La Fiscalía General de Nueva York demanda a Trump y a tres de sus hijos por fraude comercial «persistente y repetido»

La demanda civil les acusa de perpetrar un fraude de gran escala: sobrevalorar algunas de sus grandes propiedades en el negocio del ladrillo para engañar a entidades financieras y aseguradoras y conseguir préstamos y pólizas más atractivos, así como para rebajar la factura fiscal de su imperio inmobiliario.

Según el escrito de James, que detalla esta trama en 220 páginas, Trump y sus tres hijos mayores -Donald Jr., Eric e Ivanka, todos altos ejecutivos de su empresa, Trump Organization- mintieron durante más de una década en sus informaciones financieros sobre la valuación de 23 propiedades.

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La fiscal general nombra, entre otras, a 'joyas de la corona' de Trump, como la torre que lleva su nombre en la Quinta Avenida de Nueva York; su residencia y club privado en la costa de Florida, Mar-a-Lago; o el rascacielos neogótico 40 Wall Street, a la vuelta de la esquina de donde James anunció la interposición de demandas, en la sede de la fiscalía.

La fiscal general, elegida en las elecciones de 2018 como candidata demócrata, aseguró que Trump, sus hijos y su compañía siguieron un «patrón de fraude y engaño» de un alcance «abrumador».

Algunos ejemplos que proporciona el texto de la demanda: las informaciones financieras llegaron a valorar al edificio 40 Wall Street por más del doble del valor tasado por una entidad financiera; en Trump Park, un complejo también en Nueva York, en Park Avenue, con muchos apartamentos que están regulados como de alquiler estable, la compañía obvió ese hecho para valuar el edificio en 292 millones de dólares, seis veces por encima de otras tasaciones; sobre Mar-a-Lago, ocultaron acuerdos que limitaban la capacidad para promociones residenciales, lo que disminuía el valor de la propiedad.

La demanda de James busca castigar a Trump y su familia con dureza y de varias maneras: exige la devolución de 250 millones de dólares, el beneficio que Trump habría obtenido del fraude; busca nombrar a un gestor independiente que supervise las finanzas de la Trump Organization y cerrar algunas de sus operaciones; y solicita que Trump y sus hijos no puedan emprender operaciones inmobiliarias en Nueva York durante los próximos cinco años y que, de forma permanente, no puedan ser nombrados ejecutivos ni miembros del consejo de administración de una compañía radicada en Nueva York. Trump vive buena parte del año en Florida, pero si esto sale adelante, la justicia le expulsaría de los negocios de la ciudad y el estado en el que hizo fortuna con el ladrillo.

La acción de James es de naturaleza civil, no penal. Aunque la fiscal general, que ha dedicado dos años a esta investigación, deslizó que podría haber violaciones a la ley federal y que derivaría su trabajo al Departamento de Justicia y a Hacienda por si ellos consideran que son de su interés.

«El escrito presentado no está centrado ni en los hechos ni en el derecho, solo se dedica a promover la agenda política de la fiscal general», reacción Alina Habba, abogada de Trump. «Estamos seguros de que nuestro sistema judicial no permitirá este abuso de autoridad ilimitado», añadió.

Como era de esperar, el expresidente defendió que la demanda forma parte de una «caza de brujas» en su contra y acusó a James de «racista» y de ir a por él en lugar de combatir el incremento del crimen violento de Nueva York.

En 2018, James hizo una campaña electoral en la que prometió emprender acciones legales contra Trump y aseguró que el presidente debería tener «miedo» si ella ganaba. Este noviembre, se vuelve a jugar el cargo frente al candidato republicano Michael Henry.

En las últimas semanas, Trump y sus hijos han buscado llegar a un acuerdo extrajudicial con James, que se ha negado a aceptarlo. El expresidente fue interrogado el mes pasado en la oficina de James, aunque se acogió a su derecho de mantener silencio para no inculparse.

La demanda judicial se une a otras investigaciones, esta vez de naturaleza penal a las que se enfrenta Trump, como su retención de documentos clasificados en Mar-a-Lago, la campaña para dar la vuelta a las elecciones en 2020 y pesquisas sobre interferencia electoral en Georgia.