La Fiscalía investiga a la presidenta de Perú por genocidio tras las decenas de muertos en las protestas

El delito de genocidio está penado con 20 años de cárcel. En 2009, el juez supremo César San Martín condenó por 25 años al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por los delitos de violación a los derechos humanos y corrupción.

A Fujimori se le condenó como autor mediato de las matanzas extrajudiciales en Barrios Altos y La Cantuta cometidas por el grupo Colina, formado por los servicios de Inteligencia que dirigió el exasesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.

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Por otra parte, el Gobierno dictó el toque de queda durante tres días en Puno, ubicado en la frontera con Bolivia, donde han muerto 17 personas y un policía el pasado lunes 9 de enero. El miércoles en Puno comenzaron los entierros con un masivo acto simbólico en la plaza de Armas donde fueron colocados los 17 féretros junto a sus familias y se pidió la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco afirmó, en declaraciones a ABC, que «el único pedido de la población es la renuncia de Dina Boluarte. Hemos pedido su renuncia, se ha vuelto irreconciliable la situación. Yo no podría permanecer en el cargo mientras mi pueblo se desangra».

Debido a las protestas, Hancco precisó que «no puedo hacer nada en Puno mientras se mantenga el conflicto con el Gobierno de Dina Boluarte».

El gobernador regional de Puno criticó a la vez a la extrema izquierda y a la extrema derecha en el Congreso porque «buscan repartirse el país como si fuera un botín. La extrema izquierda le hace creer a la gente que la única solución es la Asamblea Constituyente y la extrema derecha cambia en paquete los artículos de la Constitución, como si fuera una Asamblea Constituyente de facto».

En opinión de la politóloga Jo Marie Burt, la presidenta Dina Boluarte «no supo construir legitimidad al llegar al poder, el único camino que debió tomar es apurar todo lo posible para que se realicen elecciones y al revés de ello, busco quedarse hasta el 2026 en alianza con el Congreso que tiene una impopularidad bajísima entre los peruanos», argumenta en declaraciones a ABC.

«A falta de legitimidad, el Gobierno de Dina Boluarte sigue reprimiendo a los que protestan, lo que echa gasolina al fuego. El primer ministro Alberto Otárola no reconoce como ciudadanos con derechos a los que protestan y la presidenta Boluarte no se da cuenta que el despliegue de violencia no le asegurará durar en el cargo», explica, al tiempo que recuerda el caso de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que reprimió a los indígenas que protestaban contra su Gobierno.

El Congreso dio el voto de investidura este miércoles al Gabinete que preside el primer ministro, Alberto Otarola, con el apoyo de los partidos de derechas Fuerza Popular (que dirige Keiko Sofía Fujimori); Alianza por el Progreso (que dirige César Acuña); Renovación Popular (que dirige el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga), de Avanza País y Somos Perú.

«No es un momento fácil, ninguna comparecencia después de un golpe de Estado es fácil. Pero venimos fortalecidos por la firmeza de las instituciones constitucionalmente autónomas y, en especial, del Congreso para defender la democracia a cualquier precio», dijo Otarola en su exposición ante el Congreso.

Durante la presentación en el Congreso hubo más de un encontronazo entre las bancadas de derechas y las bancadas de izquierdas; mientras los de derecha aplaudieron cuando el primer ministro pidió felicitar a las fuerzas armadas y la Policía; los de izquierda desplegaron letreros que decían «gabinete de la muerte». Esas peleas detonaron cuando desde un lado, señalaban que los muertos en las protestas son «terroristas» y del otro lado, gritaron «Derecha asesina».

El 4 de enero se inició un paro nacional contra el Gobierno de Dina Boluarte que ha tenido como principales focos de protesta a los departamentos ubicados en el sur del país como Cuzco, Apurímac, Ayacucho y Puno.

El nueve de enero pasado, murieron 18 personas en Puno, cifra que sumada a los 28 muertos de diciembre del 2022, da un total de 46 muertos civiles en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Entre los 18 fallecidos en Puno, hay un policía que murió quemado por los manifestantes dentro de su patrullero. El 15 de diciembre pasado, el ejército reprimió con heridas de bala a los manifestantes que querían tomar el aeropuerto de Ayacucho y en un día murieron 10 personas.