La herida abierta del sangriento ataque al Palacio de Justicia de Bogotá

La próxima semana se cumplen 40 años de la sangrienta toma del M-19 y de la recuperación del edificio por parte del Ejército, que llevó 28 horas que marcaron a sangre y fuego al país, dejando heridas que aún no cierran o han cicatrizado mal.

Noticia Relacionada

La absolución del expresidente Uribe polariza la precampaña electoral en Colombia

Poly Martínez

Tras el fallo judicial, el líder de la derecha sale fortalecido para liderar la de su partido, el Centro Democrático

A diferencia de otros años de conmemoración, este aniversario tiene un significado especial no solamente por las cuatro décadas que han pasado, sino porque las víctimas aún no han escuchado un reconocimiento formal de responsabilidad por parte de los exguerrilleros del M-19, entre ellos, el hoy presidente Gustavo Petro, quien entonces era parte de la cúpula de ese movimiento.

De acuerdo con la sentencia del Juzgado Treinta de Instrucción Criminal Ambulante, dictada el 31 de enero de 1989, Petro recibió resolución acusatoria por rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad, junto con la comandancia del M-19, por lo que el juez Uriel Alberto Amaya Olaya dictó medida de aseguramiento a todos los involucrados. Sin embargo, en aquel momento el gobierno de Virgilio Barco trabajaba en el proceso de paz con esa guerrilla, que fue rubricada el 9 de marzo de 1990, lo que llevó a que sus miembros fueran indultados y el caso archivado.

Es más, un segundo indulto fue necesario en 1992 cuando una juez sin rostro, Clemencia García de Useche, ordenó la captura de la cúpula del M-19 por considerar que la ley de indulto del 90 no cubría actos terroristas como el incendio del Palacio de Justicia. El impacto caería sobre 31 miembros de la cúpula del desmovilizado M-19, incluido Petro Urrego. La crisis llevó a que se presentará este segundo indulto ante el Congreso, ponencia que estuvo a cargo del senador Álvaro Uribe Vélez.

Hoy, la gran pregunta a días de la conmemoración es si habrá un reconocimiento de responsabilidad en este aniversario, precisamente cuando un exmiembro del M-19 ocupa la Presidencia de Colombia y está a pocos meses de terminar su gobierno.

Para Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero –que murió en el ataque– y quien ha liderado acciones a favor de las víctimas, no habrá gesto alguno por parte de quienes en el momento conformaban el M-19, varios de ellos miembros del Gobierno actual. «Nada. El país decidió no hablar ni ocuparse del tema durante, por lo menos, 30 años. Después, en 2009, empezaron a hablar de la Comisión de la Verdad para saber qué pasó, comisión que fue integrada por tres presidentes de la Corte. Creo que hicieron un buen trabajo en ese momento, teniendo en cuenta que ni reparación ni justicia hubo. El país decidió perdonar todo a cambio de nada», asevera.

La historia de Colombia, sin embargo, tiene formas muy paradójicas o crueles de recordar los temas pendientes. En un país hoy tan polarizado, en plena campaña electoral donde las fuerzas de izquierda, hoy en el gobierno, y las de derecha ya están mostrando los dientes electorales para el Congreso y la Presidencia, este aniversario es muy relevante.

Diversos comentarios y gestos del presidente Petro desde sus tiempos de representante a la Cámara hasta hoy, o de sus seguidores, sobre los hechos del Palacio, han resultado para muchas personas una afrenta. Sobre todo para aquellos que tienen más de cuatro décadas y ven resucitar una época de gran violencia, marcada por las acciones de las diversas guerrillas, del narcotráfico y los excesos de la fuerza pública. En 1990, el entonces congresista alabó, en Caracol Televisión, que «el genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio […] y cómo tomárselo se debe a Luis Otero».

También en estos últimos años, como mandatario, Petro ha ofrecido una versión de los hechos que se acomoda a sus narrativas sobre el país y que, al igual que las fuerzas armadas –en su insistencia en no reconocer su responsabilidad en el holocausto, asesinato y desaparición de personas–, pretende acomodar hechos investigados y precisados por la Comisión de la Verdad en 2008.

