Contener los flujos ilegales de inmigración, la gran obsesión de Giorgia Meloni

Por eso, para combatirlo, Giorgia Meloni evocó el método de investigación creado por el legendario juez Giovanni Falcone para luchar contra la mafia, convertido en modelo en el mundo: 'Follow the money' (seguir el dinero). Así lo reiteró en el discurso para anunciar su candidatura al Parlamento europeo en las elecciones de junio: «Las Naciones Unidas dicen que el tráfico de personas en todo el mundo se ha vuelto mucho más rentable que el tráfico de armas y está igualando al tráfico de drogas», dijo la líder de Hermanos de Italia.

Las cifras son alarmantes. Según las últimas y más creíbles estimaciones de la ONU, los beneficios del tráfico de inmigrantes ascienden a 7.000 millones de dólares (6.556 millones de euros), mientras que los de la trata de seres humanos llegan a 32.000 millones de dólares (29.971 millones de euros). El tráfico de drogas vale más: supera los 300.000 millones de dólares (281.000 millones de euros). Meloni apeló a Europa y a la oposición en Italia «para luchar contra los nuevos esclavistas» y contra la «inmigración ilegal masiva que hace fortuna a esa red criminal».

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Ángel Gómez Fuentes | CORRESPONSAL EN ROMA

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Para contener los flujos migratorios, la primera ministra ha viajado, entre otros países africanos, a Libia, Túnez, Egipto y Argelia (con este último lo hizo también por motivos energéticos, pues es el primer proveedor de gas natural a Italia). «El objetivo es pasar de la cooperación bilateral a un enfoque regional estratégico para reducir los flujos migratorios ilegales», dijo el 2 de mayo el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, tras recibir en Roma a sus homólogos de Argelia, Libia y Túnez. «Nuestra prioridad estratégica -añadió- debe ser trabajar para reforzar la seguridad de las fronteras terrestres, empezando por la zona del Sahel».

De momento, la política migratoria de Meloni está dando resultados, aunque ella misma reconoce que no son completamente satisfactorios. Desde comienzos de año hasta el 2 de mayo, desembarcaron en las costas italianas 16.137 inmigrantes, frente a 42.369 en el mismo periodo del año anterior. Importante ha sido la ayuda que Italia ha recibido de la Unión Europea.

La primera ministra, acompañada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Egipto y Túnez, firmando acuerdos con sus presidentes, Abdel Fattah Al-Sisi y Kais Saied, respectivamente, para luchar contra este problema. Italia y la UE pagan a esos países para que vigilen sus fronteras. El acuerdo con Túnez es emblemático del efecto de las compensaciones económicas (más de 100 millones de euros aportó Italia y 287 millones hasta el 2027 por parte de la UE): las interceptaciones de personas en el mar por parte de las autoridades tunecinas se duplicaron el año pasado hasta alcanzar las 81.000, afirma el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales.

Ante el problema de la inmigración, Giorgia Meloni ha tenido que atender a dos frentes: por un lado, a su electorado de derechas, inquieto por la inmigración ilegal; y, por otro, la demanda de los empresarios, que solicitan más trabajadores extranjeros. La cuota para los trabajadores de países fuera de la UE para 2024 autorizada por el Gobierno fue de 136.000, muy por debajo de la demanda empresarial. «En todos los sectores, necesitamos gente», dijo Luigi Pio Scordamaglia, destacado dirigente de Coldiretti, la influyente asociación de agricultores. La agricultura italiana ya depende de los trabajadores extranjeros en el 32% de sus necesidades laborales anuales.

Hay sectores que difícilmente podrían afrontar sus necesidades de producción sin trabajadores extranjeros. Por ejemplo, en los astilleros de Fincantieri, un gigante de la construcción naval, en el puerto de Monfalcone en el Adriático, alrededor de 1.700 italianos están trabajando junto con 6.800 extranjeros para construir tres grandes cruceros para empresas de viajes internacionales. Esta desproporción entre los italianos y la fuerza laboral extranjera en Monfalcone, municipio de 30.000 habitantes, está aumentando las tensiones por la creciente diversidad cultural, sobre todo con la comunidad musulmana.

Como telón de fondo está el bajo índice de natalidad en Italia, que está a la cola de Europa. Solo 379.000 niños nacieron en 2023, por debajo del mínimo histórico del año anterior (393.000), según el Instituto Nacional de Estadística (Istat). El 13,3% de esos bebés eran hijos de extranjeros que viven en el país transalpino. De poco han servido las políticas para revertir el declive demográfico. El promedio de hijos por mujer cayó a 1,2 en 2023, desde 1,24 del año anterior, muy por debajo del índice 2,1 según el cálculo que suele hacerse para garantizar el reemplazo de la población.

El año pasado desembarcaron en las costas italianas 157.652 personas. Las peticiones de asilo fueron 135.820. En total, fueron examinadas 41.415, de las cuales se denegaron el 49,8%, según Eurostat. Muchos de los inmigrantes después se dirigieron a Francia o al norte de Europa. El sociólogo Stefano Allievi destaca en el diario 'Il Reformista' que la cuestión debería ser gestionada por Bruselas en todo lo que se refiere a las acogidas, redistribución entre los países, integración y repatriación. «Estamos hablando de una Europa que tiene una necesidad de mano de obra anual estimada de alrededor de 2,5 millones de trabajadores, lo que significa nada menos que 50 millones de personas de aquí al 2050», explica Stefano Allievi. Su conclusión es poco alentadora: «Por tanto, la Unión Europea debería tener interés en gestionar los flujos regulares coordinados y promovidos por ella, con directrices vinculantes. Sin embargo, esto no se hace, dejando así esencialmente un único canal de entrada abierto, que es el irregular».