La dictadura de Ortega cambiará la Constitución: «Somos dueños de Nicaragua»
De cara a las elecciones de 2026, el presidente sandinista reformará la Ley para asegurarse su permanencia en el poder y también la de su mujer, Rosario Murillo
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Dar más poder al poder. Es la base de la reforma parcial a la Constitución de Nicaragua que la pareja dictatorial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, han propuesto a la Asamblea Legislativa y que, muy probablemente, será aceptada y aprobada sin ... la modificación de ninguna coma, cumpliendo al pie de la letra con su voluntad, como suele ocurrir en el país centroamericano desde el regreso del sandinismo en 2007.
La Constitución Política de la República de Nicaragua entró en vigor el 9 de enero de 1987, y ha sido reformada en por lo menos 6 ocasiones. Pero la de 2024 es una de las más radicales. A grandes rasgos, la reforma pulveriza con fuerza constitucional cualquier proyecto de oposición y define una línea sucesoria dentro de la familia Ortega Murillo. «Somos dueños de Nicaragua», ha dicho Murillo, sin escrúpulos durante la presentación de la reforma.
La vicepresidenta defiende el proyecto y sugiere que se trata de «afianzar los derechos del pueblo y reafirmar la soberanía nacional sobre la tierra y la historia de Nicaragua», aunque, paradójicamente, la norma establece leyes arbitrarias que fortalecen el control de la cúpula sandinista sobre la población.
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Los cambios propuestos
La Asamblea es controlada por el FSLN, que tiene 75 de los 90 asambleístas, aunque el resto de ellos pertenecen a partidos políticos que, en su mayoría, funcionan como marionetas del mismo FSLN. De hecho, de aprobarse este paquete de reformas, los únicos partidos políticos autorizados para competir por cargos públicos tendrían que ser «socialistas» en su constitución e ideales, como el FSLN. El resto, están prohibidos. Además, la reforma elimina la separación de poderes, otorgándole el control de los otros órganos del Estado a la pareja presidencial, quienes serían conocidos como «copresidente» y «copresidenta», unas figuras que también crea esta reforma y algo que en la práctica ya sucede. Por ejemplo, Rosario Murillo es la cabeza del Poder Judicial, además de ser la vicepresidenta y Primera Dama de la Nación.
La reforma altera incluso la simbología patria. La bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido político que llevó a Ortega al poder, sería impuesta como «símbolo patrio» de Nicaragua.
Una de las reformas clave de la Carta Magna es la que amplía el periodo presidencial de Nicaragua, de cinco a seis años. Esta modificación provocaría que la pareja presidencial no tenga que enfrentarse a una contienda en 2026, fecha en la que están previstas las elecciones generales, sino hasta 2027 y ya bajo las normas de la nueva Constitución que, sin separación de poderes y la prohibición de partidos políticos disidentes, hace prácticamente imposible la victoria de un líder opositor.
Más allá de la reforma
El propósito de esta reforma es íntimamente político y tiene, según coinciden analistas políticos y juristas nicaragüenses consultados, un solo fin: consolidar la dinastía del sandinismo en manos de Ortega-Murillo y su círculo de poder.
Una de las preguntas que más atormenta al régimen gira en torno a la sucesión de Ortega. Incluso el hermano del dictador Humberto Ortega, planteó esta disyuntiva antes de morir y aseguró que «no había un sucesor digno» para continuar con el proyecto de su hermano, en caso este faltara. La dictadura piensa distinto y la respuesta está planteada en la reforma parcial, que garantiza que tras la muerte del dictador, el control del país quede en manos de Rosario Murillo o, en su ausencia, de su hijo Laureano Ortega, quien ha cobrado protagonismo en el círculo de poder sandinista y es quien controla la política exterior del país.
El momento en que arriba el paquete de reformas es importante. No es casualidad que el anuncio surja tras conocerse la victoria electoral del republicano Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos y el nombramiento de Marco Rubio, un acérrimo enemigo de los autoritarismos latinoamericanos, como Secretario de Estado. La reforma, entonces, responde a las crecientes presiones internacionales que buscan llevar a Ortega ante instancias judiciales globales y presionar por una transición hacia la democracia, libertad y justicia en Nicaragua. Algo que Rubio, de raíces cubanas, ha dicho públicamente mientras se desempeñaba como senador.
La propuesta de reforma sigue entonces el curso natural de la dictadura sandinista que copia, cada vez más, a sus homólogas latinoamericanas en Cuba y Venezuela: acaparar todo el poder y luego, legitimarlo en papel.
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