El suspense en las elecciones de EE.UU. revive la batalla de Florida que en 2000 dio la victoria a Bush

En 7 de noviembre de 2000 los 25 compromisarios en juego aquel año en el estado del sol se presentaban claves para determinar si el nuevo presidente de EE.UU. sería el hasta entonces vicepresidente con Bill Clinton , el demócrata Al Gore , o el gobernador de Texas, George W. Bush . En el sistema de voto indirecto que rige en el país, no se proclama ganador el candidato que obtiene la mayoría en el voto popular, sino el que reúne más votos electorales de los compromisarios que aporta cada estado al llamado Colegio Electoral , y ese año el ajustado resultado de Florida iba a inclinar la balanza a uno u otro.

En aquella noche electoral de hace 20 años, las cadenas de televisión se apresuraron a proclamar ganador en el estado a Al Gore poco después del cierre de los centros de votación, basándose en las encuestas a pie de urna y en la extrapolación de unos cuantos distritos de muestra, un método que se demostraría falto de rigor. Junto con los resultados que llegaban de Pensilvania y Míchigan, el demócrata era anunciado en las pantallas como nuevo presidente. Sus seguidores rompieron a celebrarlo.

Sin embargo, desde la campaña de Bush empezaron a llamar a los medios para advertir de que en Florida no estaba todo el pescado vendido. Las televisiones apuntaban ahora a Bush como posible ganador y en la mañana del 8 de noviembre, como también sucedía ayer, EE.UU. se despertaba sin saber quién ocuparía la Casa Blanca los cuatro años siguientes.

Entonces la secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris , próxima al hermano del candidato republicano Jeb Bush , proclamó vencedor al texano en ese territorio. Incluso el propio Al Gore le felicitó por el triunfo. Pero la historia no iba a acabar ahí, ni mucho menos.

El conteo de votos redujo la diferencia entre los dos candidatos a un puñado de papeletas y el aspirante demócrata retiró su concesión de la victoria a George Bush y pidió un nuevo recuento en una serie de condados. La campaña de Bush se oponía.

Se desató una batalla legal que se prolongó durante cinco semanas y en la que afloraron las deficiencias del sistema, como el empleo de las confusas papeletas mariposa empleadas en el condado de Palm Beach, en las que el votante debía perforar la cartulina para indicar a qué candidato escogía pero en las que acababa marcando a veces a otro. Miles de ellas fueron desechadas.

Un tribunal de Florida dio a la razón a los republicanos y rechazó volver a contar los votos, pero el Supremo del estado le enmendó la plana. Entonces los partidarios de Bush recurrieron ante el Tribunal Supremo de EE.UU., que el 9 de diciembre ordenó paralizar el recuento manual que se había puesto en marcha ante el daño irreparable que se podía causar a Bush, en una resolución que obtuvo voto favorable de siete magistrados y el rechazo de los otros dos. En otra votación, por cinco a cuatro, el máximo tribunal rechazó que se pudiera adoptar un método alternativo de recuento a propósito. Días después, Al Gore reconoció de manera definitiva la victoria de George W. Bush, que se convertiría así en el cuadragésimo tercer presidente de EE.UU.

La situación dos décadas después evoca lo sucedido entonces. En medio de la incertidumbre sobre el resultado electoral, con varios de los estados clave todavía pendientes de adjudicar a uno u otro candidato, Donald Trump se declaró ganador y advirtió que acudiría al Supremo para poner freno al recuento de voto ante lo que consideró un «fraude al pueblo estadounidense». «Iremos al Tribunal Supremo. Queremos que pare todo el proceso de votación», señaló en una comparecencia desde la Casa Blanca.

A nadie se le escapa que el Supremo cuenta en la actualidad con una holgada mayoría conservadora, consolidada con los tres magistrados que ha nombrado el propio Trump a lo largo de sus cuatro años de mandato. La última incorporación, la de Amy Coney Barrett , se produjo el pasado mes de octubre y generó precisamente una fuerte polémica por la celeridad con que el presidente quiso que se sustituyera a la fallecida Ruth Bader Ginsburg , un icono progresista.

Los demócratas criticaron que Barrett accediera alSupremo antes de las elecciones, sin esperar a que se conociera quién será presidente desde enero ni la composición del Senado, ahora de mayoría republicana. Los magistrados ocupan su puesto de manera vitalicia.

No obstante, la controversia se acabó volviendo en contra del propio Joe Biden , ya que el ala izquierdista del Partido Demócrata empezó a presionar para que, en caso de ganar las elecciones, se ampliara el Supremo de manera que se pudiera revertir la mayoría conservadora.