El dictador Videla se sienta en el banquillo por el fusilamiento de 29 presos políticos

Organismos de derechos humanos consideran a este proceso oral y público como el más importante después del histórico juicio a las Juntas Militares, que en 1985 concluyó con condenas de prisión perpetua para Videla y el almirante Emilio Massera, y severas penas para otros jerarcas de la dictadura.

Los hechos ocurrieron entre abril y octubre de 1976, cuando se decidió el fusilamiento de los presos con el falso argumento de que habían intentado fugarse de la Unidad Penitenciaria de San Martín. Las víctimas fueron detenidas antes del golpe de Estado de 1976 que dio paso a la dictadura bajo los cargos de promover actos subversivos.

En 1990, Videla fue indultado por el entonces presidente, Carlos Menem, pero un juez anuló ese beneficio en 2006 y la Corte Suprema ratificó esa decisión en abril de este año . Más de 60 testigos desfilarán en las audiencias que llevará adelante el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba y se calcula que el juicio tendrá una duración de no menos de cuatro meses.

Videla, de 84 años, fue trasladado la semana pasada desde una cárcel militar bonaerense a una celda del penal de Bouwer, en las afueras de la capital cordobesa. Jaime Díaz, presidente del tribunal que le juzgará, adelantó que el dictador está "perfectamente bien" de salud a pesar del cáncer de próstata que padece.

Jorge Videla, quien gobernó de facto el país entre 1976 y 1981, estaba detenido desde finales de 2008 en una cárcel de la unidad militar de Campo de Mayo, después de que un juez federal le revocara el beneficio de prisión domiciliaria del que gozó durante una década.

El ex presidente de facto afronta múltiples causas judiciales, entre ellas por el robo de hijos de desaparecidos durante el régimen militar y por el Plan Cóndor, como se denomina a la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur americano en las décadas de 1970 y 1980.

En agosto próximo, Videla volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en la norteña provincia de Santiago del Estero, para responder por el secuestro y asesinato de un estudiante en 1976.

Unas 30.000 personas desaparecieron en Argentina durante la última dictadura militar, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.