La Fiscalía pide cinco años de cárcel e inhabilitación para la familia Le Pen por «estafa» millonaria al Parlamento Europeo

«Inelegibilidad»: «Condición de inelegible» según el diccionario de la RAE… eventualidad política que amenaza toda la carrera política de Le Pen, muy bien cotizada en los sondeos como posible presidenta de Francia.

La Fiscalía pide la misma pena de inelegibilidad contra Jean-Marie Le Pen y los veinticuatro acusados y miembros de su partido, «completada» con un rosario de multas millonarias y posibles penas de cárcel.

Noticia Relacionada

Los caballos de Troya de Putin en la UE entran en parlamentos y gobiernos

Rosalía Sánchez | Corresponsal en Berlín

Tras las denuncias del Parlamento Europeo hace años, la Fiscalía del Tribunal de París terminó este miércoles el proceso iniciado el mes de septiembre pasado, lanzando una gravísima requisitoria contra los Le Pen, padre e hija, seguidos por once eurodiputados de su partido, doce «asistentes parlamentarios», el tesorero e íntimo de la familia y varios colaboradores.

Con una precisión feroz, la Fiscalía hizo un análisis implacable del mecanismo utilizado por la familia Le Pen para «extorsionar» y «estafar» al Parlamento Europeo el dinero público del presupuesto continental: crear puestos de trabajos ficticios, pagados con salarios de 2.000 a 5.000 euros mensuales, que el Frente Nacional (FN, extrema derecha de origen neonazi), luego transformado en AN, utilizó en beneficio político propio, durante varios años.

Por vez primera en la historia política de Francia, una familia y un partido político corren el riesgo de condenas judiciales de gravedad excepcional, perseguidos judicialmente por el PE, que evalúa la extorsión en 3,5 millones de euros, que los acusados debieran «devolver», llegado el caso.

Tras la petición de la Fiscalía, el Tribunal de París se tomará varias semanas o meses antes de dictar una sentencia definitiva. Se presta a la familia Le Pen una posible táctica de «resistencia judicial»: presentar recursos para intentar evitar el ingreso en prisión y la inelegibilidad.

Desde hace varios años, Marine Le Pen se cotiza en los sondeos como posible futura presidenta de Francia. Su formación es el primer partido en la Asamblea Nacional (AN, primera cámara del Parlamento). La petición de la fiscalía parisina da un frenazo brutal a esa ascensión política excepcional.

Mientras su padre se encuentra hospitalizado, de nuevo, por razones médicas, con un estado de salud muy precario, Marine Le Pen deberá intentar organizar una respuesta judicial y política, harto compleja.

La Fiscalía y los abogados del PE han descrito con mucha precisión, durante varias semanas, los «mecanismos» de la familia Le Pen para extorsionar fondos públicos funcionando como una «banda organizada». El padre utilizaba los fondos europeos para pagarse un guardaespaldas, un «ayuda de cámara» y un «colaborador político». La hija tenía varios asistentes que solo pisaban el PE en raras ocasiones, «consagrados a tareas políticas en las oficinas del partido, en París». El tesorero del partido advirtió, en su día, al padre y la hija, de los «riesgos» que estaban corriendo. Y una docena de eurodiputados, simpatizantes de Vladímir Putin, utilizaban el dinero público con fines políticos personales.

Pálida, tras escuchar la petición de la Fiscalía, Marine Le Pen no se da por vencida, anunciando una batalla larga y dura. El calendario de esa posible batalla se confunde con un calendario político inflamable: riesgos de nueva disolución de la Asamblea Nacional, riesgos de convocatoria de elecciones anticipadas el año que viene, y campaña presidencial con un rosario de rivales a primera sangre política.