El documento clave que justificó el registro a Trump, en poder del juez

Bruce Reinhart, para que autorizara la operación en Mar-a-Lago, el club privado y residencia del expresidente de EE.UU. en la costa de Florida.

Esos documentos sirven para explicar qué indicios hay que justifican la orden de registro y, si se publica el relativo a este caso, abriría una ventana sobre qué papeles buscaban los agentes del FBI, cuál era el objetivo del registro y qué importancia tenía para merecer una visita sorpresa a la casa de un expresidente, algo nunca ocurrido en EE.UU.

El juez Reinhart ya aprobó la semana pasada la publicación de la orden de registro, después de que así lo solicitara el fiscal general, Merrick Garland.

La entrada del FBI en la mansión de Trump provocó una tormenta política -una más- alrededor del multimillonario neoyorquino, en la que el expresidente y sus aliados republicanos acusaron al FBI y al Departamento de Justicia de «persecución política».

Garland, presionado por el escándalo, dio el paso infrecuente de comparecer para hablar de un caso, criticar los ataques a su departamento, decir que la naturaleza de la investigación le impedía dar cualquier detalle sobre la misma y anunciar que solicitaría la publicación de la orden de registro, a lo que después accedió el juez.

En ella se comprobó que los investigadores incautaron en casa de Trump once juegos de documentos con material clasificado, después de meses de exigencias de los Archivos Nacionales para que los devolviera. Según la ley estadounidense, todos los documentos que pasan por el presidente en ejercicio de sus funciones deben ser archivados para su preservación. Trump se llevó decenas de cajas con documentos y materiales a Mar-a-Lago y los Archivos Nacionales acabaron por derivar el caso al Departamento de Justicia.

Entre los materiales clasificados recuperados por los agentes había documentos de alto secreto y algunos relacionados con armas nucleares.

La petición a Reinhard para que publique también la declaración jurada ha corrido a cargo de medios estadounidenses y la han exigido también los republicanos, que creen que su contenido demostrará que el registro fue una treta política contra Trump.

El propio expresidente se sumó a la exigencia el martes por la mañana con un mensaje en su red social, Truth Social: «Llamo a que se publique de forma inmediata, completa y sin redacciones el afidávit relacionado con el robo», escribió en referencia al registro en su residencia.

El Departamento de Justicia, al contrario, se ha opuesto a la publicación. En un escrito ante el juez aduce que «pondría en peligro los siguientes pasos de la investigación» y «dificultaría la cooperación en el futuro de testigos cuya ayuda podríamos requerir».

La trama del registro a Trump no se resuelve de momento, mientras que otras investigaciones contra el expresidente avanzan de forma paralela. La semana pasada se negó a declarar en un asunto sobre fraude en Nueva York de su compañía, 'Trump Organization', y esta semana se han conocido revelaciones sobre otras pesquisas relacionadas con su campaña contra los resultados de las presidenciales de 2020, cuando perdió la Casa Blanca.

Según documentos pertenecientes a una querella en Georgia, a los que ha tenido acceso 'The Washingon Post', el equipo del expresidente que contestó esos resultados contrató a expertos informáticos para 'hackear' máquinas electorales -las que se utilizan en EE.UU. para emitir el voto- en varios estados.

La supuesta manipulación de esas máquinas -de las que no se han encontrado pruebas- fue una de las teorías que sostuvo la campaña de Trump tras perder los comicios. Ahora, la penetración en algunas de esas máquinas para copiar sus datos forma parte de una investigación.

En el mismo estado de Georgia se ha conocido que Rudy Giuliani -ex alcalde de Nueva York, abogado de Trump y principal muñidor del intento de vuelco electoral- es el objetivo de otra investigación por interferencia electoral.

Está previsto Giuliani, que todavía no ha recibido cargos en ese caso, testifique este miércoles en un juzgado de Atlanta, la principal ciudad del estado.