La contratación de médicos cubanos enfrenta a Sheinbaum y a Marco Rubio, que lo califica de «trabajo forzado»

Los médicos cubanos que se desempeñan en México reciben un salario mensual de 100.000 pesos (5.000 euros). Rubio entiende que solo reciben una mínima parte de ese sueldo y que el resto va a las arcas del régimen.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el calificativo este jueves: «Pues primero, no es trabajo forzado, en el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal de que dejaron de formarse médicos. Hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, por lo que no vemos ningún problema en eso, es legal, es abierto y no tiene problema».

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Rubio llegará a México en las próximas semanas para abordar diversas cuestiones en materia migratoria, de seguridad, frontera y tráfico de fentanilo. La semana que viene viajará a Ciudad de México su segundo al mando, Christopher Landau, que ya fue embajador en la capital mexicana.

El pleito por los médicos cubanos se suma a una larga lista de tensiones entre ambos países: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le ha quitado la visa a una gobernadora aliada de Sheinbaum (y se espera que esa medida se expanda en los próximos días a otras figuras de la política mexicana), avanza en Washington una iniciativa del Partido Republicano para cobrar un impuesto a las remesas que los mexicanos envían desde EEUU a su país y la DEA ha publicado un documento explosivo que dice que al sur del Río Bravo son 500.000 las personas que trabajan para los cárteles de las drogas.

El telón de fondo de las hostilidades es una frontera de más de 3.200 kilómetros cada vez más militarizada. Según informó 'The New York Times', al final del Gobierno de Joe Biden había 2.500 soldados apostados en la frontera mientras que ahora cumplen funciones 8.600. Del lado mexicano, en tanto, hacen lo propio 9.000 soldados.

El paisaje fronterizo ha cambiado acorde al incremento de las hostilidades entre ambos países. Hoy por hoy el despliegue armamentístico es absoluto: drones de vigilancia, aviones espía, vehículos blindados, helicópteros de modo casi permanente y en las costas buques de guerra, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, frente a las playas de Sinaloa, principal zona de guerra entre las bandas del Cártel de dicho estado.

Movimientos que van a la par de las promesas de campaña de Donald Trump de declarar al narco mexicano como organizaciones terroristas. «El presidente cree que este conflicto es más vital para EE.UU. que Ucrania u Oriente Próximo, ocurre en la frontera y la entiende como una guerra que puede ganar», señalan a ABC desde la Embajada estadounidense en Ciudad de México.

El inicio de la escalada fue a mediados de abril, en una llamada que mantuvieron Donald Trump y Claudia Sheinbaum. En ese intercambio, el más largo de todo los que sostuvieron y casi al alba, el presidente republicano comenzó a presionar para que Sheinbaum permitiera la operación de solados estadounidenses en suelo mexicano de modo de acelerar la lucha contra los cárteles. Sheinbaum rechazó la oferta.

Dos semanas más tarde Trump les dijo a los periodistas a bordo del Air Force One que propuso la idea porque los cárteles «son personas horribles que han estado matando gente a diestra y siniestra».

Allí comenzaron nuevas presiones y hostilidades de Washington hacia su vecino del sur. Primero fue el comercio y los recursos hídricos: Trump le reclamó a México agua de sus ríos que entiende que se le debe a EE.UU. por un tratado firmado por ambos países en los años 40. México atraviesa una fuerte sequía, pero Sheinbaum accedió.

Luego se cancelaron dos negocios que son cruciales para el campo mexicano. EE.UU. prohibió el ingreso de carne por supuestos temores de salubridad y también se le impuso un arancele al tomate exportado por México.

El mes pasado se le retiró la visa a la gobernadora de Baja California. EEUU se negó a informarle a México en qué basó su decisión. El periodista Tim Golden, para colmo, publicó en el medio ProPublica que el Departamento de Estado tiene una lista de políticos mexicanos a los cuáles les quitaran la visa por supuestos nexos con el crimen organizado. En esta lista estaría, según Golden, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El periodista ya señaló en el pasado que el expresidente y sus hijos habrían recibido fondos del narco para las campañas electorales. En paralelo, varios aliados del López Obrador cargan con las mismas sospechas, desde exintegrantes de su gabinete hasta gobernadores en funciones como el de Sinaloa, Rubén Rocha, o el de Tamaulipas, Américo Villarreal.

La comunicación entre ambos países se ha reducido de modo inquietante. Washington no le da explicaciones a Sheinbaum sobre las visas, no le anticipó el plan anti remesas y tampoco le revela el acuerdo que la familia de Joaquín 'El Chapo' Guzmán realizó con el FBI y que permitió que hace dos semanas 17 familiares del que fuera el capo más buscado ya estén bajo protección del gobierno de Trump. La colaboración de esa familia con el FBI puede, y lo que cuenten sobre la política mexicana, puede ser el inicio de episodios aún más tormentosos.