«La dictadura tiene perdida su batalla contra la Iglesia católica nicaragüense»

Este joven activista y abogado de 28 años no pierde la esperanza en que, antes o después, el pueblo se vuelva a levantar como lo hizo en abril de 2018, unas protestas que dejaron más de 300 muertos. Barberena explica a ABC que Nicaragua necesita una solución urgente que «debe venir de los propios nicaragüenses».

¿Qué objetivos persiguen desde la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)?

Los objetivos que perseguimos son los anhelos del pueblo de Nicaragua: libertad, justicia sin impunidad y democracia. Lograr transitar de la dictadura a la democracia que pasa por una apertura de la competencia política dentro de Nicaragua que en este momento está anulada. El objetivo inmediato ahora mismo es lograr la unidad de todas las fuerzas plurales de la oposición democrática nicaragüense.

¿Ve alguna salida a la situación que vive hoy Nicaragua?

Sí, tengo la plena convicción de que el pueblo de Nicaragua se librará de la dictadura Ortega-Murillo y que hará que los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas. Sin embargo, esto pasa por una estrategia más frontal de la comunidad internacional que quiebre la financiación del aparato represivo del Estado, que aísle aún más a la dictadura, y también requiere que la oposición -a la cual pertenece la Unidad Nacional- se erija como una alternativa de poder con propuestas y apuestas claras al pueblo que resiste dentro y fuera de Nicaragua.

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Recientemente fueron expulsados del país varios sacerdotes y obispos por el régimen de Daniel Ortega. ¿Se está recrudeciendo la persecución a la Iglesia católica?

La persecución a la Iglesia católica ha alcanzado su máximo nivel tras el encarcelamiento arbitrario de Monseñor Rolando Álvarez. Sin embargo, desde abril de 2018, cuando la iglesia en Nicaragua tomó postura del lado de la verdad y la justicia, el régimen decidió perseguirla y estigmatizarla, imputándole la autoría de un supuesto golpe de estado.

En estos momentos se ha recrudecido a niveles altísimos, con la pretensión de que la iglesia que quede en Nicaragua sea una iglesia sin voz y sin guía pastoral para la feligresía, una iglesia que no sea incómoda a la dictadura.

A finales de 2023 el régimen capturó a 15 sacerdotes, entre ellos el Obispo de Siuna, Monseñor Isidoro Mora, y los desterró a mediados de enero al Vaticano. El objetivo deseado de la tiranía es, en los hechos, hacer desaparecer a la iglesia católica, anulando el derecho a profesar libremente la fe, algo que ha resultado infructuoso.

«A pesar de la persecución, la Iglesia sigue viva en Nicaragua», decía recientemente un sacerdote… Parece que el régimen ha congelado las fuentes de financiación de las parroquias y diócesis.

A mitad de 2023 el régimen congeló las cuentas bancarias de las diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua, aduciendo acusaciones de Lavado de Activos. Asimismo, confiscó todos los medios de comunicación radiales y televisivos de la iglesia, y clausuró las asociaciones civiles religiosas promovidas por la iglesia católica, muchas de ellas de beneficencia a los más necesitados, otras grandes instituciones de educación superior como la Universidad Centroamericana, dirigida por la Compañía de Jesús.

No obstante, en efecto, la iglesia sigue viva en Nicaragua. Continúa cumpliendo con su labor pastoral, y el pueblo creyente que resiste a la dictadura, acude a sus iglesias y se muestra cercana a sus pastores.

Creo que se trata de una batalla que la dictadura tiene perdida porque Nicaragua es un país mayoritariamente católico, y porque el derecho a profesar una fe es un derecho innato de la persona humana que decide ejercerlo. Las iglesias, como lo fueron contra la dictadura somocista que nos azotó en la primera y segunda mitad del siglo pasado, son un bastión de resistencia a la dictadura que esta no podrá derrotar.

¿Cómo está reaccionando la población nicaragüense a esta grave crisis? ¿Está habiendo manifestaciones en las calles o la gente tiene miedo?

La gente tiene miedo pero no deja de estar convencida de la necesidad del cambio político y democrático a pesar que la dictadura ha impuesto un estado de sitio de facto en las calles, anulando todas las libertades públicas y derechos fundamentales.

