De la conversión al odio: la relación de Daniel Ortega con la Iglesia católica

Un año antes del triunfo electoral de los sandinistas, el nuevo Ortega aceptó los sacramentos religiosos y se casó por la iglesia con Murillo, en una ceremonia presidida por el cardenal Miguel Obando y Bravo, uno de los principales críticos del primer Gobierno sandinista en los años 80, después del derrocamiento de la dictadura de los Somoza. Para congraciarse con sus nuevos aliados, una de las primeras acciones realizadas por el recién llegado al poder fue la penalización del aborto terapéutico, una medida que fue aplaudida por la mayoría de grupos religiosos del país.

La buena relación no duraría mucho. Ortega y Murillo se fueron haciendo poco a poco con el poder, y sostuvieron durante todos esos años una relación de 'diálogo y consenso' con los principales empresarios, quienes guardaron silencio ante el deterioro de la democracia a cambio de ser los principales interlocutores para casi todas las leyes que se aprobaban en el país. A partir de 2011, la Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronunció ante los nuevos atropellos del régimen.

El mensaje más contundente llegó después de las elecciones de 2011, en las que Ortega se reeligió para su segundo período presidencial, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estableció que la no reelección «violaba los derechos constitucionales» del presidente. «Urge recuperar el Estado de Derecho, en donde el poder está sujeto a la ley. Si no se logra esto, no habrá avance democrático en Nicaragua y se estarán repitiendo continuamente errores del pasado, que podrían conducir al país a mayores divisiones», advirtieron entonces los obispos.

Pero fue después de las protestas de abril de 2018, las más grandes que se han producido contra el régimen de Ortega, cuando se fracturaron para siempre los vínculos con los líderes católicos. Nuevamente, los sacerdotes críticos fueron perseguidos en el país, como sucedió en la década de los ochenta, provocando la detención de sacerdotes y obispos. El ejemplo más reciente lo encarna Rolando Álvarez, obispo que fue confinado a arresto domiciliario con el fin de acallar su voz. Los agentes de Policía entraron con violencia a la curia de monseñor Álvarez y lo sacaron, junto a otras siete personas, a la fuerza. Cuatro sacerdotes y dos seminaristas fueron llevados a la Dirección de Auxilio Judicial, donde permanecen la mayoría de presos políticos.

La detención de Álvarez ocurrió después de que el prelado realizara una procesión ante el cierre de más de diez emisoras locales administradas por la Diócesis de Matagalpa. Fuentes cercanas al obispo también aseguraron a los medios locales que monseñor estaba realizando exorcismos a distancia contra la pareja presidencial. La figura de Murillo y los ataques contra la Iglesia han levantado muchas ampollas sobre todo entre los laicos creyentes, quienes tachan a la vicepresidenta de «esotérica».

«Hay que tener muy presente que la detención solo puede efectuarse en virtud del mandamiento presente o de las autoridades expresadas por la ley, salvo el caso de flagrante delito. Ellos no estaban cometiendo delito. Por ello decimos que existe un secuestro: están deteniendo a una persona en contra de su voluntad», explicó la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, quien realizó un informe en el que recopiló 190 ataques a templos y sacerdotes desde abril de 2018. «Hay que tener claro que el sistema judicial de Nicaragua es una máquina especialista en construir procesos y delitos contra personas inocentes», explica la experta. El caso más reciente de ello fue la condena contra monseñor Leonardo Urbina, acusado de violación a una menor de edad. Sin embargo, expertos jurídicos y defensores en derechos humanos han informado de que el juicio estuvo repleto de irregularidades, testigos falsos y pruebas cuestionables.

Ortega y Murillo no han tenido reparos en tildar de «falsos profetas» a los curas que han brindado apoyo humanitario a los manifestantes que salieron a las calles en abril de 2018. En un discurso incendiario el 2 de agosto de 2021, cuando Ortega fue ratificado como candidato presidencial, acusó a los sacerdotes de «hipócritas» y «mercaderes del templo», porque, según el mandatario, «tenían tomados los templos y engañada a la gente», y se comportaban como si tuvieran «la máxima autoridad moral».