Europa busca soluciones radicales para frenar la inmigración masiva

Las externalizaciones ya han sido frecuentes en la Unión Europea (UE), que gestiona las migraciones con Túnez, Marruecos o Libia. La sintonía con Estados autoritarios tiene contrapartidas: por un lado, son países que no respetan los derechos humanos, lo que cuestiona la imagen internacional de la UE como faro de libertad; por otro, se sirven de la gestión migratoria como arma arrojadiza contra la UE, abocada a mantener o al menos a aparentar una postura conciliadora con ellos.

Italia y Albania

Shengjin

Italia

Gjader

Albania

83 km

Reino Unido y Ruanda

Reino Unido

7.042 km

Ruanda

Alemania con

Marruecos y Nigeria

Alemania

1.705 km

Marruecos

4.000 km

Nigeria

CSD / ABC / J.Torres

Italia y Albania

Shengjin

Italia

Gjader

Albania

83 km

Reino Unido y Ruanda

Reino Unido

7.042 km

Ruanda

Alemania con

Marruecos y Nigeria

Alemania

1.705 km

Marruecos

4.000 km

Nigeria

CSD / ABC / J.Torres

A pesar de los inconvenientes, los países europeos parecen decididos a entenderse con terceros. Recientemente, el canciller alemán, Olaf Scholz, se desplazó a Nigeria para acordar grandes deportaciones. A mediados de noviembre, el Tribunal Supremo del Reino Unido asestó un duro golpe al Gobierno británico, tumbando las deportaciones de inmigrantes a Ruanda. Más éxito tuvo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que anunció a principios de mes la firma de un acuerdo para construir centros migratorios con su homólogo albanés, el socialista Edi Rama.

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Italia firma un acuerdo histórico con Albania para construir dos centros de inmigrantes en su territorio

Ángel Gómez Fuentes

Estarán bajo jurisdicción italiana y acogerán a unas 36.000 personas al año rescatadas por barcos militares italianos en el Mediterráneo

El acuerdo entre Italia y Albania se firmó el 6 de noviembre en el Palacio Chigi. Hay quienes piensan que no funcionará, otros creen que se convertirá en un modelo para más países europeos. Los más críticos lo consideran cuestionable, tanto desde el punto de vista legal como ético.

El acuerdo estará vigente durante cinco años, prorrogables por otros cinco. Italia construirá en Albania dos centros de detención de inmigrantes irregulares rescatados en el Mediterráneo por naves italianas. Los barcos de las organizaciones humanitarias seguirán desembarcando en Italia. A partir de primavera, los centros acogerán a unas 3.000 personas al mes, entre 36.000 y 39.000 al año. Solo serán llevados a Albania hombres y adultos. Los niños, las mujeres y las personas vulnerables permanecerán en barcos que los llevarán a Italia.

El documento firmado con Albania, país que pretende entrar en la UE de la mano de Italia, tiene tres objetivos, según explicó Meloni: combatir el tráfico ilegal de seres humanos, impedir los flujos irregulares de inmigrantes y acoger a quienes tienen derecho a protección internacional.

Los alcaldes italianos se habían opuesto a la decisión de Meloni de crear un centro de detención, los llamados Centros de Permanencia para Repatriados (CPR), en cada una de las veinte regiones italianas. Ante la negativa, Meloni encontró la ayuda de Rama, con un acuerdo que comenzó a gestarse sobre todo en agosto, durante unos días de vacaciones que la primera ministra pasó en Albania.

Los dos centros de detención estarán bajo jurisdicción y gestión italianas, que controlará las peticiones de asilo y las repatriaciones. En el puerto de Shengjin, al norte de Albania, Roma se encargará de los procedimientos de desembarco y de identificación y creará un primer centro de recepción y control. A una veintena de kilómetros del puerto, en Gjader, se creará una estructura basada en el modelo CPR para procedimientos posteriores. Las operaciones se gestionarán en colaboración entre las fuerzas policiales italianas y albanesas.

Albania acepta los dos centros «a título gratuito», dice el Palacio Chigi. Para Italia, será como tener una Lampedusa, pero en territorio albanés. La isla italiana acogió la mayoría de los inmigrantes que han desembarcado en Italia este año. En total, desde enero hasta el 24 de noviembre, 151.382 personas llegaron a las costas italianas, mientras que en el mismo periodo del pasado año fueron 94.343 (por Lampedusa pasaron 100.000 inmigrantes en los últimos diez meses).

En cuanto a la externalización de la inmigración en el Reino Unido, es decir, las prácticas mediante las cuales el país traslada aspectos de su gestión migratoria a otros países o entidades, incluyen la iniciativa de poner en marcha centros para inmigrantes en el extranjero y acuerdos con otros países. Concretamente, una de las intenciones del Gobierno de Rishi Sunak es enviar a Ruanda a los inmigrantes que crucen de forma ilegal el canal de la Mancha, incluso a los solicitantes de asilo, como una forma, según su Ejecutivo, de disuadir a los inmigrantes de hacerse a la mar en esa peligrosa travesía que a lo largo de los años ha costado muchas vidas.

