Crisis carcelaria en el Reino Unido: no hay sitio para más condenados

Y es que la población penitenciaria de Inglaterra y Gales se ha duplicado en los últimos 30 años, a pesar de que las tasas de criminalidad han caído de manera sustancial. El aumento es del 13 por ciento sólo en los últimos tres años, y el Ministerio de Justicia proyecta que alcanzará los 99.300 reclusos para finales del próximo año. Incluso con la construcción prevista de nuevas prisiones, no se espera que la capacidad de acoger reos crezca al ritmo de las condenas a prisión, ya que sólo están previstos alrededor de 4.400 nuevos espacios.

Desde la década de 2010, según los expertos, la sobrepoblación ha sido impulsada por penas más largas. En 2023, la pena promedio impuesta en delitos graves fue más del 25% más larga que en 2012. Parte de esto se debe a más condenas por delitos violentos, que conllevan penas más largas, pero los mismos delitos ahora se traducen en más tiempo entre rejas. Las penas por robo, por ejemplo, fueron 13 meses más largas en promedio en 2023 que en 2012, un aumento del 36 por ciento. Estas penas extendidas mantuvieron la población carcelaria prácticamente estable durante la década de 2010, incluso cuando el número de personas juzgadas y condenadas en los tribunales estaba disminuyendo. Además, el número de personas en prisión preventiva ha aumentado un 84 por ciento desde 2019 y ahora representa casi el 20 por ciento de la población total de las prisiones. Dos tercios de estas personas aún no han sido condenadas, lo que refleja el creciente atraso en los tribunales penales.

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Ivannia Salazar | Corresponsal en Londres

Así, el crecimiento exponencial en el número de internos no es un fenómeno reciente. Desde los años 90, el Reino Unido ha experimentado este endurecimiento generalizado de las penas, un fenómeno conocido como «inflación de sentencias». Así lo explica la investigadora Cassia Rowland, del think tank Institute for Government, quien destaca que «la grave situación en las prisiones es sólo un ejemplo de un colapso más amplio en el sistema de justicia penal, del cual es tanto causa como síntoma« y detalla que »tres razones han causado el aumento de la población carcelaria: sentencias más largas, un incremento de presos en espera de juicio o sentencia, y un aumento en el número de personas que son reincorporadas a prisión después de haber sido liberadas bajo libertad condicional«.

En respuesta a esta crisis, el gobierno ha implementado la medida que permite la liberación anticipada de reclusos que hayan cumplido el 40 por ciento de su condena, en lugar del 50 por ciento requerido usualmente para la libertad condicional. Está compuesta de dos fases: primero, han empezado a liberarse los internos con condenas menores a cinco años, y posteriormente, se hará lo mismo con otros con sentencias más largas hasta un total de 5.500 liberados en octubre. El objetivo es aliviar la presión inmediata sobre las cárceles y evitar el colapso del sistema penitenciario, que a finales de agosto sólo tenía, según datos oficiales, poco menos de cien camas disponibles en las prisiones de hombres en Inglaterra y Gales.

Pero el esquema ha generado una serie de críticas y preocupaciones. La baronesa Helen Newlove, y miembro de la Cámara de los Lores, es una de las voces que han manifestado su inquietud por la falta de notificación adecuada a las víctimas sobre la liberación anticipada de sus agresores. «Es inaceptable que algunas víctimas no supieran que sus agresores saldrían en libertad antes de lo previsto. Este es un golpe directo a la confianza que las víctimas depositan en el sistema de justicia», declaró Newlove. Su preocupación subraya el riesgo de que la medida pueda socavar la percepción de justicia para las víctimas de crímenes graves y exacerbar el sentimiento de inseguridad entre el público.

Además, el impacto del esquema en el personal de libertad condicional ha sido significativo. La National Association of Probation Officers (Napo), que agrupa a los oficiales especializados en libertad condicional, ha señalado que algunos agentes fueron informados con tan sólo una semana de antelación sobre la liberación de delincuentes que necesitan ser supervisados, lo que ha incrementado el riesgo de que esa supervisión sea inadecuada. Tania Bassett, oficial de Napo, comentó que «la falta de preparación adecuada para manejar a los liberados podría resultar en un aumento de reincidencias y en delitos graves». Este cambio repentino en la dinámica ha generado preocupación sobre la capacidad del personal de libertad condicional para manejar la carga adicional de trabajo y garantizar la seguridad pública.

Charlie Taylor, jefe de Inspección de Prisiones, subrayó que existe un «riesgo real» de que algunos de los liberados se enfrenten a la indigencia o caigan de nuevo en el ciclo de criminalidad, drogas o, en el peor de los casos, en nuevos delitos graves. «Cuando no se da un seguimiento adecuado, hay una alta probabilidad de que estos individuos vuelvan a delinquir», advirtió.

«La intensa presión sobre las prisiones y la falta de experiencia del personal significan que los presos reciben poca educación o empleo en prisión, o preparación para su liberación», opina por su parte Rowland, para quien «los esquemas de liberación anticipada 'ad hoc' y a menudo caóticos han exacerbado estos problemas, dejando al servicio de libertad condicional lidiando con cargas de trabajo más altas y presos liberados sin un hogar y con apoyo limitado«. Para esta experta, »no es sorprendente que las tasas de reincorporación sean altas y estén en aumento, con muchas personas que regresan a la prisión sólo semanas, o incluso días, después de su liberación anticipada«.

Un informe del Howard League for Penal Reform, una organización benéfica que trabaja para promover reformas en las políticas penitenciarias con el objetivo de mejorar el sistema de justicia penal y reducir el uso de las cárceles como solución a los problemas sociales, recomienda explorar rutas aceleradas de salida para aquellos que cumplen largas condenas, revisando las sentencias de los prisioneros que cumplen condenas de más de diez años a mitad de su sentencia o en intervalos regulares. Otras sugerencias incluyen la liberación de los condenados por delitos menores, así como una revisión de las necesidades y niveles de riesgo de los prisioneros de delitos más graves.

Pero hay voces que abogan por decisiones más radicales. Es el caso de cinco de los jueces jubilados más importantes de Inglaterra y Gales, que creen que se deben considerar «soluciones radicales», como la liberación anticipada con un permiso de asesinos y violadores. Otras propuestas incluyen la liberación de ancianos, estén enfermos terminales o presos con demencia.