Periodistas en la guerra del narcotráfico

Apenas unos días antes, nueve disparos habían terminado con la vida de uno de sus fotógrafos, Luis Carlos Santiago, mientras que su compañero Carlos Manuel Sánchez resultaba seriamente herido. En su despacho de la redacción, el director, Pedro Torres, nos explica que la idea de publicar aquel editorial partió del dueño del diario: «Se trataba de reclamar al Gobierno ante una situación que hasta ahora les resbala». Ejercer el periodismo en México tiene un algo de heroico. En los últimos diez años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado 65 muertes de comunicadores y 12 desapariciones, aunque «el número real es mucho mayor». Según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), 57 periodistas han sido asesinados en los últimos cinco años. A diario, instalaciones de medios de comunicación sufren el acoso armado de las bandas criminales, que tratan de intimidar con bombas o ráfagas de ametralladora la voz de los informadores: desde los estudios de Televisa en Monterrey a la redacción del periódico «Noroeste» en Sinaloa y Mazatlán, pasando por el secuestro de un equipo de «Milenio TV» en Durango. Una misión conjunta de la OEA y de la ONU sentenció que, en algunas zonas, los medios locales han decidido dejar de informar sobre la violencia y «autocensurarse por miedo a represalias». El Comité para la Protección de los Periodistas denuncia que «los narcotraficantes seguirán siendo quienes definan qué es noticia y qué no lo es», amparados por «una impunidad sistemática arraigada a nivel estatal y municipal». La impunidad es la principal lacra de una situación que, sólo en Ciudad Juárez, se ha cobrado siete mil vidas en los últimos tres años, los que corresponden al mandato de su anterior alcalde, José Reyes Ferriz. La víspera de abandonar su despacho, el edil relata a Los Domingos de ABC: «Cuando llegué, la policía estaba infiltrada por la delincuencia, trabajaba para los delincuentes. Hoy dejamos una ciudad con una policía fuerte para enfrentar el problema, que se vino generando en los últimos 15 años». El ya ex presidente municipal no se muerde la lengua: «La impunidad es el gran problema. Tenemos un problema gigantesco de procuración de Justicia.El Gobierno estatal no mete a nadie en la cárcel. Cuando yo recibí la cárcel tenía 3.800 internos y ahora que estoy entregando el cargo, a pesar de toda la inseguridad, tengo 2.850. Me desespera que yo les presentase casi 10.000 personas que detuvimos con las manos en la masa en tres años y de ellas nada más 450 terminaran en la cárcel». Esta misma semana, un vídeo colgado en «Youtube» mostraba a Mario Ángel González, hermano de la ex procuradora estatal, Patricia González, quien fue secuestrado días atrás. Rodeado por hombres armados y encapuchados, revela la supuesta complicidad entre la ex funcionaria estatal y el grupo criminal «La Línea», brazo armado del cártel de Juárez. En su detallada confesión a punta de fúsil, González responsabiliza a su hermana de la muerte de dos periodistas en Ciudad Juárez: Armando Rodríguez, «El Choco», el cuál habría sido asesinado por el comandante Chacón, quien también habría disparado contra Enrique Perea, de la revista «Dos caras». Sin embargo, Chacón fue asesinado nueve meses antes de la muerte de «El Choco». La llamada «nota roja» ocupa las primeras planas de la mayoría de los medios locales. «Por razones informativas y porque es lo que interesa a la gente y lo que vende: además de un medio de comunicación, un periódico es un negocio», reconoce Torres. El alcalde de Ciudad Juárez tampoco se corta para señalar a algunos medios como supuesta parte del engranaje del crimen organizado: «Aquí hay un periódico que regalan, que no tiene anuncios (dice, mientras encoge los hombros), y que todo el día habla mal de mí, habla mal del Ejército, habla mal de la policía federal… Pues, sí, efectivamente, es el vocero de la delincuencia». El diario al que se refiere es «Hoy». Su directora de información, Guadalupe Salcido, defiende que las informaciones de sucesos no vayan en primera plana, «por respeto al lector». «Vamos dirigidos a la sociedad pensante de la ciudad, que rechaza esa imagen grotesca y quiere un periódico que puedan leer sus hijos». La periodista reconoce que «somos un diario incómodo, recibimos presiones de los poderes públicos para que cambiemos nuestra línea editorial... El anterior gobernador intentó encarcelar a cinco de nuestros reporteros por denunciar prácticas de corrupción». «El enemigo es la autoridad» Pero, en algo coinciden tanto «El Diario» como «Hoy»: «El principal enemigo es la autoridad», y documentan casos de agresiones policiales (sobre todo, de los federales) a sus profesionales; en especial, a sus reporteros gráficos, siempre en la calle a la espera de una alerta a través de la emisora de la policía. Con una media de nueve muertos diarios, no les falta trabajo. Pedro Torres reconoce que hace años recibían varias llamadas de supuestos maleantes indicándoles qué debían o qué no debían publicar, «pero no les hacíamos caso. A partir de la muerte de e_SDLqEl Choco” esas llamadas dejaron de producirse». Y Guadalupe Salcido revela haber recibido una amenaza de bomba hace apenas un mes, pero también prefirieron obviarla. Ambos asumen que, en lo referente al narcotráfico, no existe el periodismo de investigación y se practica la autocensura: sólo se publica lo que informan las autoridades. Tras la puesta en marcha de una fiscalía especial para delitos contra periodistas de la que apenas se tiene noticia, al reunirse el pasado septiembre con una delegación de la SIP el presidente Felipe Calderón se comprometió a poner en marcha en octubre un plan para la protección de los informadores. Hoy, último día de mes, apenas se sabe que la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión «trabajan en una estrategia de respuesta inmediata para proteger a periodistas en riesgo».