Las elecciones de 2024 en EE.UU. y México auguran roces políticos entre los dos países

Hace ocho años, Donald Trump presentó su candidatura a la Casa Blanca acusando a los mexicanos de violadores y pronto propuso su idea de construir un muro; en paralelo, Andrés Manuel López Obrador basó mucho de su campaña presidencial en pedir «respeto» a su vecino del norte. Hoy algunos republicanos buscan ganar perfil como candidatos utilizando de nuevo a México, esta vez apuntando más al narcotráfico que propiamente a la inmigración, por la epidemia de muertes por sobredosis de opiáceos que sufre EE.UU.; en el sur, López Obrador y sus posibles sucesores como candidatos de Morena, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard, miran también al electorado al responder con fuerza las «provocaciones» de sus vecinos.

La desaparición de cuatro residentes de Carolina del Sur que acudieron a Matamoros, ciudad mexicana cercana a la frontera, para acompañar a una amiga que iba a someterse a una cirugía estética, atrajo la atención de los medios estadounidenses y obligó al Gobierno de López Obrador a una amplia movilización de las fuerzas de seguridad, la cual no se habría realizado si se hubiera tratado de nacionales, en un país con 100.000 desaparecidos y un alto nivel de homicidios. Dos de los estadounidenses fueron hallados con vida y dos aparecieron muertos. Ante el revuelo diplomático, una facción del cartel del Golfo pidió perdón por lo sucedido y entregó a cinco hombres acusándoles de haber actuado por su cuenta.

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Lo ocurrido dio publicidad a una iniciativa legislativa introducida en el Congreso de Washington en enero por dos republicanos, uno de Texas y otro de Florida, que pide tratar a los carteles como grupos terroristas y utilizar al Ejército de EE.UU. para combatirlos, incluso en territorio mexicano. A la iniciativa se sumó una de las principales voces republicanas en el Senado, Lindsay Graham, senador precisamente por Carolina del Sur. Graham acusó a López Obrador de no evitar que desde México se esté «envenenando» a la población estadounidense con la introducción de opiáceos como el fentanilo, una droga que en 2022 causó más de 100.000 muertos por sobredosis en EE.UU., y advirtió: «Usted nos está dejando sin más opciones», «vamos a desatar la furia y el poderío de Estados Unidos contra esos carteles». Por su parte, William Barr, fiscal general con Trump, comparó a los carteles con el Daesh y defendió la intervención de EE.UU. en México para combatirlos.

La respuesta de López Obrador fue también contundente: «No somos un protectorado ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente y soberano. No necesitamos órdenes de nadie». También el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que México «nunca permitirá que se viole su soberanía», y poco después marchó a EE.UU. a insistir en ello.

Previamente, contra toda evidencia, López Obrador había negado que en México se produjera fentanilo. Con ello desconsideraba un informe de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que en noviembre aseguraba que «la mayor parte del fentanilo que trafican el cartel de Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación ha sido producido en masa en factorías secretas en México con productos químicos provenientes principalmente de China».

La grave crisis de opiáceos en EE.UU: ha sensibilizado a la opinión pública de ese país sobre el narcotráfico, dirigiendo muchas veces el dedo acusador hacia México y olvidando que una parte importante del problema está en la demanda, como advierten los mexicanos. La cercanía electoral, con su largo ciclo de primarias, está suscitando una mayor atención al problema por parte de la clase política, especialmente en estados fronterizos o en contacto con los flujos migratorios. Posiblemente el senador Graham no hubiera reaccionado de forma tan áspera si el secuestro y asesinato en Matamoros no hubiera sucedido a electores de su estado.

Tempranos candidatos republicanos a la Casa Blanca, como Asa Hutchinson, exgobernador de Arkanasas, y el empresario Vivek Ramaswamy, han buscado protagonismo los últimos días defendiendo etiquetar a los carteles como grupos terroristas. El pasado viernes una nueva iniciativa en la Cámara de Representantes planteaba ese asunto, promovida por otro republicano de Texas y al parecer con el apoyo de algunos demócratas. La dirección demócrata, no obstante, no estaría de acuerdo, pues considera que el señalamiento como terroristas no añadiría nada en la lucha antinarcóticos, como ha señalado el senador Bob Menéndez.

Lo que se debate, en realidad, es doble. Un aspecto es la «etiqueta» que se da a los carteles, algo que tal vez un día llegue a ocurrir, aunque políticamente sería difícil sin la aceptación previa por parte del Gobierno de México. El otro aspecto –que el Ejército estadounidense llegue a realizar operaciones en territorio mexicano contra esos carteles declarados terroristas– no es planteable, y es natural que su sola mención provoque indignación en México. Cabe un espacio de estrecha colaboración operativa, pero roces como los de esta última semana permiten a López Obrador reafirmarse en su rechazo a contar con agentes de la DEA en suelo mexicano.