Keiko Sofía Fujimori aparca sus deseos de ser presidenta del Perú y anuncia que el candidato en el 2026 será su padre

En el vídeo -la primogénita del clan Fujimori y que se convirtió en primera dama a los 20 años cuando sus padres, Alberto y Susana, protagonizaron una pública separación- no habló del elefante en la habitación: la condena de 25 años por corrupción, secuestro y violaciones a los derechos humanos que recibió su padre en el 2009 y que le impide ser candidato a ningún cargo elegido por elección popular, según señala el artículo 34- de la constitución y la ley orgánica de elecciones.

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Paola Ugaz

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«Mi padre (Alberto Kenya Fujimori) y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial (en el 2026)...mi padre me dijo; soy consciente de cada uno de los riesgos que esto significa pero sí quisiera regresar a la arena política…él va a hacer política hasta el último día de su vida…si realmente lo deseas y es tu voluntad y es tu plan a mi me corresponde apoyarlo», dijo Keiko Sofía en el vídeo donde anuncia la candidatura de su padre, que gobernó con mano de hierro de 1990 al 2000 junto a su asesor y brazo derecho, Vladimiro Montesinos, también encarcelado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

La semana pasada se terminaron de inscribir 30 partidos políticos en el país con miras a la elección presidencial donde se reemplazara a Dina Boluarte y entre los inscritos más famosos figura Alberto Fujimori Fujimori, quien se inscribió en el partido «Fuerza Popular» diciendo; «reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos».

De acuerdo a la ley peruana, el expresidente Alberto Fujimori está constitucionalmente impedido a postular a un cargo de elección popular y el anuncio de postular a una candidatura abre la polémica sobre su alicaída salud que es la base principal del indulto humanitario que lo benefició y puede causar que las autoridades peruanas revisen su decisión, tal y como sucedió con el hombre de televisión, José Enrique Crousillat. A Crousillat se le revocó el indulto tras comprobarse que gozaba de buena salud y ese destino puede ser seguido por Fujimori tras anunciar su regreso a la vida política.

En entrevista con ABC, el ex primer ministro, Pedro Cateriano dijo que «es una iniciativa que busca fortalecer políticamente a su partido, pero puede ser riesgosa, porque prueba que su padre no está mal de su salud y al borde de la muerte, tal como ella lo afirmó reiteradamente. Este fue el sustento del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) para concederle el indulto. Ahora al constatarse la falsedad, podría exigirse la anulación del indulto».

«¿Keiko Fujimori quiere que su padre retorne a prisión?. Su anunciada postulación a la Presidencia de la República, prueba que el ex dictador nunca estuvo al borde de la muerte, ni en mal estado de salud. Entonces lo que corresponde ahora es la anulación del indulto porque pierde solidez legal y porque se sustentó en una falsedad».

Para Cateriano, Keiko Sofía Fujimori, «usa todo su poder político, para obstruir la acción de la justicia. Es pública y notoria esta conducta».

Según también el escritor y miembro del comite del partido «Libertad popular», la influencia de la familia Fujimori en el país seguirá «hasta que tengan electores y se les permita el ejercicio abusivo de su poder», al tiempo que agregó que «hay que recordar que a pesar de su influencia y poder, Alberto Fujimori fue condenado con la participación de tres Cortes: la Interamericana de Derechos Humanos y las Supremas de Chile y el Perú. Algo excepcional. Y recientemente su hermano Kenji Gerardo (Fujimori) ha sido condenado por la Corte Suprema del Perú».

En tanto, en el programa «Sin guión» en «La república TV», la periodista Rosa María Palacios dijo que «si Keiko Sofía Fujimori esta tratando de armar la historia de la familia feliz al decir que su papá y su mamá se amistaron antes de que su mamá muriera y su papá la visita en el cementerio…los Fujimori son una familia disfuncional hace décadas y que lamentablemente participan en política porque toda la disfuncionalidad nos la traen a nosotros también. Hay muchisimas familias disfuncionales en el Perú pero no todas quieren ser presidente, el padre y la hija».

«Supongamos que Alberto Fujimori postula, ¿va a convertirse en presidente a los 87 años para irse a los 93 años?...él la dejo sola (a Keiko Sofía) al renunciar en el 2000, ella nunca ha tratado bien a su papá, su hermano Kenji tiene una condena propiciada por ella. Hay una ambición desmedida por el poder y la utilización de seres humanos para acceder al poder entre padres e hijos y que busca distraer del juicio que se le sigue (a Keiko Sofía) de recibir dinero en el 2011 y el 2016», finalizó Palacios.

«¿Dónde está el lavado de activos?, es la pregunta que ha hecho mi abogada (Giuliana Loza). No existe lavado de activos, lo que hay es una persecución política y un circo por parte de un fiscal (José Domingo Pérez) obsesionado conmigo y con Fuerza Popular», dijo hoy Keiko Sofía Fujimori a los medios a la salida del juicio que se inició el pasado primero de julio por los delitos de lavado de activos y obstrucción a la justicia.

Keiko Sofía Fujimori postuló sin éxito a la presidencia en tres ocasiones y en ese camino fue investigada por el dinero que recibió en las campañas del 2011 y el 2016 y que ha intentado ocultar, según la fiscalía peruana, a través de entradas a las fiestas donde se servían «cocteles» y los aportes falsos de dinero dividida en cantidades pequeñas a través de colaboradores cercanos, conocido como «pitufeo» de grandes cantidades de dinero que ascendieron a 17.3 millones de dólares; que fueron entregados por la empresa de construcción de Brasil, Odebrecht, la empresa peruana Credicorp y otros empresarios peruanos.

El juicio oral que se desarrolla contra Keiko Sofía Fujimori, lideresa de «Fuerza Popular», tiene a 46 implicados, entre ellos, su ex esposo, Mark Vitto. La fiscalía acusa a Keiko Sofía Fujimori de liderar una organización criminal usando su partido «Fuerza Popular» contra el Estado peruano.