La Fiscalía de Brasil acusa a Eduardo Bolsonaro por «coacción» durante el juicio de su padre

Según el fiscal Paulo Gonet, ambos recurrieron al expresidente estadounidense Donald Trump para presionar al Brasil con sanciones económicas y castigos contra jueces de la Corte Suprema, entre ellos Alexandre de Moraes, relator del caso contra Jair Bolsonaro, ministros y otras autoridades brasileñas. La acusación coincide con la aplicación de la Ley Magnitsky por parte de Trump contra la esposa del juez Moraes, Viviane Barci de Moraes, también el lunes.

La denuncia detalla que Eduardo Bolsonaro se licenció del cargo de diputado y se mudó a Estados Unidos en busca del apoyo de Trump, consiguiendo que el presidente norteamericano le imponga sanciones y aranceles a la economía brasileña, así como contra autoridades del Poder Judicial, en represalia a los procesos y tentar evitar la condena de su padre, confirmada por la Corte el 12 de septiembre, por intento de golpe de Estado. El exmandatario también era investigado en este caso, pero no fue denunciado por falta de pruebas.

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«Los denunciados divulgaron ampliamente tragedias financieras, derivadas de las sanciones que afirmaban poder lograr en Estados Unidos, si el Supremo no liberase a los acusados en el proceso penal contra Jair Bolsonaro y otros», escribió el fiscal Gonet.

El fiscal sostiene que Eduardo y Figueiredo no ocultaron sus gestiones en Washington. «La dupla de denunciados no dudó en atribuirse la inspiración determinante de las sanciones económicas que fueron, como es notorio, finalmente infligidas por el gobierno norteamericano», añadió Gonet. Para la Fiscalía, las maniobras fueron una forma explícita de amenaza al máximo tribunal brasileño.

Desde Washington, Trump ha lanzado una ofensiva creciente contra autoridades brasileñas que se ha endurecido tras la condena de Bolsonaro. El Gobierno del republicano sancionó en julio al juez Alexandre de Moraes, a quien calificó de «violador de derechos humanos», y este lunes amplió las medidas contra su esposa, Viviane. Según el Departamento del Tesoro, la abogada «proporciona una red de apoyo financiero» al magistrado. «La acción de hoy deja claro que el Tesoro continuará persiguiendo a individuos que brinden apoyo material a Moraes mientras viola los derechos humanos», declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Con la aplicación de la Ley Magnitsky, todos los bienes y transacciones de Viviane en Estados Unidos quedaron bloqueados, así como ocurrirá también con su bufete, Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que comparte con dos de sus hijos. La sanción prohíbe además que empresas o ciudadanos estadounidenses realicen operaciones con la abogada. Otras autoridades brasileñas también han sufrido sanciones. El ministro de Sanidad, Alexandre Padilha, informó el fin de semana que no iría a la Asamblea General de la ONU esta semana, porque le limitaron el área en la que podría moverse en Nueva York.

La Fiscalía advierte que las amenazas de Eduardo Bolsonaro y Figueiredo se apoyaban en esas medidas de Trump contra Brasil. «La efectivación de sanciones crecientes convenció a los denunciados de que las amenazas y los males ya infligidos producían efectos sobre la disposición de los jueces. Con ello se animaban al recrudecimiento de las manifestaciones de coacción», afirmó Gonet. Según el fiscal, la estrategia fue amplificada en redes sociales y entrevistas, donde ambos celebraban las sanciones y anticipaban otras más duras.

«El dúo denunciado anunciaba las sanciones previamente, celebraba cuando eran impuestas y las designaba como un aviso de otras mayores, en caso de que el Supremo no cediera. Las providencias fueron obtenidas con persistente esfuerzo por la dupla, según ellos mismos triunfalmente confesaron», escribió el procurador general.

Las autoridades brasileñas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la cancillería han reaccionado en discursos y documentos contra el Gobierno Trump. El abogado general de la Nación, Jorge Messias, uno de los funcionarios que tuvo su visado estadounidense revocado esta semana, cuestionó la legitimidad de la ofensiva de Trump. «Las más recientes medidas aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra autoridades brasileñas y familiares agravan un conjunto de acciones unilaterales sin sentido, totalmente incompatibles con la pacífica y armoniosa conducción de relaciones diplomáticas y económicas edificadas a lo largo de 200 años entre los dos países», afirmó Messias.

El alto funcionario añadió que, pese a la presión, seguirá en su cargo. «Ante esta agresión injusta, reafirmo mi integral compromiso con la independencia constitucional de nuestro sistema de Justicia y recibo sin temores la medida específicamente contra mí dirigida. Seguiré desempeñando con vigor y conciencia mis funciones en nombre y en favor del pueblo brasileño», subrayó el abogado general.

El Supremo, por su parte, debe decidir ahora si aceptará la denuncia contra Eduardo Bolsonaro y Figueiredo. Si así lo hace, ambos se convertirán en reos en una causa penal. En medio de esta crisis diplomática y judicial, la Corte ya ha reiterado que no cederá a presiones externas, así como mostraron la mayoría de sus jueces durante el juicio contra Jair Bolsonaro. El juez Alexandre de Moraes llegó a advertir: «El Supremo no se dejará intimidar por amenazas extranjeras ni por campañas de desinformación».

Con la sombra de Trump planeando sobre Brasilia, la tensión entre Washington y el Gobierno de Lula da Silva se agudiza. Lula se encuentra en Washington participando de la Asamblea General de la ONU.