A España le interesa que estén todos en las Cumbres Iberoamericanas

De ganar las elecciones generales de este año, Feijóo acudirá junto con el Rey a la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, que se celebrará a finales de 2024 en Ecuador. Es interés prioritario de España velar por la salud de la organización misma, como han hecho todos los gobiernos del PSOE y del PP.

España puso en marcha esta iniciativa en 1991 y la consolidó en 2005 con la creación de una secretaría permanente en 2003; esa Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) tiene su sede en Madrid. España corre a cargo con el 60% de las cuotas que pagan los estados miembros; los otros 21 países cubren el 40% restante (el presupuesto de cuotas obligatorias para 2022 fue de 7 millones de euros, aunque la actividad final de la organización es más ambiciosa, pues todos los programas de cooperación adscritos supusieron un gasto de 49,5 millones de euros).

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No es que quien paga manda (la organización se habría roto si se hubiera percibido un deseo español de imponerse sobre los demás), sino que paga notoriamente más aquel al que estratégicamente más le importa que el sistema continúe. Así ocurre, por ejemplo, con las cuotas de Estados Unidos en la ONU, la OEA o el BID: Washington puede sentirse incómodo en la multilateralidad, pero le interesa la buena marcha de esas entidades, que no en vano tienen su sede en la capital estadounidense.

A España le interesa un foro institucional en el que estén todos los países iberoamericanos (la Cumbre también incluye a Portugal y Brasil); incluso aquellos que cuentan con regímenes autoritarios, como sucede en la relación del Reino Unido con toda la Commonwealth, en la que históricamente ha habido algunas expulsiones temporales, pero en general se ha aplicado cierta laxitud en términos políticos. En su deseo de poder tener un papel de mediador, con cierta ascendencia, España normalmente no se cierra las puertas a mantener una interlocución directa y, cuando menos, respetuosa con todos los gobiernos nacionales.

De todos modos, en esto la senda que debe caminar la diplomacia española es estrecha. Obviar, sin más, la grave vulneración de los principios democráticos y de los derechos humanos en la que incurren determinados gobiernos perjudica a toda la región latinoamericana y a la propia organización. Si el presidente de izquierda de Chile arremetió en la cumbre de Santo Domingo contra el nicaragüense Daniel Ortega, ¿por qué no podía hacerlo de igual manera Pedro Sánchez? El régimen de Ortega y su esposa Rosario Mudillo ha traspasado tantos límites, que hasta ellos mismos deben de asumir a estas alturas que se les critique abiertamente. Todos recordamos el «¿Por qué no te callas?» que el Rey Juan Carlos I le espetó a Hugo Chávez en la cumbre de 2007 y que sirvió para poner en su sitio al venezolano, sin que eso dañara sustancialmente las relaciones entre los dos países.

Cómo mantener abiertos ciertos puentes y a la vez gozar de liderazgo moral —y efectivo— en la región es el gran reto de España. En cualquier caso, si bien no a un precio desmesurado, la continuidad de las citas de la Cumbre Iberoamericana es un bien importante para España, pues constituye la única organización internacional que específicamente estrecha los vínculos de la Península con América.

Los países latinoamericanos ya tienen otros foros en los que reunirse, de modo que si prevén que van a ser duramente criticados les basta con no acudir a alguno de ellos. Comenzadas ya las Cumbres Iberoamericanas, Bill Clinton impulsó en 1994 la Cumbre de las Américas, para una mayor vinculación de Estados Unidos con la región; luego surgió la CELAC en 2011, promovida por México y Brasil para evitar la presencia de Estados Unidos, y donde tampoco está España. Esos foros han tenido una salud diversa. También las Cumbres Iberoamericanas tuvieron un momento de crisis y a partir de 2014 pasaron a ser bienales. A lo largo de estos 32 años se han celebrado 28 ediciones; su celebración misma cubre una parte importante de los objetivos de España.