El devastador incendio en los rascacielos revela la corrupción y la censura en Hong Kong

La Policía efectuó en la tarde del sábado el primer movimiento en ese sentido, con la detención de un estudiante. Se trata de Miles Kwan, alumno de la Universidad China de Hong Kong, quien había iniciado una petición digital en la que reclamaba cuatro medidas: «Seguir apoyando a los residentes afectados y garantizar una reubicación adecuada»; «establecer una investigación independiente sobre el incendio, incluida la presunta connivencia [gubernamental]»; «reexaminar el marco de supervisión y regulación de las obras de construcción»; «responsabilidad de los funcionarios por negligencia regulatoria». Estas exigencias estaban plasmadas en los panfletos que Kwan repartió, con ayuda de otros dos jóvenes no identificados, en la tarde del viernes en la estación de Tai Po, la más cercana al lugar de los hechos.

Para ejecutar el arresto, las autoridades invocaron la Ley de Seguridad Nacional, impuesta en 2020 por el Partido Comunista de China para cercenar los derechos y libertades del territorio, de aquella equiparables a los de una democracia occidental. Este marco jurídico castiga hasta con cadena perpetua todo acto considerado «separatismo, terrorismo, subversión de los poderes del Estado o confabulación con fuerzas extranjeras», y ha acabado con la oposición prodemocracia, los medios de comunicación y la sociedad civil.

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La Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional celebró de manera implícita la detención por medio de un comunicado. El organismo amenazaba a los «alborotadores anti-China» que «aprovechan» el incendio para «sembrar el caos» e «incitar al resentimiento» contra el Gobierno, «actos extremadamente maliciosos e indignantes, que socavan la ética social y violan la ley», por los que afrontarán «severas consecuencias».

Las autoridades habrían acusado a Kwan de «sedición», aunque todavía no ha realizado declaración alguna sobre el caso. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran al estudiante esposado y rodeado de cinco agentes de paisano, que ya casi de madrugada le conducían a su domicilio para registrar el lugar.

Este episodio evidencia la indefensión de la ciudadanía hongkonesa en esta nueva realidad sociopolítica, que arrebata cualquier mecanismo de expresión colectiva que permita exigir una rendición de cuentas al poder político. «Al igual que en el Tíbet y Xinjiang, las demandas no políticas de la población están siendo cada vez más tratadas como demandas políticas, y las autoridades están decididas a aplastar toda iniciativa independiente», apunta Maya Wang, directora asociada para Asia de Human Rights Watch.

Las investigaciones preliminares ya dan por hecho que el factor fundamental de la catástrofe fueron las planchas de poliestireno que cubrían las ventanas, instaladas con motivo de las obras de renovación de la fachada en marcha desde julio de 2024. Este material, altamente inflamable, provocó la expansión de las llamas a una velocidad «inusual» y la rotura de los cristales, lo que introdujo el aire ardiente en el interior de las viviendas.

La empresa ejecutora habría cubierto todas las ventanas por adelantado en lugar de ir piso a piso, «una manera de tramitar el cobro por adelantado», comenta un experto local consultado por ABC que prefiere mantener el anonimato. La alarma antiincendios, además, estaba desactivada. Las autoridades han detenido a once personas, entre ellas a tres responsables de la firma encargada del proyecto, Prestige Construction and Engineering, acusados de homicidio imprudente.

Sin embargo, la trama va más allá de una cadena de infortunios. «El incendio de Tai Po no fue solo un trágico accidente, fue el resultado previsible de un sistema roto en el que la gestión de las urbanizaciones, los contratos de renovación y la seguridad pública han estado durante mucho tiempo socavados por la connivencia, la manipulación de licitaciones y la total ausencia de rendición de cuentas», denuncia Chung Ching Kwong, analista de la Alianza Interparlamentaria sobre China.

Son múltiples las víctimas consultadas por este diario que expresan su enfado ante un desastre evitable. Para empezar, por la adjudicación del proyecto de renovación de la fachada a Prestige Construction and Engineering, pese a que la empresa había presentado la propuesta más cara -valorada en 330 millones de dólares hongkoneses (36 millones de euros)- y tenía un historial de infracciones.

En septiembre de 2024, los vecinos descontentos lograron destituir a la dirección de la asociación de propietarios, pero las obras ya habían comenzado. Desde entonces, el Departamento de Construcción llegó a reportar tres violaciones del protocolo antiincendios en las obras de Wang Fuk, la última de ellas el pasado 20 de noviembre, apenas una semana antes del devastador fuego.

Todo ello alimenta la indignación de los damnificados, que podría adquirir dimensión política una vez transcurrido el duelo inicial, en especial dada la presunta implicación en las licitaciones de la concejal del distrito, Peggy Wong, a la que varias fuentes han aludido. Así, el recién estrenado aparato represor ha entrado en acción para reafirmar, incluso frente al dolor, las reglas de este nuevo Hong Kong.