Una feroz indignación hace fracasar el plan de salvar de la pena de muerte al jefe del 11-S
La Fiscalía militar de EE.UU. intentó un acuerdo previo a juicio por el que Sheikh Mohamed aceptaba la perpetua
11-S, claves y cifras para entender el mayor atentado de la historia
Corresponsal en Washington
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Iniciar sesiónUn día duró el acuerdo de la Fiscalía militar de Estados Unidos con los cerebros de los atentados del 11-S, que permitía a estos eludir la pena de muerte. El anuncio inesperado de ese pacto con tres terroristas confesos, responsables de la muerte de ... casi 3.000 personas en 2001, causó tal ola de indignación, en plena campaña electoral además, que el jefe del Pentágono en persona tuvo que intervenir el viernes por la noche para anular ese acuerdo y forzar la celebración de juicio.
Los beneficiarios de ese acuerdo, que están en la cárcel de máxima seguridad de la base naval de Guantánamo, son tres. Khalid Sheikh Mohamed, paquistaní de 59 años, está acusado de supervisar el plan de ataque con aviones. Los otros acusados son el yemení Walid bin Attash y el saudí Mustafa al Hawsawi, acusados de ayudar a planificar, financiar y coordinar los ataques, incluyendo el entrenamiento de los secuestradores.
los últimos de Guantánamo
El penal de Guantánamo sigue abierto desde 2001, y quedan en él 30 personas. De ellas, 16 no van a enfrentarse a juicio, y las Fuerzas Armadas han declarado que les van a liberar, pero ningún país los quiere recibir, por lo que allí permanecen. Del resto, la mayoría aún no se enfrenta a cargos, a diferencia de los ideólogos y planificadores del 11-S. Sus abogados mantienen que han sido sometidos a tortura, lo que el Pentágono niega. En su punto máximo, en este penal hubo casi 800 prisioneros. La mayoría han sido liberados.
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El juicio contra Sheikh Mohammed y los otros dos acusados del 11-S aún no ha comenzado. En este momento avanzan las mociones previas a juicio en consejo de guerra. Aún no hay fecha para el comienzo de ese juicio. Las mociones previas durarán hasta el año entrante.
En 2010, bajo la presidencia de Barack Obama, el Pentágono intentó que a estos hombres se les juzgara en un juzgado de lo penal Nueva York, pero la posibilidad de que esos terroristas confesos acabaran apareciendo a escasos metros de donde se cometió semejante masacre el 11 de septiembre de 2001 provocó un furor público que llevó a los republicanos a promulgar una ley en el Capitolio específicamente para impedirlo.
Familiares de las víctimas
Tras la decisión de la Fiscalía, anunciada el jueves por la noche, los familiares de las víctimas, los sindicatos de bomberos y policías de Nueva York y políticos de ambos partidos expresaron su indignación y exigieron al presidente Joe Biden que lo impidiera. Según el presidente de la Asociación de Bomberos de Nueva York, Andrew Ansbro, «en nombre de los bomberos de la ciudad de Nueva York, especialmente de los sobrevivientes del ataque terrorista del 11 de septiembre que viven con las secuelas y lesiones que nos fueron infligidas ese día, estamos disgustados y decepcionados de que estos tres terroristas hayan recibido un acuerdo de culpabilidad y se les haya permitido escapar de la justicia definitiva, mientras que cada mes mueren tres héroes más del departamento de bomberos a causa de enfermedades relacionadas con las Torres Gemelas».
Muchos de esos supervivientes y familiares dijeron a medios neoyorquinos que no es que estén en concreto a favor de la pena de muerte, que es a la que se enfrentaban los acusados, pero quieren que haya un juicio y que se aplique en todo caso la pena máxima correspondiente. Otra solución se les antoja un fracaso de la justicia, tras más de dos décadas de espera.
Finalmente, el Pentágono intervino motu proprio. El viernes por la noche, cuando en Washington se anuncian las noticias a las que no se quiere dar demasiado recorrido, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció el relevo de la general de brigada Susan Escallier, que coordinaba la instrucción del caso en el Ministerio Público militar. Dijo el secretario Austin en el memorando correspondiente: «He determinado que, a la luz de la importancia de la decisión de celebrar acuerdos previos al juicio con los acusados en el caso mencionado, la responsabilidad de tal decisión debería recaer en mí como la autoridad convocante superior bajo la Ley de Comisiones Militares de 2009». «Con efecto inmediato, por la presente retiro su autoridad en el caso mencionado para celebrar un acuerdo previo al juicio y reservo dicha autoridad para mí», añadió el secretario.
Hay otros dos acusados directamente por la planificación del 11-S. Se trata del paquistaní Ali Abdul Aziz Ali y el yemení Ramzi Bin al Shibh, que no estaban incluidos en el acuerdo ahora anulado. Todos los acusados han estado detenidos desde hace más de una década en la prisión militar de EE.UU. en Guantánamo.
Guerra contra el terrorismo
El 11 de septiembre de 2001, 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, estrellando dos de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, uno contra el Pentágono en Washington, y otro en un campo en Pensilvania tras la intervención de los pasajeros. Los ataques causaron la muerte de casi 3.000 personas y desencadenaron la llamada guerra contra el terrorismo, que incluyó las invasiones de Afganistán e Irak.
Estas dos han culminado ya, la última la de Afganistán por orden de Biden en agosto de 2021, con un ataque terrorista del Estado Islámico y la toma de poder de la Guerrilla Talibán en Kabul.
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