Estos son los bienes que Cristina Kirchner deberá restituir según la Justicia argentina

Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal N° 2 decidirá si la exmandataria cumplirá la pena en un centro penitenciario o bajo arresto domiciliario, como reclama su defensa. Además, la Justicia ha ordenado que Cristina devuelva al Estado argentino el dinero que, según la sentencia, fue desviado durante su gestión mediante un esquema fraudulento de adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La obligación de restituir fondos públicos es una de las derivaciones más significativas de la llamada Causa Vialidad. La cuantía de lo que deberá ser reintegrado al Tesoro Nacional fue calculada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal N° 2, en el mismo fallo que dictó su condena en diciembre de 2022. Según la resolución, el perjuicio ocasionado a las arcas públicas se produjo a través de 51 procesos de licitación de obras viales entre 2003 y 2015, periodo que abarca los gobiernos de Néstor Kirchner y de la propia Cristina Fernández de Kirchner.

El tribunal determinó que las obras fueron «sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas» al empresario Lázaro Báez, amigo personal de la familia Kirchner. La formación y el crecimiento económico de su holding, el Grupo Austral, fueron calificados de «exponenciales» y «directamente asociados con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción». Según los jueces, exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de su equivalente provincial «operaron al margen del interés público», creando «una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezada a la consumación del delito». El fallo subrayó que el beneficio económico no fue solo para Báez, sino también para Cristina Kirchner.

Los magistrados afirmaron que los «incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta». La sentencia, además, documentó irregularidades como circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral, licitaciones manipuladas, pagos por obras inexistentes, sobrecostes en los contratos, acceso privilegiado a información de concursos públicos y omisión deliberada de controles estatales. El Tribunal Supremo argentino ratificó estos argumentos al revisar el caso y describió el esquema como una «notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».

El patrimonio de Cristina Kirchner, que ahora deberá enfrentar la orden de restitución, ha sido objeto de un largo y minucioso escrutinio judicial. Según su última declaración jurada, presentada en diciembre de 2023 tras finalizar su mandato como vicepresidenta, la exmandataria informó un capital de 768 millones de pesos argentinos, unos 860.000 dólares según la cotización oficial de la época. La mayor novedad de esa declaración fue la composición de sus activos: la mayor parte corresponde a acciones en sociedades no identificadas, adquiridas en octubre de 2023, por un total de 170 millones de pesos. Dentro de ese monto, destacan participaciones en empresas como Mercado Libre, con acciones valoradas en 40 millones de pesos, y Apple, con otros 34,6 millones.

En cuanto a bienes inmuebles, Cristina informó solo el usufructo de dos propiedades, pero no declaró la titularidad de ningún inmueble propio. Esta situación contrasta con declaraciones anteriores, en las que figuraban numerosos bienes inmobiliarios.

Sin embargo, el patrimonio en la mira de la Justicia va mucho más allá de lo declarado en 2023. Los bienes bajo investigación incluyen varias cajas de ahorro en pesos y en dólares, 27 propiedades, vehículos y participaciones en empresas a nombre de Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La suma de activos considerados sospechosos fue calculada por los jueces al dictar la sentencia, como parte del daño económico que, según el tribunal, sufrió el erario público argentino.

El cálculo global de la devolución tiene su origen en la estimación oficial de los desvíos. La cifra parte de las irregularidades detectadas en los 51 procesos de licitación examinados, donde el Tribunal Oral Federal N° 2 constató pagos por obras inexistentes, sobreprecios y manipulaciones administrativas destinadas a beneficiar a Báez y, en última instancia, a la propia expresidenta. Todo ello bajo el paraguas, según los jueces, de una estructura que operó «detrás de una apariencia de licitud», pero que en realidad fue «una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal» con fines de defraudación.

Cristina Kirchner, que siempre ha negado las acusaciones, sostiene que es víctima de lawfare, una supuesta estrategia de persecución judicial con motivación política. Afirma que las causas abiertas en su contra tienen como único objetivo apartarla de la vida pública y erosionar su imagen. Sus abogados siguen intentando frenar la ejecución de la condena. En fechas recientes, su defensor, Luis Goldin, presentó una solicitud para que se declare la caducidad de instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad, parte acusadora, no cumplió con los plazos procesales establecidos. En su presentación, Goldin escribió: «No existe actualmente interpretación alguna que pueda salvar la manifiesta inacción de Vialidad con relación a estos actuados, por ello, vengo a solicitar se ajuste a derecho el proceso y, habiendo pasado el plazo previsto en el art. 310 y ss. CPCCN, se declare la caducidad de instancias con expresa imposición de costas».

La audiencia de este miércoles se presenta como un capítulo crucial en el futuro judicial de Cristina Kirchner. La resolución que adopte el Tribunal Oral Federal N° 2 no solo determinará si la expresidenta cumplirá la pena en su residencia o en una cárcel común, sino que también abrirá una nueva etapa en el proceso de recuperación de los fondos públicos que, según la sentencia, fueron desviados durante su mandato.