Murillo Karam, liberado hace unas horas, defendió siempre la tesis de que los estudiantes fueron desaparecidos por el grupo criminal llamado Guerreros Unidos. Fue encarcelado hace un año y siete meses porque bajo su investigación se habrían aplicado torturas a testigos para ratificar el eje de su pesquisa sobre lo sucedido esa noche fatídica.
Para el Gobierno mexicano es una situación incómoda porque la decisión enerva los ánimos de los familiares de los desaparecidos que semanas atrás se manifestaron en el Zócalo y tumbaron una puerta de Palacio Nacional mientras López Obrador daba su conferencia matutina, disturbios que debieron ser sofocados por los militares que custodian al presidente.
Los familiares de los normalistas demandan que López Obrador investigue la responsabilidad de los militares en Ayotzinapa, algo a lo que el gobierno se niega. El presidente tiene una alianza muy estrecha con el poder militar al que le ha entregado la seguridad doméstica del país y la construcción de las obras más icónicas de su sexenio como el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya.
El gobierno teme que la confrontación con los familiares escale y que estos terminen afectando los eventos de la campaña de la candidata del oficialismo a la presidencia, Claudia Sheinbaum.
Para el tribunal, la decisión de que Murillo Karam siga el proceso en su domicilio no implica un riesgo de fuga, dado que el exprocurador es una persona de 75 años de edad y padece una enfermedad grave, supuestos que ni la propia Fiscalía General de la República cuestiona.
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