El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol, detenido por segunda vez

Yoon ha sido detenido esta madrugada por orden del Tribunal de Distrito Central de Seúl ante el riesgo de que destruya pruebas relevantes para el caso. La audiencia de la corte previa a la decisión tuvo lugar ayer miércoles y duró siete horas. Durante la media hora reservada a su intervención final, Yoon rechazó todos los cargos y criticó la investigación por sus «motivaciones políticas».

Sus palabras fueron en vano, y acto seguido fue trasladado al centro penitenciario de Uiwang. Este lugar, localizado al sur de la capital surcoreana, supone territorio conocido para el expresidente, pues allí fue a parar durante su primera detención entre enero y marzo. En aquella ocasión el proceso fue más complicado: Yoon resistió durante semanas el arresto, atrincherado en su residencia presidencial y con ayuda de su equipo de guardaespaldas, quienes se enfrentaron a la policía y blindaron el complejo para impedir el acceso de las fuerzas del orden. El Estado acabó imponiéndose a su Jefe, y Yoon se convirtió en el primer presidente surcoreano detenido en el ejercicio de sus funciones.

Yoon se ha negado esta tarde a acudir a la vista programada horas después de su arresto, la décima hasta la fecha, aduciendo unos problemas de salud recibidos con escepticismo. «El acusado ha estado ausente sin razón válida», ha protestado el equipo del fiscal especial, en palabras recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap. «Solicitamos que el tribunal insista en que el acusado evite que un incidente así vuelva a producirse. En caso de que el acusado se ausente de nuevo, pedimos que el tribunal considere medidas como obligarle a asistir»

El origen de semejante desaguisado se remonta a la noche del 3 de diciembre. Yoon declaró de improviso la ley marcial, lo que implicaba la suspensión de todo tipo de derecho democráticos, así como la concentración de los poderes gubernamentales en el Ejército; extremo escenificado en el cerco a la Asamblea Nacional, el cual 190 parlamentarios –de un total de 300– lograron sortear con ayuda de la movilización ciudadana para acceder al interior y derogar la orden apenas seis horas después.

La respuesta política ya corrió su curso con el proceso de destitución de Yoon, aprobado por la Asamblea Nacional días después y ratificada por el Tribunal Constitucional en abril, fallo que desembocó en la convocatoria de elecciones el pasado mes de julio, en las que se impuso con claridad el hasta entonces y ya presidente, Lee Jae-Myung, candidato del Partido Demócrata de Corea. Su llegada al poder calmaba la crisis sociopolítica más profunda del país asiático en décadas.

El proceso penal, en cambio, acaba de empezar. Desde abril Yoon está acusado de insurrección y abuso de poder. De ser declarado culpable, el expresidente podría recibir un castigo máximo de pena de muerte, en la práctica una cadena perpetua, pues Corea del Sur no ha ejecutado a ningún reo desde 1997.

Los cargos, además, podrían seguir acumulándose. Su arresto permitirá que el equipo fiscal acelere sus pesquisas, con la posibilidad de que incluya asimismo la acusación de traición, la cual no ha sido incluida en la última orden judicial ante la cantidad de materiales pendientes de investigación. Este supuesto sostiene que Yoon habría ordenado la movilización de un dron militar sobre Pionyang como parte de un plan para provocar una agresión por parte de Corea del Norte que justificara la necesidad de imponer la ley marcial. Le restan a Yoon al menos una veintena más de vistas en lo que queda de año, las cuales decidirán no ya su suerte política, sino vital.