El exministro cubano Alejandro Gil es condenado a cadena perpetua por espionaje

Gil Fernández fue destituido a inicios del pasado año y luego acusado de una decena de delitos que incluyen espionaje, malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. Las vistas orales se desarrollaron en noviembre de este año. De acuerdo con la información oficial, la primera fue entre los días 11 y 13, y la segunda, del 26 al 29 del mismo mes; pese a la petición de la familia y del acusado de que el juicio fuera público y televisado, este se desarrolló a puertas cerradas por, según las autoridades, «razones de seguridad nacional».

Noticia Relacionada

La ONU califica de arbitrarias la detención de 49 presos políticos durante las protestas del 11-J en Cuba

Camila Acosta

El grupo de trabajo exigió sus liberaciones inmediatas, exoneración y reparaciones por parte del Estado y advirtió que en la isla existe un patrón sistemático de represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad

En la primera causa penal, el TSP impuso la sanción conjunta de privación perpetua de libertad, al considerar a Gil Fernández responsable de los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial, violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados.

En el segundo proceso, el TSP aplicó la sanción conjunta de 20 años de privación de libertad, al declarar al acusado culpable de los delitos de cohecho de carácter continuado como medio para cometer falsificación de documentos públicos, así como de tráfico de influencias y evasión fiscal, ambos de carácter continuado.

Asimismo, se le aplicaron sanciones accesorias, como la confiscación de bienes, la prohibición de ejercer funciones que impliquen administración o disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, y la privación de derechos públicos. No obstante, el comunicado no detalla qué bienes serán confiscados ni tampoco qué pruebas usó la Fiscalía en la acusación.

Según el TSP, el acusado, «mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales, recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios públicos para legalizar la adquisición de bienes». Sin embargo, no aportan detalles sobre los supuestos sobornos, ni sobre el resto de las personas y «firmas extranjeras» implicadas en el proceso.

El comunicado adelanta que, «de ratificarse su responsabilidad, se le formará una sanción conjunta y única a ejecutar entre todas las penas impuestas».

En declaraciones a la prensa, la hermana del exministro, María Victoria Gil Fernández, había expuesto que en la causa habría más de una veintena de imputados, así como que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, habría sido uno de los testigos de la parte acusatoria. Aunque la hermana reconoce que Gil Fernández pudiera haber cometido delitos de índole económica, rechaza categóricamente las acusaciones de espionaje.

De igual forma opina la hija, Laura María Gil González quien, en un comunicado divulgado antes del inicio de las vistas orales, aseguró que su padre se mantendría «firme en su defensa» y que no reconocería, «bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le imputa y que no se le sea debidamente verificado».