Dos activistas venezolanos son heridos a tiros en un atentado en Colombia

El suceso ocurrió en el norte de la capital colombiana cuando los activistas salían de su residencia. Tres individuos les dispararon desde un vehículo, hiriéndolos en las extremidades inferiores antes de huir. La Policía colombiana logró ubicar el coche usado en el ataque en una zona cercana, donde hallaron dos pistolas que habrían sido utilizadas en la agresión. Ambos heridos fueron trasladados a una clínica de Bogotá, donde permanecen estables.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y solicitó a la Fiscalía una investigación «pronta y exhaustiva». En un comunicado, recordó que Velásquez había acudido a esa institución para recibir acompañamiento en su trámite de protección internacional. «El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con respaldo y acompañamiento de las autoridades», señaló el organismo. También instó al Gobierno a garantizar la seguridad de quienes buscan asilo en el país.

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El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de X asegurando que «toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia es bienvenida, independientemente de sus ideas». Se limitó a decir que su Gobierno «ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país».

La líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, condenó el ataque y pidió una investigación «exhaustiva, transparente y urgente». En un mensaje publicado en X, denunció que se trata de «una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región». Machado recordó que Velásquez había escapado de un secuestro en Venezuela en agosto de 2024 y que ambos fueron perseguidos por su activismo.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, también se pronunció, instando a las autoridades a brindar protección inmediata a los activistas y a sancionar a los responsables. Diversas organizaciones venezolanas y colombianas de derechos humanos exigieron además garantías para los exiliados políticos.

El atentado ha reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los defensores venezolanos en el exterior, especialmente en Colombia, país que acoge a más de dos millones de migrantes de la nación vecina. Aunque el Gobierno de Petro ha prometido reforzar los mecanismos de protección, el caso de Velásquez y Peche evidencia la fragilidad del exilio para quienes continúan denunciando la represión de Caracas desde fuera de sus fronteras.

Por ahora, las autoridades colombianas mantienen la búsqueda de los tres presuntos implicados, mientras las víctimas se recuperan bajo vigilancia policial.

Este episodio recuerda al caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile en febrero de 2024, un crimen que conmocionó a la región y que sigue sin resolverse. La Fiscalía chilena reiteró el pasado jueves que existen «antecedentes claros» que vinculan a Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y número dos del régimen de Nicolás Maduro, con el secuestro y asesinato del exteniente disidente, y no descarta solicitar su extradición si logra «robustecer un poco más» las pruebas.

Ojeda, asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero en su domicilio de Santiago y hallado muerto diez días después, enterrado bajo un bloque de cemento en una localidad cercana. Según el fiscal chileno Héctor Barros, encargado de la investigación, «no hay dudas de que fue un crimen político». La hipótesis principal apunta a una operación dirigida desde Venezuela y ejecutada con apoyo del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional surgida en la cárcel de Tocorón, que ha extendido sus actividades por Colombia, Perú, Bolivia y Chile.

Tanto el atentado de Bogotá como el asesinato de Ojeda evidencian los riesgos crecientes que enfrentan los disidentes venezolanos fuera de su país.