Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa exigen a López Obrador una investigación en el Ejército

Esta semana el caso ha vuelto a la primera plana y, en plena campaña presidencial, quien padece la falta de respuestas a los familiares de los estudiantes es el propio López Obrador, que ayer sufrió uno de los momentos más dramáticos de su sexenio cuando una turba de 300 personas asedió – y vandalizó -, uno de los accesos de Palacio Nacional, al punto de tumbar una de sus puertas mientras el mandatario se encontraba en su conferencia matutina. Reclamaban por la falta de justicia, aunque el presidente tildó la protesta de «provocación». Los padres de los desaparecidos demandan desde hace meses una audiencia con el mandatario.

El momento más álgido fue cuando los manifestantes capturaron una camioneta y la estrellaron contra una puerta de ingreso a Palacio Nacional lo cual genero que los soldados que custodian el edificio arrojaran gases lacrimógenos cuyo humo llegaba hasta el recinto donde se encontraba López Obrador con la prensa. «Sólo queremos un diálogo», «Nos faltan 43», «+43», «Ni perdón, ni olvido», «fue el Ejército», son algunas frases que pintaron en las paredes de Palacio Nacional.

El eje del conflicto es que los familiares de los estudiantes quieren una investigación a fondo del papel del Ejército mexicano en esa noche fatídica del 2014, cuando los jóvenes buscaban hacerse del control de un grupo de autobuses de larga distancia para acudir a una protesta.

Actualmente por la tragedia ha sido encarcelado el general José Rodríguez, que era el comandante del 27º Batallón de Infantería, y otros cinco militares de menor rango. También se persigue a Tomás Zerón, el jefe investigador del caso, que se encuentra prófugo. y se registran expedientes contra otros 20 militares en activo. Los familiares dicen que falta ir contra la cúpula militar que tuvo supuestas vinculaciones con la desaparición forzosa.

Para López Obrador es una encrucijada porque el jefe de la Secretaría de la Defensa de aquel entonces era el general Salvador Cienfuegos, quien es el mentor de la camarilla de oficiales que actualmente controlan al Ejército mexicano y a quienes el presidente les ha dado grandes atribuciones, desde la militarización de la seguridad doméstica hasta la construcción de las obras estructurales de su gobierno como el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya en el sureste del país.

Según ha podido conocer ABC, el presidente está convencido de que los familiares de los desaparecidos han sido influidos por un presunto informe de la DEA que conecta directamente a Cienfuegos con la desaparición a partir del hecho de que los autobuses secuestrados por los estudiantes eran utilizados para el trasiego de drogas hacia la frontera con Estados Unidos. Una operación de narcotráfico a cargo del grupo Guerreros Unidos que tendría vinculación con Cienfuegos.

El epicentro de estas sospechas tuvo lugar a finales del 2020 cuando la DEA convenció un fiscal de arrestar a Cienfuegos en California y acusarlo de presuntos nexos con el crimen organizado. Un hecho completamente inédito y que requirió de un acuerdo de alto nivel entre López Obrador y Donald Trump para liberar al general. Ese arresto marcó el inicio de las hostilidades entre el presidente mexicano y la DEA, rivalidad que perdura hasta la actualidad ya que López Obrador acusa a la agencia anti drogas de filtrar datos a la prensa estadounidense que desde hace un mes vincula al mandatario con el crimen organizado.

En la óptica del entorno presidencial, la DEA se habría acercado a los familiares de los desaparecidos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los destrozos de ayer forman parte de un plan para desestabilizar al Gobierno.

«Que nos reciba el Presidente López Obrador, ¿no que presume que él mismo encabeza la investigación de Ayotzinapa?, pues que nos reciba», dijo a las pocas horas de la protesta el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

«Detrás de la protesta está la demanda legítima de un diálogo que nosotros estamos pidiendo. Lo único que estamos pidiendo es que nos den una fecha de cuándo nos reciben y no hay necesidad de tensiones, », advirtió. En los más de nueve años de investigación el caso está rodeado de hechos que parecen inverosímiles, como que un grupo de narcos supuestamente vinculados a la desaparición pasaron de estar presos en el gobierno anterior a convertirse en testigos colaboradores del actual. O la sugestiva desaparición de un fiscal encargado de la pesquisa, Omar Gómez Trejo, quien supuestamente está escondido en Estados Unidos por temor a ciertas represalias que pudiera sufrir en México por su investigación de esa madrigada que todavía sacude a la política de este país.