La medida, que fue anunciada en abril del año pasado, fue declarada ilegal el pasado 15 de noviembre por el Tribunal Supremo, pero el Gobierno ya está buscando una nueva vía para poder ponerla en marcha. De hecho, al conocerse el fallo, Sunak avanzó que introducirá una legislación de emergencia para garantizar que su plan para Ruanda funcione y advirtió que «los vuelos partirán en primavera, tal y como estaba previsto». Además, defendió que está trabajando en un «nuevo tratado internacional» con el país que demuestre que es un destino seguro y que ofrece garantías jurídicas para proteger a cualquier solicitante de asilo de la expulsión.

Para Jeff Crisp, que forma parte del área de Derecho Internacional del 'think tank' Chatam House, «la externalización impide que las personas ejerzan su derecho a solicitar asilo, las pone en riesgo de sufrir otras violaciones de derechos humanos y les inflige graves daños físicos y psicológicos». House menciona a Moldavia, Marruecos o Papúa Nueva Guinea como «otros destinos a los que el Gobierno británico ha considerado» para «enviar solicitantes de asilo una vez que han llegado al Reino Unido o han sido interceptados en su camino hacia aquí».

En opinión de Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, «en lugar de subcontratar nuestro compromiso internacional de brindar refugio seguro a quienes huyen para salvar sus vidas, incluidas personas de Afganistán y Sudán, deberíamos centrarnos en operar un sistema de asilo ordenado, humano y justo, y en expandir rutas seguras hacia el Reino Unido».

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha realizado tres giras por África en busca de fórmulas de «deportaciones masivas» y de países que se presten a servir de retén y puedan ser subcontratados para gestionar el asilo. El acuerdo de la 'coalición semáforo' contenía esta posibilidad para algunas excepciones, y Scholz trabaja en una generalización del principio.

Durante la reciente visita de Meloni a Berlín, Scholz ha reconocido que sigue de cerca su proyecto con Albania y se ha dicho «abierto» a una política de ese tipo. El canciller ha llegado a un primer acuerdo con Nigeria, que ha aceptado una ampliación de los centros de migración anteriormente fundados, con el fin de que realicen una tarea de recepción de los deportados, facilitando su reinserción en el país o su viaje de vuelta a casa.

A finales de octubre, la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, viajó a Marruecos para abordar las deportaciones de inmigrantes. Por esas fechas, en Abuya, Scholz se reunió con el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, que se comprometió a aceptar a cuantos nigerianos lleguen. De los casi 14.000 solicitantes de asilo que deberían abandonar Alemania en dirección a Nigeria, alrededor de 12.500 carecen de documentos de identidad.

Aunque Tinubu aseguró que no exige contraprestación alguna por estos centros, que funcionarán como proyecto piloto, es evidente que Scholz hace estos viajes con una cartera de inversiones bajo el brazo. El Centro de Lengua Alemana para el Empleo, la Migración y la Reintegración de Lagos, originalmente pensado para preparar a emigrantes nigerianos con destino a Alemania, recibe ya a solicitantes de asilo que probaron suerte pero tuvieron que regresar. La Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) crea el centro y el Ministerio de Trabajo de Nigeria lo gestiona. La inversión es conjunta.

El canciller alemán acaba de llegar además a un acuerdo con los presidentes de los Bundesländer para «examinar si en el futuro el estatus de protección de los refugiados puede determinarse también en países de tránsito o en terceros países». Las solicitudes de asilo para Alemania se efectuarían en centros fuera de la UE, que bien podrían ser los asentados como receptores de deportados. Quienes ingresen ilegalmente en el país podrían ser enviados a ellos. El Ministerio de Interior se ocupa de este proyecto.

Se trata de una idea defendida por figuras políticas como el presidente regional de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst; el presidente regional verde de Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann; y también por destacados miembros del FDP. Los diputados socialdemócratas Lars Castellucci, Frank Schwabe y Fabian Funke la han presentado ante el Bundestag: «El tercer país se compromete a aceptar un número determinado de personas que hayan entrado irregularmente en la UE y a tramitar las solicitudes de asilo. Si la decisión es positiva, se garantizará un viaje seguro a la UE mediante cuotas».

Se implicaría a organizaciones como ACNUR para garantizar los derechos de los afectados. En un congreso celebrado este mismo mes, la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Baden-Württemberg se ha pronunciado a favor de abolir en Alemania el derecho individual de asilo, que sería sustituido por cuotas de admisión, y a favor de la externalización de los procedimientos.