Trump: la difusa frontera entre gobierno y partido político

En un país con la Constitución más antigua del mundo (1787), los posibles abusos por quien ejerce el poder se miran con lupa. Los detractores del presidente le acusan de violar la Ley Hatch , una norma con más de ochenta años que busca precisamente impedir que se aproveche el gobierno federal para actividades políticas de partido. Esta norma fue aprobada en 1939, en la era de Franklin D. Roosevelt , para atajar la corrupción tras conocerse que los programas del «New Deal» se utilizaban para promover a los candidatos demócratas en las elecciones de 1938.

La ley limita las actividades políticas de los empleados de la Administración federal, así como de funcionarios estatales y locales que trabajan con fondos federales. Se prohíbe, por ejemplo, usar los cargos oficiales en actividades políticas o pedir, aceptar o recibir donaciones para un partido o candidato. Se trata, en definitiva, de asegurar que los programas federales no se emplean con propósitos partidistas y proteger a los empleados federales de la coerción política. Ni al presidente ni al vicepresidente se les aplica esta norma. El cumplimiento de la ley Hatch depende de una agencia independiente, la Oficina del Consejero Especial. Aunque su vulneración puede ser motivo de despido, esta medida depende del propio presidente.

En el pasado tanto demócratas como republicanos la han infringido. La citada agencia supervisora determinó en 2011 que la Administración de George W. Bush usó su Oficina de Asuntos Políticos como si fuera una extensión del Comité del Partido Republicano. Al año siguiente denunció que la entonces secretaria de Salud, Kathleen Sebelius , abogó en un acto, estando en ejercicio del cargo, por un candidato a gobernador y por que Barack Obama siguiera como presidente cuatro años más. En 2016 la Oficina del Consejero Especial señaló al secretario de Vivienda de Obama, Julián Castro , por respaldar la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia.

Un hermano de Castro, Joaquín, y otros demócratas acusan ahora a la Administración Trump de violar la ley Hatch . Desde la Casa Blanca se responde que no se han empleado fondos federales ni funcionarios para organizar los actos en la residencia presidencial ni la declaración de Pompeo.

Ahora bien, no se trata solo de leyes. A juicio de Ernesto Pascual , doctor en Ciencia Política de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Trump ha «dinamitado» algunas «reglas no escritas» de la democracia estadounidense, como «la tolerancia mutua entre los partidos» y la «contención institucional», es decir, el «autocontrol» para «evitar acciones que aunque sean legales vulneran el espíritu de la ley».

Daniel Ureña , presidente del Hispanic Council, destaca por su parte que «todos los presidentes han usado en mayor o menor medida los símbolos de la presidencia para conseguir la reelección; es lo que se conoce desde décadas como “The Rose Garden Strategy”», en alusión a la célebre rosaleda de la Casa Blanca.

En opinión del responsable de este think tank , la intervención de Pompeo desde Jerusalén fue «un gran golpe de efecto para reforzar las medidas el traslado de la Embajada de EE.UU. a esta ciudad y el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos promovido por la Casa Blanca». «En España precisamente no podemos dar muchas lecciones sobre cómo no utilizar los recursos públicos para fines partidistas», apunta.

En nuestro país es habitual que los cargos públicos participen en actos electorales, pero la Junta Electoral Central vigila que no se utilicen los recursos públicos en las campañas. En la última sancionó a Pedro Sánchez por realizar una entrevista con La Sexta en La Moncloa (en la imagen).