La población sufre los embates de la dictadura no solo en términos represivos, sino económicos. Los salarios son de hambre, la carestía de la vida hace imposible que la gente pueda satisfacer sus necesidades inmediatas, la migración representa el 12 % de la población económicamente activa lo cual tiene consecuencias casi irreversibles para el país, generando un desgarre en las relaciones humanas y el tejido social que es un caldo de cultivo contra la misma dictadura.

¿Es hoy Nicaragua un lugar perfecto para los carteles de la droga? ¿Se puede calificar la situación actual como la de un narco-estado?

La relación de Nicaragua con Estados Unidos durante los primero 11 años del Gobierno de Ortega, tras su retorno al poder en 2007, consistió geoestratégicamente en dos elementos: El control del flujo del narcotráfico que usa a Centroamérica como puente para llegar a su destino final; y el control del flujo migratorio.

Ambos vínculos geoestratégicos se han disuelto en virtud de que Ortega ha asumido alianzas con redes del crimen organizado para trasegar migrantes en los términos y presupuestos del tráfico de personas migrantes, con el objetivo de enviarlos a Estados Unidos.

Asimismo, esas alianzas son sostenidas con el narcotráfico. Recientemente fue incautado en Rusia un cargamento de una tonelada de cocaína, lo que evidencia las fuertes relaciones de la dictadura con el narcotráfico.

Creo que aún no es un narco-Estado, pero está encaminada hacia a ello, pues existe una alianza entre las élites políticas y las élites criminales.

¿Cómo está reaccionando la clase empresarial?

En Nicaragua se ha desmantelado el Estado de derecho, lo que significa una manifestación clara de la conculcación de los derechos fundamentales y de la seguridad jurídica, tras el sometimiento total del poder judicial a los designios del grupo en el poder.

Esto ha generado el cierre de operaciones transnacionales como Nestlé o la caída de la dinámica inmobiliaria en el país. La recaudación fiscal se ha convertido en una herramienta confiscatoria de extorsión para obligar a las empresas a pagar grandes sumas en conceptos de reparo fiscal, que se convierten en imposibles de pagar.

La clase empresarial mantuvo un co-gobierno con Ortega durante 11 años, movida principalmente por una estructura fiscal que coadyudaba a la generación de grandes utilidades económicas. Esta clase empresarial concentrada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), rompió su alianza con la dictadura inmediatamente después de la masacre de abril de 2018. Es importante anotar que esta alianza profundizó en las grandes desigualdades sociales en el país, y desenmascaró el supuesto corte socialista del régimen de Ortega.

El COSEP promovió una transición a la democracia que aún no ha podido encauzarse. Su ex presidente, José Adán Aguerri, fue apresado y desterrado a Estados Unidos. También fue apresado y excarcelado su presidente, Michael Healy, quien murió de un infarto el pasado 25 de enero, fuera de su país.

Luego el COSEP fue ilegalizado y cancelada su personalidad jurídica, de tal suerte que en estos momentos la clase empresarial dentro de Nicaragua está inmóvil y sin capacidad de defender sus intereses pues los gremios fueron cancelados.

¿Cuál está siendo el papel del Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado?

El papel del Ejército y la Policía es sostener en el poder a la dictadura, y mantener jugosos beneficios en sus corporaciones que funcionan al amparo del poder.

Supongo que cada vez serán más los nicaragüenses que estén huyendo del país ante la tensión que se está viviendo… ¿Tiene algún dato de la diáspora?

El exilio nicaragüense está distribuido entre Costa Rica -que es el país donde estamos la mayoría de opositores políticos-, en Estados Unidos, donde fueron desterrados 222 presos políticos, y en España.

La mayoría de los exiliados políticos están en Costa Rica, país donde más de 200.000 nicaragüenses han solicitado protección internacional. Desde el exilio nos recolocamos y reposicionamos para continuar la pelea contra la dictadura y lograr la transición democrática en Nicaragua.

Usted calificó las últimas elecciones como «farsa electoral». ¿No tuvieron supervisores externos para velar por la transparencia en los comicios?

No solo no hubo supervisión internacional acreditada, sino que la competencia electoral fue anulada. Tres partidos de la oposición fueron ilegalizados y los principales siete aspirantes presidenciales fueron encarcelados y condenados por el delito de traición a la patria junto con una gran cantidad de líderes políticos y sociales.

Las elecciones se desarrollaron en un ambiente de estado de excepción de facto, sin ninguna libertad pública en vigencia, y más del 80% del electorado se abstuvo de participar en dicha elección y casi 70 países no la reconocieron como legítima. Esas son las causas principales de la ineficacia e ilegitimidad del régimen de Ortega que así la declaró la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿Cómo están reaccionando los países del entorno ante la crisis que vive su país?

