Drones-bomba y fábricas de fusiles, la escalada bélica del Comando Vermelho

«Es la realidad, este estado de Guerra que la gente vive en Río de Janeiro», admitió el propio secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Victor Santos, sobre la gravedad del escenario en que los criminales utilizaron drones lanzando artefactos explosivos contra los policías y la población durante la ofensiva.

Según una investigación basada en planillas del traficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, alias 'Da Roça', gastó unos 800.000 euros en armas de alto calibre y en una nueva táctica que usa drones comerciales, de bajo coste, adaptados para lanzar artefactos explosivos, como ocurrió el martes con riesgo para la policía y para la población.

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Esa estrategia habría sido copiada de conflictos como la guerra de Ucrania y la franja de Gaza, y expone un nuevo nivel de sofisticación de la facción. El arsenal, de nivel de guerra, incluye además cámaras termográficas para monitorizar objetivos y bloqueadores de GPS que la policía brasileña, sin esos recursos ni presupuesto de guerra, no tiene en sus cuarteles.

La capacidad de fuego del CV y otras facciones se alimenta también de un cambio en la cadena de suministro de armas. Antes dependientes en gran medida de desvíos de las propias fuerzas de seguridad o de armas ilegales del exterior, ahora el crimen organizado habría desarrollado, según la prensa local, fábricas clandestinas de fusiles, que operan con tecnología de punta, como impresoras 3D industriales que trabajan con metal y producen piezas a gran escala.

Ese fenómeno ha sido facilitado por la flexibilización de las reglas de control de armas en los últimos años, lo que impulsó la proliferación de fábricas de piezas y municiones estimulada por el expresidente Jair Bolsonaro, que tuvo su campaña financiado por la empresa Taurus, una marca brasileña de armas. Esa política se opuso a la estrategia de los Gobiernos de Lula da Silva, que lideró una campaña contra el desarme en su primera gestión, pidiéndole a los brasileños que entreguen las armas que tenían en casa.

El resultado de esas políticas ha sido un crimen organizado diversificado que no solo vive del narcotráfico, sino que movió cerca de 147.000 millones de reales (más de 27.000 millones de euros) en 2022 en mercados ilegales como el oro, combustibles y tabaco, en una guerra asimétrica con las fuerzas de seguridad, como se comprobó esta semana.

La historia del Comando Vermelho se remonta a la década de 1970, cuando presos políticos se mezclaron con presos comunes en la cárcel de Ilha Grande. El grupo inicialmente se llamó la Falange de Seguridad Nacional y fue fundado en el interior de los presidios de Río de Janeiro.

La convivencia en la cárcel llevó a los presos comunes a adquirir nociones de organización y de lucha por los derechos, primero enfocadas en las malas condiciones carcelarias que enfrentaban. Posteriormente, la banda se reorientó al crimen, utilizando el dinero de asaltos a bancos para invertir en el naciente negocio de la cocaína colombiana a principios de los años 80. Con el tiempo, la necesidad de proteger las mercancías ilegales ha forzado a la facción a armarse.