Ecuador: tensión política por la fase final del juicio político a Lasso

El proceso ha tensado el ambiente político del país, por los rumores de que Lasso podría disolver el Congreso, aplicando la «muerte cruzada». Una figura constitucional que faculta al Ejecutivo mandar a su casa a los 137 legisladores para él gobernar por decreto, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un plazo de siete días, debe convocar a elecciones para conformar una nueva Asamblea y elegir presidente de la República.

Pero observadores consideran que se trata solo de un anuncio que intenta disuadir a los legisladores a no votar en su contra, a sabiendas de que la impopularidad de los asambleístas (93% de los ecuatorianos desaprueba su trabajo) les impediría a volver a ser elegidos. Y porque la «muerte cruzada» debe pasar el control de la Corte Constitucional.

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Si la Asamblea Nacional destituye a Lasso lo reemplazará el vicepresidente, Alfredo Borrero, quien estará en el poder los dos años que le faltan para completar el período de cuatro años para los que fueron elegidos. Si se salva, podrá seguir gobernando, aunque la oposición no le dará tregua.

Sus dos mayores detractores son Rafael Correa, expresidente prófugo, que tiene una sentencia por cohecho agravado, y Jaime Nebot su exaliado de campaña devenido en enemigo político, así como el presidente de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.

La definición del juicio político se produce en momentos que el mandatario ecuatoriano tiene las más bajas cifras de aprobación, tras sufrir una seria derrota en la consulta popular del 5 de febrero pasado, mientras que al correísmo opositor le supuso una victoria.

Los delitos que imputan a Lasso

Los acusadores señalan que el presidente Guillermo Lasso tuvo conocimiento de los malos manejos y perjuicios para el Estado que suponía un contrato firmado por la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) con la empresa Amazonas Tankers, pero los abogados del primer mandatario han demostrado que los contratos fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) y que los funcionarios de Lasso pidieron un análisis de la Contraloría (juez de cuentas) y acogieron sus recomendaciones. Sin embrago, el juicio entra, este martes, en la fase definitoria y podría terminar con el gobierno de Guillermo Lasso.