En la región latinoamericana los gobiernos de izquierda democrática como Chile o Colombia, han condenado a la dictadura orteguista, así como Panamá, Costa Rica, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, los Estados Unidos y Canadá han mantenido una posición inamovible en estos 6 años de pelea.

A nivel internacional Ortega está totalmente aislado, sin embargo su modelo se replica en Centroamérica, en especial en El Salvador de Nayib Bukele y en la Honduras de la familia Zelaya Castro, manifiestan su autoritarismo y se ven en los espejos de un Ortega que ha cometido crímenes de lesa humanidad y erigido un régimen de corte totalitario.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional, Nicaragua igualó a Haití en este ranking. ¿Qué opina?

Es una manifestación del Estado botín y patrimonial que han configurado los Ortega-Murillo, un Estado que lo han capturado, han anulado la eficacia del ordenamiento jurídico e inutilizado los mecanismos de rendición de cuentas. Es la corrupción una de las fuentes en virtud de las cuales el régimen se sostiene por medio de la prebenda.

¿Son muchos los presos políticos que están en las cárceles por manifestarse contra el régimen? ¿Tienen datos actualizados?

En este momento hay en las celdas de la dictadura 119 personas presas políticas, algunos de ellos en estado de desaparición forzada como el caso del histórico dirigente miskito Brooklin Rivera, y Nancy Henríquez. Han sido sometidos a juicios exprés, incluso fuera de los asientos de los juzgados, en secreto y sin derecho a abogado.

La escritora nicaragüense Gioconda Belli fue acusada de «traición a la patria», al igual que a otros muchos opositores y activistas que fueron críticos con el régimen. También le confiscaron todos sus bienes. Entiendo que no es un caso aislado…

Hasta el día de hoy 316 nicaragüense fueron despojados de su nacionalidad y calificados como traidores de la patria. A la mayoría les han confiscado todos sus bienes patrimoniales -desde sus inmuebles hasta sus pensiones de jubilación-, y les han cancelado los asientos registrales, es decir, prácticamente les han extinguido su personalidad jurídica.

Las protestas masivas de 2018 hicieron estallar una crisis sin precedentes y marcaron un antes y un después en el país centroamericano. Hubo más de 350 muertos. ¿Hay posibilidad de que se repitan estas movilizaciones?

Sí, hay posibilidad que se repitan porque el descontento social es generalizado, aunque la ciudadanía está atemorizada. No obstante en cualquier momento puede escalar el descontento y aflorar una nueva movilización popular.

¿Qué papel está jugando la esposa de Ortega, Rosario Murillo?

Es prácticamente quien gobierna y toma la mayoría de las decisiones cotidianas. Daniel Ortega es un mandatario ausente, mientras que Rosario Murillo comparece todos los días en los medios de la dictadura dando mensajes oficiales, y es quien exterioriza los discursos de odio contra los opositores.

Una salida de Ortega y una toma de mando de Murillo puede generar mayores conflictos porque ella ha desplazado a la vieja militancia sandinista, y le ha dado paso a nuevos cuadros y a sus hijos. El hijo de Ortega y Murillo, Laureano Ortega, ha asumido funciones oficiales, prácticamente como canciller y máximo representante del partido Frente Sandinista.

¿Ve una salida a corto plazo a esta situación? ¿De dónde tiene que venir la solución al conflicto?

A corto plazo la oposición debemos crear una alternativa de poder frente a la dictadura que se manifieste como la contrapartida al régimen. A medio plazo creo que tendremos rutas de salida más visibles.

La solución debe venir de los nicaragüenses. Somos nosotros los llamados a resolver este conflicto y evitar que se vuelvan a repetir estos hechos tan habituales en nuestra historia política. Sin embargo, se requiere de una mayor presión y voluntad política de la comunidad internacional, aniquilando la financiación al grupo en el poder y apoyando y apostando por los esfuerzos de democratización.

¿Cree que una fuerte presión exterior puede hacer reflexionar a Daniel Ortega o no hay mucho que hacer?

Siempre y cuando esa presión quiebre la financiación del aparato represivo del Estado, y se elimine toda posibilidad de que la dictadura tenga acceso a préstamos en organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano y el Banco Mundial.