Los familiares de las víctimas mortales del accidente de tren en Grecia piden justicia

Tímidamente, se reúnen en una esquina del improvisado escenario desde donde la Asociación de Víctimas leerá el manifiesto. «Soy la madre de Afroditi», dice una mujer vestida de negro, «yo la de Tasos», ambas se abrazan mientras que el resto de familiares van llegando al grupo. La tarima del escenario se transforma en un altar donde se colocan en fila decenas de velas y las maletas de las 57 víctimas que nunca llegaron a su destino. Por los altavoces, comienza a sonar la canción `Esta tarde me retraso´, que la banda Kiní Znití compuso para las víctimas. Con la estrofa «Dile a mis padres que llegaré tarde, dame el último billete», la memoria de todos viaja a esa noche, y ninguno de los asistentes puede controlar las lágrimas.

Aunque han pasado casi 10 meses, quedan muchas incógnitas por resolver. «Nos hemos concentrado frente al Parlamento para decirle a los políticos que queremos respuestas. Durante este tiempo, se han destruido pruebas fundamentales por la dejadez de las instituciones, y seguimos sin saber qué material transportaba el tren de mercancías y que provocó la explosión, o por qué siguen apareciendo restos humanos en los vagones siniestrados», explica a ABC Eleni Vasara, madre de Agapi, una joven estudiante de 23 años que perdió la vida en Tempe.

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Con lágrimas en los ojos, los padres de Denis Ruchi, un joven de 22 años, como el resto de los familiares, no refieren al trágico suceso como accidente, sino como crimen. «Queremos que el Gobierno deje de ocultar información, que dejen de funcionar como si fueran una mafia, ¿qué es lo que están ocultando?, ¿por qué no nos explican qué era lo que transportaba el convoy de mercancías?, se pregunta entre lágrimas Panos, el padre de Denis, quien asegura que ha acudido a la concentración para encontrar respuestas a las preguntas que le atormentan y para que ninguna familia tenga que pasar por lo que están pasando ellos.

«Recuerdo cuando Helenic Trains compró los ferrocarriles griegos y en televisión daban un spot publicitario donde se veía un panel de control que ocupaba una habitación entera. Nos hicieron creer que la alta tecnología había llegado a los trenes griegos y que ahora sí eran seguros», relata Vasara. «Yo, como mucha gente, comprábamos los billetes de tren a nuestros hijos pensando que era el medio más seguro, que ese panel de control que aparecía en los anuncios estaba en Grecia y que la reducción a la mitad del trayecto Atenas-Salónica se debía a una mejora en los convoyes y en las vías.

Pero no, ahora sabemos que la torre de control del anuncio era la de Roma y que tardábamos menos en llegar a Salónica porque el tren iba a mayor velocidad, sin haberse realizado ninguna mejora en la red ferroviaria. Ellos sabían que la red no estaba en condiciones, pero nos lo ocultaron, y yo ahora no puedo evitar pensar que fui yo quien puse en riesgo a mi única hija», añade la joven madre.

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En este sentido, Ádonis Yeorgiadis, ministro de Desarrollo e Inversiones cuando se produjo el siniestro, reconoció durante una entrevista en televisión que el Ejecutivo conservador de Kyrakos Mitsotakis que si el Gobierno hubiera reconocido que los «trenes tenían problemas de seguridad, nadie se hubiera montado en un tren».

Por esta razón, una de las principales luchas de la Asociación de Familiares de las Víctimas es la retirada del asilo parlamentario a todos aquellos políticos que tuvieron una implicación directa en el suceso, entre otros el entonces ministro de Transportes, Constandinos Karamanlís. «El exministro consiguió convertir el medio de transporte más seguro que existe, en una auténtico infierno rodante. Exigimos justicia», clama desde la tarima María Karystianu, madre de una estudiante de 19 años que perdió la vida en Tempe.

El pasado mes de noviembre se aprobó en el Parlamento griego, por la iniciativa del partido comunista KKE, una comisión de investigación que se encargará de analizar todas las pruebas y depurar responsabilidades políticas y penales. Cabe recordar que en el mes de octubre, los familiares de las víctimas consiguieron un permiso para que un equipo de expertos acompañados por perros adiestrados, buscasen nuevos restos humanos en los vagones siniestrados, conservados en un solar a la intemperie desde que fueron retirados del lugar del siniestro el pasado mes de marzo.

Por su parte, la investigación realizada por la Fiscalía de la Unión Europea, ha imputado por fraude, falsedad documental, entre otras acusaciones, a 23 personas (entre ellas 18 funcionarios) por el contrato 717-H. Firmado en el año 2014 para la modernización de la red ferroviaria griega y que no llegó nunca a ejecutarse, se estima que se han causado pérdidas a las arcar riegas y a la Unión Europea que superan los 15.000.000 de euros. Tras finalizar la investigación, la Fiscalía Europea ha remitido este nuevo caso a las autoridades griegas competentes, que se une al informe que ya envió el pasado verano sobre las responsabilidades políticas del accidente, para que emprendan acciones legales adicionales

Durante la manifestación del martes, los familiares de las víctimas afirmaron haber perdido la paciencia y que, a partir de ahora, las concentraciones de protesta se multiplicarán hasta que se esclarezcan las verdaderas causas del accidente y se juzgue a todos los implicados en la tragedia que puso fin a 57 vidas.