Cronología de la ley de deportaciones a Ruanda, el salvavidas electoral de los tories

Sin embargo, la implementación de este plan, que finalmente ha sido aprobado por los parlamentarios justo dos años después de su presentación inicial, enfrentó una serie de obstáculos desde el principio. En junio del mismo año, el primer vuelo que llevaría a solicitantes de asilo del Reino Unido a Ruanda fue cancelado minutos antes de despegar, luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera medidas cautelares de último minuto para detenerlo. Según la prensa local, se cree que habían siete personas a bordo. Esta acción legal fue seguida por eventos clave, como el discurso de la entonces ministra del Interior, Suella Braverman, en octubre, donde expresó su deseo de ver la imagen de un avión despegando hacia Ruanda. «Me encantaría tener la portada del 'Telegraph' con un avión despegando hacia Ruanda, ese es mi sueño, es mi obsesión», manifestó.

El año 2023 marcó un hito en este conflicto con la introducción del proyecto de ley de migración ilegal por parte de Braverman en marzo, quien aseguró que era compatible con las obligaciones internacionales. En junio, el acuerdo con Ruanda es declarado ilegal por la Corte de Apelaciones, con los jueces concluyendo que no es un país seguro para deportar a solicitantes de asilo por la fuerza. La decisión revirtió la decisión tomada por el Tribunal Superior y el fallo rezaba que «a menos que y hasta que las deficiencias en sus procesos de asilo sean corregidas, la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda será ilegal». En julio, los diputados votaron a favor, pero el desafío legal continuó en noviembre, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que la política era ilegal. Cinco jueces respaldaron unánimemente el fallo de la Corte de Apelaciones, argumentando que no se había realizado una evaluación adecuada sobre si Ruanda era segura. El primer ministro, Rishi Sunak, anunció entonces la intención del gobierno de trabajar en un nuevo tratado.

El punto culminante llegó en diciembre de 2023, cuando Londres y Kigali firmaron un nuevo acuerdo sobre asilo para abordar las preocupaciones planteadas por el Supremo. Este tratado, según el gobierno británico, garantiza que las personas reubicadas en Ruanda no corren el riesgo de ser devueltas a un país donde sus vidas o libertades estén amenazadas.

El año 2024 vio un nuevo giro en este controvertido asunto cuando la Oficina Nacional de Auditoría (National Audit Office, NAO) reveló que los planes para enviar a los primeros 300 solicitantes de asilo a Ruanda costaría a los contribuyentes unas 600 millones de libras (alrededor de 700 millones de euros), con un costo total de más de medio billón de libras durante el acuerdo de cinco años. A pesar de estas cifras impactantes, el proyecto de ley de seguridad de Ruanda finalmente ha sido aprobado, después de meses de batallas judiciales, y de idas y vueltas parlamentarias entre la Cámara de los Comunes y la de los Lores, que bloquearon repetidamente la legislación con una serie de enmiendas.

Pero esta montaña rusa de desafíos legales, controversias y costos financieros significativos, será ley en poco tiempo ahora que ha sido votada a favor, y en año de elecciones generales, los conservadores se aferran a la que consideran su única oportunidad de conquistar a un electorado que según las encuestas no está por la labor de elegir de nuevo a los tories. Pese a que el proyecto se ha convertido en un emblema del mandato de Sunak, la victoria de momento es más simbólica que real, y pocos creen que se traduzca en un impacto en las urnas, dado que las consultas también apuntan a que los votantes tienen entre sus prioridades preocupaciones más importantes, como la economía o la sanidad.