propio rapero en su canción: suplantar la identidad de otros para solicitar y llevarse el subsidio de 600 dólares semanales adicionales que concedió el Gobierno. «Si tienes el nombre y el número / yo tengo la dirección / lo conseguimos», cantaba.
El pillaje fue generalizado y fue mucho más allá del paro. Otros fondos de ayuda, como el Programa para la Protección de Salarios, destinado a pequeñas empresas, o el de Préstamos para el Desastre por Perjuicio Económico, fueron sangrados por los defraudadores.
«Nunca había ocurrido nada así», ha asegurado a la cadena NBC Matthew Schneider, un antiguo fiscal de Michigan que ahora trabaja como abogado. «Es el mayor fraude de nuestro tiempo».
Lluvia de dinero
En marzo y abril de 2020, la economía de EE.UU., como la de buena parte del resto del mundo, se frenó en seco. Las restricciones generalizadas para parar el avance del Covid-19, que ahogaba los hospitales y saturaba las morgues, forzaron el cierre de multitud de negocios y sectores. Con ello, se produjo un socavón en el mercado laboral, con la pérdida de 21 millones de puestos de trabajo en un par de meses. El Gobierno de Donald Trump reaccionó con estímulos de 3,1 billones de dólares. Al año siguiente, con Joe Biden en la Casa Blanca, se sumaron otros 1,9 billones de dólares.
Una pareja abandona a sus tres hijos y se fuga tras estafar millones en ayudas para el Covid-19
Dejaron una nota para los niños de 13, 15 y 16 años en la que decían «volveremos a estar juntos algún día»
El objetivo era evitar el colapso económico, mantener el poder adquisitivo de las familias, reflotar el consumo, mantener negocios abiertos. Regaron con fondos públicos a los estadounidenses: cheques en metálico para salarios menores de 100.000 dólares al año, semanas y semanas de subsidios adicionales para desempleados, préstamos a fondo perdido para pequeñas empresas…
El dinero llegó en abundancia, pero muchas veces no fue a quien lo necesitaba. El desembolso bíblico contra la pandemia se realizó de manera alocada, con sistemas de adjudicación endebles, sin controles estrictos. La economía estaba en coma y la prioridad era que el dinero fluyera. La reactivación económica fue el 'salvaje Oeste'.
El resultado fue un fraude a gran escala. Según una estimación elaborada por el Departamento de Trabajo la pasada primavera, solo en subsidios al desempleo se escaparon 163.000 millones de dólares de los 900.000 millones dedicados a ayudar a los parados.
El pillaje en los fondos para empresas también fue descomunal. La gente se inventaba empresas, mentía sobre su tamaño, exageraba en el número de empleados. Al menos 80.000 millones de dólares -el 10% de los fondos- se fueron a donde no debían. Otros tantos se malgastaron en el programa para paliar el desastre económico en empresas.
El problema es que, para abrir el grifo de dinero con la máxima rapidez, a los solicitantes de ayudas les bastaba con decir que la necesitaban. Apenas había que demostrarlo y no se revisaban de forma exhaustiva las peticiones.
Las agencias estatales pararon los pies a miles de solicitantes, pero muchos se llevaron el dinero. 'Coge el dinero y corre' fue el espíritu de aquellos meses. Y los casos extravagantes de fraude que se han conocido desde entonces demuestran que fue un descontrol.
Una sola persona recibió subsidios de desempleo desde 29 estados diferentes. El mismo número de una gasolinera en Houston (Texas) fue utilizado para pedir préstamos a 150 supuestas pequeñas empresas. En Florida, dos vecinos aseguraron que tenían explotaciones agrícolas con decenas de empleados y cientos de miles de dólares de ingresos al año (todo era un invento, la 'finca' era el patio de su casa) para defraudar 1,5 millones de dólares.
Una pareja de California rellenó peticiones de ayuda económica para 151 empresas: los 7,2 millones que recibieron se los gastaron en una mansión, un Maserati, otros dos coches y una huida en avión privado a Montenegro, donde fueron apresados después de vivir varios meses como la 'jet set' (en su huida, se olvidaron de sus hijos; estos protestaron porque escaparon con el perro, y no con ellos).
Los estadounidenses han asistido en los últimos meses a un aluvión de historias de defraudadores que se gastaban el desfalco en 'lamborghinis', 'ferraris', 'bentleys', joyas, hotelazos, moda de lujo…. Muchas veces, haciendo ostentación de ello en redes sociales. Un hombre de Georgia utilizó 57.000 dólares sacados de un préstamo a una empresa inexistente para comprar una carta de Pokémon.
Era tan fácil conseguir dinero público, que hasta un empleado del servicio público de correos, el U.S. Postal Service, se inventó una empresa para sacar fondos de ayuda y no se esforzó mucho en pensar el nombre: 'U.S. Postal Services'. Le llegó el préstamo.
Punta del iceberg
En aquellas semanas y meses convulsos, incluso se enseñaba el fraude en tutoriales de YouTube o se instruía a otros interesados en saquear las arcas públicas a cambio de un pellizco. Es lo que hicieron Alicia y Andrea Ayers, madre e hija del estado de Nueva York, que solicitaron más de trescientos préstamos para empresas inexistentes.
Ni siquiera había que estar en EE.UU. para captar esos fondos. Buena parte del saqueo a los subsidios de desempleo -hay estimaciones que lo sitúan en la mitad- ocurrió desde el extranjero, con miles de personas que rellenaban peticiones online.
Una investigación de 'ProPublica' mostró que llegaron solicitudes desde direcciones IP de 170 países y que había 'granjas' en China, Brasil o Nigeria con empleados rellenando datos para obtener subsidios.Al rapero Nuke Bizzle -se le ocurrió colgar el videoclip de su canción en YouTube, tiene más de 400.000 visitas- y al resto de los casos citados hasta ahora les han atrapado. Según 'The New York Times', la fiscalía ha impuesto cargos por fraude a los fondos Covid a 1.500 personas, de las cuales algo más de 450 han sido condenadas. Eso solo es la punta del iceberg del saqueo: hay en marcha 39.000 investigaciones, y se sabe que hay miles de casos más que nunca serán investigados.
A por ellos
El nivel del atraco se ve también en el número de llamadas al número de avisos sobre fraude de la Agencia de Pequeñas Empresas (SBA), uno de los organismos que tramitaban los préstamos: tenían unas 800 llamadas al año y en los primeros doce meses de pandemia recibieron 148.000 avisos.
Es probable que muchos se vayan de rositas por falta de tiempo: se tarda mucho menos en robar que en investigar el robo. Este mismo mes, Biden aprobó leyes para ampliar el periodo de prescripción para estos delitos de cinco a diez años.
El presidente, que culpó a su antecesor del caos en la concesión de préstamos y ayudas, se comprometió a perseguir a los acreedores hasta el final: «Mi mensaje a esos tramposos es el siguiente: no os podéis esconder. Os vamos a encontrar».
El problema es que hay demasiados tramposos y solo 500 personas trabajando en los casos. «Estoy seguro de que vamos a tener que usar hasta el último día de esos diez años», aseguró al diario neoyorquino Kevin Chambers, el fiscal jefe para el fraude en pandemia del Departamento de Justicia.
Varios abogados de los acusados han utilizado en los tribunales de EE.UU. un argumento para rebajar las penas de sus clientes, y quizá tienen algo de razón: era demasiado fácil robar.
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