Una crisis humanitaria a punto de estallar en la frontera EE.UU.-México

La decisión del alto tribunal no elimina, solo aplaza, el problema, en un momento en el que la tensión y la frustración con la situación migratoria crecen para todos los implicados: desde los propios solicitantes de asilo como las autoridades estadounidenses.

La expulsión exprés de los inmigrantes está basada en la aplicación de una ley de salud pública -el Título 42- a la que Donald Trump recurrió en marzo de 2020. Era el momento de máxima efervescencia de la pandemia de Covid-19, y el entonces presidente de EE.UU. la usó dentro de su intento de controlar la frontera y evitar un empeoramiento de la situación sanitaria.

Joe Biden prometió desmantelar la política migratoria de Trump. El actual presidente, sin embargo, mantuvo en pie la provisión del Título 42 ante las sucesivas oleadas de Covid de 2021 y de comienzos de este año. La pasada primavera, sin embargo, anunció ya sus planes de rescindir la orden: la justificación para su uso -el problema de salud pública de la pandemia- había desaparecido. Eso estaba previsto que ocurriera el pasado 21 de diciembre, la fecha en la que decaería la provisión de expulsión inmediata.

La situación se deterioró en la frontera ante esa posibilidad, con un aumento de arrestos de personas que cruzaban y con una gran acumulación de inmigrantes en el lado mexicana, a la espera de poder pedir asilo sin ser expulsado.

Un grupo de gobernadores republicanos -entre ellos, dos con miles de kilómetros de frontera, como Texas y Arizona- pidieron que se mantuviera el Título 42. Defendían que su levantamiento supondría un caos migratorio dentro de una situación ya desbordada, en un año en el que se ha batido el récord de arrestos en la frontera.

El Supremo les ha dado la razón, pero solo de manera temporal. En febrero, los magistrados decidirán si los estados pueden intervenir en un asunto como este.

El despeje de los magistrados solo agravará el problema político en el que se ha convertido la inmigración para Biden. En su mandato, la policía de fronteras ha detenido por primera vez más de dos millones de inmigrantes indocumentados: 2,3 millones, durante el año fiscal que se cerró el 30 de junio.

La situación no ha mejorado en los últimos meses. Solo en noviembre, se produjeron 233.740 detenciones, uno de los peores meses de la historia.

Menos del 29% de los inmigrantes fueron expulsados en base al Título 42, lo que ha desbordado a ciudades fronterizas como El Paso (Texas) y ha alimentado las críticas de «frontera abierta» e «inmigración caótica» por parte de los republicanos.

Ese bajo porcentaje se explica en que la Administración Biden no ha expulsado ni a menores acompañados ni a grupos de inmigrantes que considera vulnerables. Pero también tiene que ver con la demografía de los inmigrantes; hasta hace una década, la gran mayoría de quienes cruzaban la frontera eran adultos mexicanos. Eso cambió con el empeoramiento de las condiciones en los países centroamericanos, que pasaron a protagonizar la mayoría de entradas. En el último año, la mayoría de los arrestos son de inmigrantes venidos de Venezuela, Nicaragua y Cuba: el problema es que las autoridades mexicanas no permiten su devolución y la repatriación a los países de origen es muy difícil para EE.UU., que no tiene una buena relación con esos Gobiernos.

La Administración Biden ha asegurado que cumplirá con la decisión del Supremo, pero que «para arreglar de verdad nuestro sistema migratorio, necesitamos que el Congreso apruebe una reforma migratoria amplia», defendió la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Es en algo en lo que están de acuerdo muchos republicanos, que han celebrado la decisión del tribunal pero creen que se necesitan medidas mucho más ambiciosas. «Necesitamos una solución de largo plazo para la crisis en la frontera, que proteja a las comunidades en todo EE.UU., persiga a los carteles y devuelva el orden a la frontera», defendió la diputada Mónica de la Cruz, que ganó en noviembre su escaño por un distrito fronterizo de Texas. Pero demócratas y republicanos difieren por completo en cómo conseguirlo.

Nada más llegar a la Casa Blanca, Biden defendió un proceso de regulación de los cerca de once millones de inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU., además de proponer un sistema de procesamiento en la frontera «seguro y humano».

Aquello fue interpretado por los republicanos como una llamada a la entrada irregular en el país, con la esperanza de ser regularizado (aunque el plan de Biden nunca afectaría a inmigrantes llegados después), o al menos, quedarse en el país de manera irregular. Por ello han responsabilizado a Biden de la situación desbordada que vive ahora la frontera, donde se da por hecho que el levantamiento del Título 42, cuando ocurra, provocará un aluvión de entradas en el país y una crisis humanitaria en esas regiones.

Esa batalla política se verá azuzada por dos factores: la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, que se estrena la semana que viene y que pondrá cortapisas a cualquier regulación migratoria de Biden; y la nueva candidatura de Trump, que tiene en la frontera un punto central y que conecta sobremanera con su electorado.

Biden maneja planes para contener la situación -programas especiales para algunos países, como existe ahora con Venezuela, exigencia de que los emigrantes soliciten asilo en otros países de tránsito antes que en EE.UU.-, pero es difícil que nada de eso evite que la inmigración agite el tercer año de su mandato.