Un caso de corrupción en el Tribunal Supremo sacude Chile

Sin embargo, otro de los ministros, Jean Pierre Matus, también aparece complicado en esta investigación que ha extendido sus tentáculos hacia diferentes frentes e implica ya no sólo empresarios, sino también a exministros del Gobierno de Sebastián Piñera, jueces y fiscales.

En sus inicios el caso de 'factoring' involucraba a los socios de la empresa Factop, los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, quienes mediante operaciones financieras y utilizando facturas falsas, crearon un mecanismo piramidal tipo esquema Pozzi. Cuando la Comisión de Mercado Financiero (CMF) y la fiscalía iniciaron una investigación, Topelberg entregó anónimamente al diario electrónico 'Ciper' una grabación de audio en la que el conocido abogado penalista Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el cliente de ambos, Daniel Sauer, discutían la creación de un fondo de dinero negro para comprar información en la CMF y el Servicio de Impuestos Internos. «Esto es un delito», asegura Hermosilla en esa grabación.

De ahí, el 'caso Factop' mutó al denominado 'caso audios' que con el paso de los meses se convirtió en una bomba de racimo cuyas esquirlas han golpeado al mundo político y judicial y ha puesto en cuestión el actual sistema de nombramiento de autoridades en Chile que obliga a los postulantes a un cargo realizar el tradicional 'besa manos'.

Durante la formalización de Hermosilla hace dos semanas, los fiscales develaron contactos del abogado con otros actores políticos, sin embargo, en una ofensiva de Juan Pablo Hermosilla, hermano del acusado y su defensor, terminaron por salir a la luz conversaciones del imputado con el actual Fiscal Nacional Angel Valencia; una de los fiscales que hoy lo persigue; exministros del segundo gobierno de Piñera, como Felipe Ward y menciones de Mario Desbordes y Sebastián Sichel, estos dos candidatos a alcalde de la oposición para los próximos comicios de octubre.

Al difundirse en noviembre de 2023 la mentada grabación por 'Ciper', la fiscalía requisó el teléfono celular de Luis Hermosilla, un conocido penalista de la plaza que en su juventud militó en el Partido Comunista, pero reinstalada la democracia cruzó las líneas y se vinculó a la derecha debido a su amistad universitaria con el exministro UDI Andrés Chadwick. Desde entonces forjó lazos en el mundo empresarial y político con lo que su red de influencia traspasó el ámbito judicial, influyendo en el nombramiento de jueces o notarios.

Al revisar los WhatsApp de Hermosilla, la fiscalía descubrió una serie de otros ilícitos que hoy tienen sumida en una crisis a la Corte Suprema y al Poder Judicial en su conjunto.

El primero en caer tras revisarse el teléfono, en marzo de este año, fue el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez, quien filtró antecedentes y diligencias reservadas al abogado para obtener ventaja en algunos de las causas que defendía.

Después se conoció que el ministro de la CS, Jean Pierre Matus, había participado en la elaboración de informes en derecho para la defensa del exministro de Piñera, Andrés Chadwick, quien se enfrentó a una acusación constitucional por su responsabilidad en los casos de violaciones de derechos humanos en el estallido social de 2019 y en cuyo proceso su amigo Hermosilla lo defendió. Matus en ese entonces era abogado particular, pero casi dos años después fue escogido por Piñera como postulante a la CS, cargo que asumió en noviembre de 2021.

En estos días, sin embargo, se conoció de las conversaciones entre Hermosilla y la ministra Angela Vivanco, quien contactó con él y le pidió que la ayudara a alcanzar ese puesto en el máximo tribunal en 2018. Tras ello, ambos mantuvieron permanente comunicación no solo para lograr la nominación de otros supremos, entre ellos Matus, sino que resolver causas.

Uno de los más llamativos encontrados es el mensaje enviado por Hermosilla a Vivanco el 8 de febrero de 2021: «Alguna posibilidad de que integres la sala Penal mañana?»

Tras conocerse esto, el pleno de la Corte Suprema resolvió suspender a Vivanco y abrirle una investigación por seis hechos que podrían constituir tráfico de influencias y cohecho. Lo mismo resolvió en sede penal la Fiscalía Nacional.

El 'caso audios' ha golpeado con fuerza a la oposición, en relación con los nexos de Hermosilla con ella, pero también al oficialismo porque el abogado había asumido la representación de miembros del actual Gobierno, entre ellos, el jefe de asesores presidencial Miguel Crispi vinculado al denominado 'caso convenios o fundaciones'.

Tras varias semanas estupefacta, Chile Vamos anunció este lunes la presentación de una acusación constitucional contra la ministra Angela Vivanco y confirmó que se sumará a la que presente el socialismo en contra de Jean Pierre Matus.

La derecha también presentará otra contra el ministro de la CS Sergio Muñoz Gajardo, quien ha sido cuestionado por haberle adelantado a su hija jueza Graciel Muñoz Tapia un fallo del alto tribunal que la perjudicaría patrimonialmente y permitirle con ello realizar gestiones en contrario.

Desde antes de conocido el 'caso audios' el sistema de nombramientos de ministros de altos tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional (TC), del Fiscal Nacional y de los miembros del consejo del Banco Central ha estado en tela de juicio. La extrema izquierda, cuando no tenía representación parlamentaria y no había alcanzado el gobierno, criticaba que se aplicara un modelo bipartidista donde los nominados se repartían entre oposición y oficialismo.

En la nominación para la CS, el TC y el Fiscal Nacional, el sistema considera la elaboración de una quina o terna por el máximo tribunal, de la cual el presidente de la República escoge un nombre y lo somete a votación en el Senado. Durante la actuación de los tres poderes del Estado se da paso al tradicional 'besa manos' donde el postulante hace uso de sus recursos y contactos, ya sea mediante mensajes, conversaciones y reuniones, para alcanzar el apoyo de los intervinientes.

Ya en el pasado esto se ha cuestionado, especialmente con la nominación de los últimos dos fiscales nacionales y miembros del TC, pero esto ha hecho crisis hoy. El ministro de Justicia, Luis Cordero, reconoció que es necesario «modificar el sistema de nombramientos en todo el Poder Judicial» y en junio recibió una propuesta en tal sentido de la CS.

Mientras esta reforma no se concrete, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ha solicitado que «la aprobación debiera centrarse en la idoneidad de los nombres que se propongan«.

En las dos propuestas constitucionales rechazadas por los chilenos este tema era abordado, pero la ministra Tohá fue clara frente a las expectativas: «Ningún sistema de nombramiento por sí solo resuelve situaciones de este tipo. Lo que es importante es tener sistemas de control, tener sistemas de supervigilancia, tener sistemas transparentes de información y rendición de cuentas, organismos que controlan, que fiscalizan, que están atentos y que cumplen su labor», afirmó.