Escándalo en Italia por un caso de espionaje de piratas informáticos: «Es un peligro para la democracia»

La banda de piratas informáticos de Equalize disponía de 800.000 expedientes de los archivos del Ministerio del Interior. Según la Fiscalía, el expolicía Carmine Gallo, administrador delegado de Equalize, y su mano derecha, el técnico informático Samuele Calamucci, consiguieron incluso expedientes de la Agencia de Información de Seguridad Interna (AISI, los servicios secretos). Gallo y Calamucchi se encuentran en arresto domiciliario, acusados de asociación para delinquir por acceso ilegal a sistemas informáticos.

Se investiga también al propietario de la sociedad Equalize, Enrico Pazzali, presidente de la Fundación Feria de Milán, de 60 años, un directivo milanés relacionado con personas de alto nivel, entre ellas el presidente del Senado, Ignazio La Russa, del que era amigo. Pero esta amistad no fue óbice para que Pazzalli ordenara elaborar informaciones sobre La Russa, la segunda autoridad del Estado, y acerca de uno de sus hijos. Equalize había interceptado, incluso, «una dirección de correo electrónico del presidente de la República Mattarella», escribe en la investigación el fiscal de Milán, Francesco De Tommasi. El centro de espionaje de Equalize, situado a pocos pasos de la catedral de Milán, utilizaba los documentos en su poder con fines de chantaje o para elaborar nuevos expedientes con el fin de venderlos al mejor postor, sin excluir a los servicios de Inteligencia extranjeros.

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El fiscal Francesco de Tommasi ha calificado la actividad de Equalize de «un peligro para la democracia». El magistrado ha hecho ver la gran dimensión del escándalo y hasta qué punto era peligrosa esta «máquina de espionaje»: «No es exagerado decir que se trata de sujetos que representan un peligro para la democracia de este país, capaces de atenazar a los ciudadanos y las instituciones».De Tommasi ha subrayado que la agencia de detectives Equalize podía «condicionar» la dinámica empresarial y los procedimientos públicos, incluidos los judiciales, mediante «actividades abusivas de expedientes, la creación de bases de datos paralelas prohibidas y la circulación indiscriminada de información sensible». De «amenaza para la democracia» habla también el vicepresidente, Antonio Tajani: «La información puede ser utilizada por nuestros enemigos desde un punto de vista geoestratégico». No se descarta que algunos informes elaborados por Equalize hayan acabado en el extranjero.

Con el gigantesco archivo y los medios técnicos que tenía en sus manos, la banda de piratas informáticos consideraba que podían espiar a todo el Parlamento y a las instituciones regionales. Según la investigación de la Fiscalía, la banda era capaz de «eludir la alerta prevista para los diputados, senadores y consejeros regionales», y también los dispositivos colocados para proteger la base de datos de la Policía. La red de espionaje tenía relaciones con «servicios secretos y clanes mafiosos, un riesgo para la seguridad nacional», según la Fiscalía de Milán.

En una conversación telefónica interceptada, el ingeniero pirata Samuele Calamucci aseguraba: «Contactos entre los servicios secretos desviados y los servicios de Inteligencia serios, los tenemos». No es de extrañar que Calamucci presumiera del poder de la banda: «Tenemos oro en nuestras manos. Con los informes que disponemos, podemos fastidiar a toda Italia [...] Tenemos el servidor en Londres porque, si lo haces en Italia, nos ponen las esposas, ese es nuestro secreto». En definitiva, se trata de un «cuadro alarmante -escribe la Fiscalía-, porque las acciones cometidas ponen en peligro los intereses vitales de las instituciones y de la colectividad».

Entre los políticos espiados por la sociedad de detectives de Milán está el ex primer ministro Matteo Renzi, hoy senador: «En un mundo donde los datos son el nuevo petróleo -ha dicho Renzi-, debemos tener la valentía de afirmar que se trata de un delito gravísimo». A la sociedad Equalize se habría dirigido el empresario Leonardo Maria Del Vecchio (hijo del fundador de Luxottica), ahora investigado, que supuestamente pidió ayuda a los detectives para desacreditar a su hermano Claudio y espiar a su novia. Recientemente, se descubrieron otros tres casos muy llamativos de piratería informática.

En uno de ellos, el protagonista es Vicenzo Coviello, empleado de la Banca Intesa, que durante dos años espió las cuentas corrientes y cartas de crédito de miles de personas, entre ellas, Meloni y su hermana Ariana, y el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

La primera ministra ha dicho que «el espionaje, en el mejor de los casos, constituye un delito de chantaje y extorsión pero, en el peor, es subversión. Un Estado de derecho no puede tolerar esto. Espero que el poder judicial llegue al fondo del asunto». Meloni ha prometido un decreto del Gobierno para blindar las bases de datos y penas más severas para el espionaje ilegal. El conocido exmagistrado Giancarlo Casselli, con una larga carrera realizando delicadas investigaciones sobre la mafia, ha declarado a la Stampa: «Estos datos robados valen una fortuna. Imposible no hablar de la mafia. Las organizaciones criminales operan a niveles más sofisticados que en el pasado. Hoy en día los negocios se hacen a varios niveles, las distintas asociaciones colaboran y no pelean entre sí».