«Tal vez, lo que esperaría es un poco de respeto y de pudor ya que los perdonaron, ya que no hubo ni verdad ni justicia ni reparación y no repetición de nada. Por lo menos algo de respeto con el tema, porque ondear la bandera del M-19 hoy y tratar de reivindicar lo que pasó no es correcto. La verdad es que el acto criminal de la toma del Palacio de Justicia solo tiene un responsable y es el M-19», afirma Medellín.

Y agrega: «Buscar réditos políticos hoy, 40 años después de la toma del Palacio de Justicia, es impropio, no es correcto, no es justo y no es cierto porque la verdad es que el acto criminal de la toma del Palacio de Justicia solo tiene un responsable».

Pero los cuestionamientos o las versiones sobre los hechos no solo se refieren a las acciones del M-19. La pregunta que vuelve a surgir por estas fechas es la participación de Pablo Escobar Gaviria, el capo del narcotráfico que en esos años aterrorizaba al país, quien estaría interesado en golpear a la Corte por sus eminentes fallos a favor de la extradición.

Sobre este tema, una vez más, las versiones son diversas, incluso dentro de los excombatientes del M-19. Para Otty Patiño, quien hoy lidera la Paz Total del Gobierno, el narcotráfico no tuvo nada que ver con la toma, que tenía como fin hacer un juicio al entonces presidente Belisario Betancur por el incumplimiento del Estado en el cese al fuego convenido el año anterior en un proceso de paz. Ante la Comisión de la Verdad, Patiño dijo estar «absolutamente convencido, no solo por la valoración que tengo de quienes eran los comandantes del M-19, específicamente de Álvaro Fayad (comandante en el momento de la toma del Palacio de Justicia), que es imposible, moralmente, que esa decisión se haya tomado por una orden de un narcotraficante como Pablo Escobar».

En ese mismo sentido se han pronunciado otros miembros del M-19 de entonces, argumentando que de haber tenido esos recursos la operación Antonio Nariño habría sido muy diferente. La Comisión de la Verdad señaló que sí hubo vínculos entre el cártel de Medellín y la toma, pero sin pruebas concretas, más allá del testimonio de alias 'Popeye', lugarteniente de Pablo Escobar, quien aseveró que le habían dado dos millones de dólares para presionar a la Corte ante la extradición.

La imagen del Palacio ardiendo, con los archivos quemándose, en realidad no corre por cuenta del M-19, sino por la recuperación del Ejército, el lado B de esta historia de horror y excesos. Está claro que los magistrados habían sido advertidos el 17 de octubre de un plan de la guerrilla para tomar el Palacio, como también que dos días antes les retiraron la seguridad, dejando el edificio en manos de unos pocos vigilantes privados.

La acción del Ejército, tan apresurada y violenta en la recuperación del edificio que causó el holocausto, a pesar de la petición de detener el fuego por parte de los magistrados acorralados en el cuarto piso, obedeció a que las fuerzas armadas querían evitar la permanencia de la guerrilla por mucho tiempo. Algo que ya sucedió con la toma de la Embajada de República Dominicana unos años antes, eso sí, sin reparar en la vida de los civiles en el edificio.

«La toma del Palacio de Justicia estaba cantada y era preciso resolverla en pocas horas, sin darle largas», afirma Carlos Medellín. «Eso explica que el Ejército hubiera llegado tan rápido, desatando un tiroteo, todos disparaban y creo que, hacia las cuatro de la tarde, unas cinco horas después de la toma, ya estaban todos muertos».

El Palacio ardió esa noche, los archivos se perdieron, no solo los relacionados con la extradición, sino lo que ha sido reiteradamente dicho, los relacionados con la justicia penal militar, pues varios magistrados adelantaban sentencia por violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, que, amparadas en el Estatuto de Seguridad, no tenían freno alguno.

El Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada, así como varios militares lo fueron por crímenes de lesa humanidad, entre ellos Alfonso Plazas Vega, Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez Rubiano, además de mandos medios de la fuerza pública, igualmente por desaparición forzada.