Dos años después, la rebeldía sigue viva en Cuba

La ONG Prisoners Defenders (PD) estima que entre 5.000 y 8.000 personas resultaron arrestadas como consecuencia de las históricas protestas. El país estaba en pie de guerra, la militarización en las calles lo evidenciaba.

El terror expuesto en los meses siguientes, en los que el régimen incluso impidió la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre de 2021 –liderado por Yunior García, luego exiliado en España–, quebró la inocencia de muchos que aún se consideraban revolucionarios; y radicalizó a aquellos que confiaban en un posible cambio desde el poder.

Desde entonces, alrededor de medio millón de cubanos han salido del país, muchos de ellos huyendo de la 'cacería de brujas' por su participación en las manifestaciones. Ha sido el peor éxodo migratorio en Cuba desde 1959.

Después de dos años, la ONG CubaLex registra al menos 679 personas privadas de libertad sólo por su participación en las protestas del 11–J. Por su parte, PD documenta la cifra récord de 1.037 presos políticos, quienes han padecido condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad «sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica».

Según PD, «todos los presos de conciencia y/o políticos son torturados inmisericordemente, cada día». Sufren de privación del sueño y de atención médica, trabajos forzados, confinamientos en solitario, agresiones físicas, y amenazas a su integridad y seguridad, tanto la de los reos como la de sus familias.

Del total de presos, 214 han sido acusados de «sedición» y al menos 207 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno. También se cuentan 35 menores de edad, 18 de los cuales están siendo procesados o han sido ya condenados por «sedición». La pena media de estos menores es de 5 años de privación de libertad, «un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del 11–J, los adultos en prisión política».

Tras el 11–J, las autoridades dictaron varias regulaciones con el objetivo de generar un efecto inhibitorio en la sociedad que evitara otras protestas; incluso se impuso un nuevo Código Penal más abusivo y terrorífico, por el cual los periodistas independientes podrían ser condenados con hasta 10 años de cárcel por supuestamente recibir financiamiento del exterior.

El éxodo masivo, los más de mil presos políticos y la represión ha provocado una situación en la que el régimen ha logrado controlar y aplastar cualquier manifestación de descontento ciudadano. A su vez, la oposición y la sociedad civil se ha debilitado, la mayoría de los líderes están presos o en el exilio, y el resto sobrevive bajo acoso constante.

Solamente en los últimos doce meses, PD ha registrado 246 nuevos presos políticos en Cuba. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) entre enero y junio de 2023 ha documentado al menos 7 445 acciones represivas vinculadas con el ejercicio de derechos civiles y políticos, de las cuales 1.845 han sido detenciones arbitrarias.

Sin embargo, «la rebeldía ciudadana que inició el 11-J continúa viva», afirma CubaLex. Y los datos lo corroboran. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, entre 2021 y 2022 tuvieron lugar en la isla 7.223 protestas (individuales y colectivas) y, en lo que va de año, la cifra asciende a más de 2.500, muchas de ellas han sido resultado de la grave crisis económica por la que atraviesa el país.

Para la directora de Cubalex, Laritza Diversent, esto demuestra que las herramientas de represión no han sido totalmente efectivas. «Hemos visto que ha aumentado la conciencia ciudadana de que es al Gobierno al que hay que exigirle respuestas. Es este aumento de una ciudadanía más consciente de sus derechos lo que nos da esperanzas. Poco a poco se ha ido perdiendo el miedo», aseguró la abogada a ABC.

Dos años después del 11–J, persisten las condiciones sociales que propiciaron esas masivas protestas, con excepción de la pandemia: crisis económica cada vez peor, falta de medicamentos e insumos básicos, hambre, miseria, inflación, cortes de electricidad, y también aumento de la violencia y la desesperación de la población.

Yaxys Cires, director de estrategias del OCDH, afirma que el régimen cubano está cada vez más carente de legitimidad y representatividad, y «se mantiene por la represión y la ausencia de canales políticos para que se exprese de manera libre la voluntad general».

La estrategia desde el poder, además de aumentar la represión, ha sido establecer alianzas con otros regímenes totalitarios como el de Rusia, China e Irán. Pese a esto, tanto Estados Unidos como la Unión Europea han implementado una apertura política y de negocios en la isla, confiando en que un supuesto empoderamiento económico desemboque en una transición democrática.