El Tribunal Supremo falla contra Trump sobre la congelación de la multimillonaria ayuda al exterior

Los nueve jueces tomaron una decisión muy dividida (5-4) en la que denegaron la exigencia de la Administración Trump de bloquear una decisión de un tribunal inferior sobre la paralización de los envíos de la multimillonaria ayuda exterior de EE.UU. a través del Departamento de Estado y de la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID, en sus siglas en inglés).

Un juez federal de Washington, Amir Ali, había ordenado a la Administración Trump que retomara los pagos de los 2.000 millones de dólares de ayuda exterior bloqueados por el presidente de EE.UU. a través de orden ejecutiva en los primeros compases de su mandato

El alto tribunal no impone que los pagos se vuelvan a poner en marcha de inmediato, sino que exige al juez que decidió el bloqueo que «clarifique con qué obligaciones debe cumplir el Gobierno» de forma específica.

Los jueces no entraron en el fondo de la cuestión –sobre si el presidente puede o no bloquear esas asignaciones aprobadas por el Congreso–, pero su decisión provocó una división evidente en el tribunal, que tiene una mayoría reforzada de magistrados conservadores (6-3), forjada gracias a las tres nominaciones que Trump pudo hacer durante su primer mandato.

«Estoy estupefacto», escribió el juez conservador Samuel Alito, encargado de redactar la posición de la minoría. «¿Puede un único juez de distrito que probablemente carece de jurisdicción tener el poder ilimitado de obligar al Gobierno de EE.UU. a pagar (y probablemente perder para siempre) 2.000 millones de dólares de los contribuyentes? La respuesta a esa pregunta debería ser un enfático ‘no’».

Ese juez del tribunal inferior había exigido a Trump que empezara a realizar los pagos después de que la Administración Trump pareciera hacer oídos sordos a una decisión anterior que impuso que los 90 días de congelación de la ayuda exterior que había firmado se había hecho con demasiado urgencia.

Esta es la primera vez que el Supremo toma partido en algo relacionado con el centenar de órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que ha imprimido un evidente ambición rupturista en sus primeras seis semanas en la Casa Blanca.

Hace dos semanas, el alto tribunal decidió no entrar a valorar una disputa sobre uno de los muchos despidos de altos cargos de la Administración. Un juzgado inferior decidió permitir que el director de la Oficina de Asesoría Legal Especial de la Casa Blanca siguiera en su puesto mientras se ventilaba una demanda contra su despido, y el Supremo decidió retrasar su decisión.

La posición tomada por los jueces en el caso de USAID es de urgencia y de carácter técnico y no aclara cuándo la ayuda exterior volverá a fluir; pero abre esa batalla sobre la delimitación del poder presidencial y del poder judicial. Con la fuerza ejecutiva del poder ejecutivo y las mayorías republicanas en el Congreso, uno de los escasos recursos que quedan a quienes se oponen a la agenda de Trump es la vía judicial. La gran mayoría de sus órdenes judiciales han sido contestadas en tribunales por activistas, grupos de interés o autoridades demócratas.

La cuestión es si este Supremo de mayoría conservadora será o no un dique de contención a las ambiciones de Trump. Por el momento, sus magistrados dieron un espaldarazo fenomenal al ahora presidente cuando era candidato. Varias de sus causas criminales se debilitaron o descarrilaron cuando el Supremo amplió su visión sobre la inmunidad del presidente. Y, aunque en esta ocasión dos jueces conservadores han votado con los progresistas en una decisión técnica, la contundente posición de disconformidad de Alito y el resto de magistrados anticipa que buscarán poner coto al entorpecimiento de la acción del presidente por parte de la justicia.

Otra decisión que podría acabar pronto en los tribunales es un plan de despidos masivos en el Departamento de Asuntos de Veteranos. Una directiva interna a la que tuvo acceso la agencia AP muestra la intención de eliminar 80.000 puestos de trabajo de su plantilla.

La atención a los veteranos del Ejército es tradicionalmente una prioridad para los republicanos, y estos planes de la Administración Trump podrían encontrar resistencia en su partido.