El FBI efectúa un registro en la residencia de Trump en Florida

Las sospechas son que Trump hubiera podido retener documentos -incluido material clasificado- que debería haber entregado a los Archivos Nacionales, lo que supondría una violación de la Ley de Documentos Presidenciales. Esta ley exige la preservación de cartas, notas, informes, correos electrónicos y cualquier otra documentación escrita relacionada con el ejercicio de las funciones de presidente.

«Mi preciosa casa está ahora mismo bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI», aseguró Trump en un comunicado. «Esta redada no anunciada en mi domicilio no era necesaria ni apropiada», añadió sobre el registro, al que calificó de «utilización como arma del sistema judicial» y «ataque de los demócratas de extrema izquierda, que están desesperados para que no me presente a las elecciones presidenciales de 2024».

El Departamento de Justicia no dio información oficial sobre el registro, pero una operación de este tipo no podría haberse producido sin autorización judicial. Es decir, sin convencer al juez de que hay indicios creíbles sobre la comisión de un crimen que respaldan el registro.

REGISTRO EN MAR-A-LAGO

«Esta redada no anunciada en mi domicilio no era necesaria ni apropiada»

Donald Trump

Expresidente de EE.UU.

En el caso de un expresidente, y de una figura de tan algo calado político como Trump -que mantiene su poder y su influencia sobre el partido republicano-, es difícil pensar que se hubiera llevado a cabo sin el conocimiento de las instancias superiores del FBI y del Departamento de Justicia. Al frente del FBI está Christopher Wray, que fue nombrado por Trump después de que despidiera a su antecesor, James Corey, en medio de la investigación sobre la trama de la conspiración con agentes rusos en las elecciones de 2016, de la que quedó absuelto.

El expresidente es objeto de varias pesquisas en estos momentos. El Departamento de Justicia investiga su papel en el intento de evitar la certificación de Joe Biden como ganador de las elecciones de 2020 -en las que Trump perdió- y en el asalto al Capitolio del 6 de enero del año pasado, además de otras investigaciones estatales: en Georgia, por sus presiones al secretario de Estado de dar la vuelta al resultado electoral en aquel estado; y en Nueva York, donde hay en marcha un proceso civil contra su compañía -la Trump Organization- por un trama de supervaloración de sus activos.

En el caso de los documentos sacados de la Casa Blanca, los Archivos Nacionales exigió durante meses a Trump que devolviera quince cajas con materiales que se llevó a Mar-a-Lago. Solo lo hizo cuando fue amenazado con acciones legales si no efectuaba la entrega.

Está por ver si el registro tiene que ver con materiales que se quedó Trump -que fue acusado durante su presidencia de gestionar sus documentos de forma incorrecta-, si son por otra investigación y por qué tienen interés para los investigadores.

De lo que no hay duda es de que el registro será utilizado de forma política por todas las partes, a pocos meses de las elecciones legislativas y con las primarias presidenciales de 2024 a la vuelta de la esquina. El líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, denunció que el Departamento de Justicia «ha llegado a un punto intolerable de utilización política» y amenazó al fiscal general, Merrick Garland, con represalias: «Fiscal general Garland, guarde sus documentos y haga hueco en su calendario». Aludía a una posible investigación a Garland una vez que los republicanos, como espera McCarthy y como apuntan las encuestas, recuperen la cámara baja este otoño.

Trump no tardó en utilizar el registro para pedir a sus votantes contribuciones monetarias para su campaña electoral. «Esto no es un simulacro: decisión sin precedentes, el FBI de Biden efectúa una redada en la casa del presidente Trump. Es hora de recuperar el Congreso», decía un SMS a sus millones de seguidores.