El dilema que divide a familiares de víctimas del 11 de septiembre

La propuesta presentada este mes por los fiscales podría ofrecer a las familias de las casi 3.000 víctimas la mejor vía hacia la resolución de un caso empantanado por maniobras en las comisiones militares de Guantánamo, que han dilatado durante años el juicio.

Algunos familiares de los fallecidos en el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y Pensilvania dicen que un acuerdo sin juicio podría significar que nunca se sabrá toda la verdad sobre lo que ocurrió aquel 11 de septiembre de 2001.

Otros dicen que cada año de retraso significa que más personas fallecen sin que se haga justicia para sus familiares asesinados, y aumenta el riesgo de que los propios acusados, que ya tienen edad avanzada, puedan morir sin ser declarados culpables.

«Todos los miembros de la familia del 11 de septiembre quieren justicia y rendición de cuentas. Muchos de entre nosotros han muerto en las últimas dos décadas sin ninguna de las dos cosas», dijo la organización September 11th Families for Peaceful Tomorrows, que apoya el acuerdo de culpabilidad.

«Los acuerdos de declaración de culpabilidad, que podrían alcanzarse ahora mismo, ofrecerían finalización: el fin de la comisión militar del 11 de septiembre, confesiones claras de culpabilidad y sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional ni posibilidad de apelación», dijeron.

Pero Dennis McGinley, del grupo 9/11 Justice, dijo que el acuerdo dejaría sin contar la historia completa del ataque que mató a su hermano Danny en la torre sur del World Trade Center.

«Todo esto es, es... para evitar que se lleve a cabo un juicio en el que Jalid Sheij Mohamed tendrá que desembuchar», dijo, refiriéndose al hombre que reivindicó ser el cerebro del 11 de septiembre.

Detallado en una carta del 1 de agosto de la oficina del fiscal jefe de los tribunales militares dirigidos por el Pentágono, el acuerdo se ha estado preparando por dos años en el caso de Jalid Sheij Mohamed, Ammar al Baluchi, Walid bin Attash, Ramzi bin al Shibh y Mustafa al Hawsawi.

Todos ellos están detenidos desde hace más de 16 años en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba. Se encuentran entre los últimos 30 de los que alguna vez fueron casi 800 detenidos extrajudicialmente por Estados Unidos tras el 11-S.

Formalmente imputados en 2012, el caso se ha visto desde el principio envuelto en controversias sobre la utilización de pruebas que, según los abogados defensores, fueron conseguidas mediante torturas a manos de la CIA.

La carta reconoce de manera implícita que los fiscales no están en capacidad de decir cuándo comenzaría un juicio completo, si es que alguna vez comienza.

En el acuerdo propuesto, los acusados «aceptarían responsabilidad penal por sus acciones y se declararían culpables de los delitos imputados a cambio de no recibir la pena de muerte», señala la carta.

Además, plantea que los acusados tendrían que aceptar una «estipulación de hechos», que proporcionaría detalles del complot del 11 de septiembre y su papel en él.

Si bien los fiscales dijeron que no se llegó a ningún acuerdo, la carta indica que es hacia donde parece dirigirse el caso.

La perspectiva de más retrasos se acentuó la semana pasada cuando, en otro caso en Guantánamo, un juez militar rechazó confesiones contaminadas por tortura.

Pero eliminar la pena de muerte podría provocar una reacción emocional no sólo de las familias de las víctimas sino también del país en general, donde sigue persistiendo una profunda ira por el ataque de Al Qaida.

«A Jalid Sheij Mohamed y los otros perpetradores del 11 de septiembre nunca se les debería dar un acuerdo de culpabilidad y deberían sentir todo el peso de la justicia por sus acciones: la pena de muerte«, dijo el congresista de Nueva York Mike Lawler, criticando al presidente Joe Biden por el acuerdo.

Pero Terry Rockefeller, del grupo Peaceful Tomorrows, dijo que el acuerdo es la mejor oportunidad para que las familias logren un cierre. Rockefeller, cuya hermana murió en el World Trade Center, dijo que en reuniones privadas a principios de este año, los fiscales no tuvieron respuesta cuando se les preguntó cuánto tiempo podría durar un juicio. «Las comisiones militares han sido en general un sistema fallido», afirmó. Además, agregó, «ningún juicio conducirá a la pena de muerte debido al asunto de la tortura».

McGinley dijo que el tipo de castigo no le importaba ahora. «Sea la pena de muerte o cadena perpetua, yo quiero lo que los terroristas no quieran», aseveró. Pero argumentó que un acuerdo permitirá al gobierno mantener información clasificada sobre los ataques, algo que considera contrario a que las familias obtengan justicia después de dos décadas esperando. «La comunidad del 11-S ha sido usada y abusada por nuestro gobierno durante los últimos 22 años. A estas alturas, es un castigo casi cruel e inusual», señaló.