El fiscal del Tribunal Penal Internacional pide el arresto de los dirigentes talibanes por perseguir a las mujeres

Khan ha indicado en un comunicado publicado por su oficina que ha presentado estas solicitudes después de que sus investigaciones hayan permitido determinar que «hay motivos razonables» para considerar que Ajundzada y Haqqani «tienen responsabilidad penal por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género».

«Mi oficina ha concluido que estos dos ciudadanos afganos son penalmente responsables de perseguir a niñas y mujeres afganas, así como a personas que los talibán perciben como incumplidoras de sus expectativas ideológicas en lo relativo a la identidad de género o expresión o que perciben como aliados de niñas y mujeres», manifestó.

Así, ha incidido en que «esta persecución ha sido cometida desde al menos el 15 de agosto de 2021 --fecha en la que los fundamentalistas tomaron la capital de Afganistán, Kabul, tras la huida del entonces presidente, Ashraf Ghani-- hasta la fecha de hoy en todo el territorio de Afganistán».

«Esta constante persecución conlleva numerosas graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, en violación del Derecho Internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libre circulación y la libre expresión, a la educación, a la vida privada. y familiar ya la libertad de reunión», ha detallado.

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En este sentido, ha argumentado que «estas graves privaciones de los derechos fundamentales han sido cometidas además en conexión con otros crímenes bajo el Estatuto de Roma», antes de explicar que «la resistencia u oposición percibida a los talibán era y es brutalmente reprimida a a través de la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos».

Khan ha incidido en que estas son las primeras solicitudes que presenta su oficina para la emisión de órdenes de arresto en relación con la situación en Afganistán, si bien ha desvelado que presentará «pronto» otras solicitudes para la detención de «otros altos cargos» de las autoridades instaladas por los talibanes en el país centroasiático.

De esta forma, ha puntualizado que las peticiones «se basan en diversas pruebas» y ha insistido en que «mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGTBI hacen frente a una persecución sin precedentes e inconcebible por parte de los talibán ».

«Nuestra acción demuestra que el 'statu quo' de las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las supervivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen una rendición de cuentas (por parte de los responsables de estas violaciones) ante un tribunal de justicia», ha señalado Khan.

Además, ha aseverado que su oficina sostiene que «la interpretación de la 'sharia' (ley islámica) por parte de los talibán no debe, ni puede, utilizarse para justificar la privación de derechos fundamentales o la comisión conexa de crímenes bajo el Estatuto de romaníes».

Por otra parte, ha ensalzado el «extraordinario coraje» y la «resistencia» de las víctimas y testigos afganos que cooperaron con las investigaciones y ha dado las gracias por el «inestimable apoyo» a las pesquisas por parte de la sociedad civil afgana y los «socios» de la Fiscalía del TPI en «varias autoridades nacionales y organizaciones internacionales».

«Los jueces del TPI determinarán ahora si estas solicitudes de órdenes de arresto suponen motivos razonables para creer que las personas mencionadas cometieron los presuntos crímenes», ha dicho, antes de adelantar que, en caso de que sean dictadas, su oficina trabajará para lograr la detención de Ajundzada y Haqqani.

«Mi oficina sigue investigando la situación en Afganistán. Seguimos investigando los presuntos delitos cometidos por miembros de los talibán y de Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP)», ha señalado Khan, quien ha reiterado que «víctimas y supervivientes afganos han sufrido injusticias durante demasiado tiempo» y ha prometido trabajar para «garantizar que no se los olvide» y lograr la aplicación efectiva e imparcial del Derecho Internacional«.

Desde su regreso al poder en agosto de 2021, los talibán han impuesto una batería de restricciones a los derechos fundamentales de la población, especialmente de mujeres y niñas, llegando a prohibir que trabajen en el sector público, salvo en ámbitos de sanidad o educación primaria. , algo que, sin embargo, ha sido recientemente aún más restringido.

Además, los talibán han prohibido a las mujeres ir solas en público o desplazarse a distancias de más de 70 kilómetros sin un acompañante varón, mientras que les han impedido participar en acciones deportivas o acudir solas a restaurantes en algunas provincias.

Los fundamentalistas han prohibido además la educación de niñas y mujeres más allá de la enseñanza primaria, en medio de un aumento de los matrimonios infantiles y forzosos y de la violencia de género y los feminicidios, según Naciones Unidas.

De hecho, promulgaron en agosto la llamada 'Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio', institucionalizando la discriminación de las mujeres y ampliando las restricciones, incluida una «ley del silencio» que declara la voz de la mujer como algo que sólo puede ser escuchado «en casos de necesidad».

Si bien los fundamentalistas --que mantienen una visión extremadamente rigorista del islam-- han prometido en varias ocasiones trabajar para reabrir las escuelas para las niñas, las alumnas de cursos superiores a sexto siguen sin poder acudir a clase, a pesar de las peticiones internacionales. .

El régimen fiscal por los talibanes en Afganistán no ha recibido hasta la fecha el reconocimiento de ningún país ni organización internacional, si bien el grupo pide que se dé este paso y se retire las sanciones impuestas contra Kabul para ayudar a las autoridades a hacer frente a la crisis económica y social, ahondada desde 2021.